El Gobierno argentino de Javier Milei aceleró su embestida destinada a desmantelar la organización sindical y profundizar la degradación de los derechos laborales en el país suramericano.

La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, comenzará a convocar a cámaras empresarias y gremios con el objetivo de renegociar de forma obligatoria unos 150 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos, imponiendo las pautas de desregulación y flexibilización consagradas en la denominada Ley de Modernización Laboral número 27.802.

La gestión del mandatario ultraderechista impulsa esta flexibilización laboral de manera progresiva hasta alcanzar la totalidad de los sectores productivos de Argentina, con el propósito de subordinar los acuerdos a las nuevas transformaciones tecnológicas.

La ofensiva del Ejecutivo ultraderechista se materializó mediante la publicación del Decreto 407/2026 en el Boletín Oficial, instrumento reglamentario con el cual el secretario de Trabajo, Julio Cordero exabogado laboralista de corporaciones como el Grupo Techint y la Unión Industrial Argentina, anulará el principio histórico de ultraactividad.

Este mecanismo legal garantizaba la continuidad de un convenio colectivo vencido hasta la firma de uno nuevo; su eliminación deja sin efecto las cláusulas sobre organización gremial, asestando un golpe directo a los aportes solidarios y a las estructuras de financiamiento de los sindicatos con personería jurídica.

LEA TAMBIÉN:

Justicia argentina ordena frenar despidos del INTA promovidos por Javier Milei

La nueva normativa atomiza el modelo sindical argentino al priorizar las negociaciones colectivas por empresa o región por encima de los acuerdos nacionales por rama de actividad, restando fuerza colectiva a la clase trabajadora.

Asimismo, el decreto flexibilizador facilita la fragmentación sindical al reducir drásticamente del 20% al 5% el umbral de afiliación requerido para disputar el reconocimiento legal, una estrategia diseñada para fomentar el surgimiento de sindicatos patronales de empresa y socavar la unidad de las centrales obreras como la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyos representantes denunciaron la nulidad de los argumentos oficiales que justifican la flexibilización.

La reforma impone variables precarizadoras como el denominado salario dinámico, el cual supedita una parte de los ingresos del trabajador a evaluaciones unilaterales del empleador sobre la productividad y la situación económica financiera de cada compañía.

De igual forma, la implementación del banco de horas faculta a las patronales a disponer de jornadas semanales desiguales atadas a los ciclos de producción, eliminando en la práctica el cobro regular de horas extras y abriendo las puertas a una renegociación a la baja de las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

EN ESTA NOTA: