Cuba anunció una reestructuración ministerial con el objetivo de reducir los niveles de burocracia y optimizar la gestión pública, según un comunicado oficial difundido.

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El Portal del Ciudadano divulgó la noticia en medio de la compleja situación que atraviesa el país, marcada por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

La reorganización se sustenta en la nueva Ley de Organización, resultado de un proceso de consulta nacional. Con esta normativa, se rediseñan los organismos estatales para fortalecer la aplicación de políticas públicas, pasando de 27 ministerios anteriores a 20 en la actualidad.

“Un país pequeño, con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente”, expresó el mandatario Miguel Díaz-Canel en referencia a los cambios.

De manera paralela, la Asamblea Nacional del Poder Popular presentó el análisis de cuatro proyectos de ley, según consta en su sitio web oficial. Entre las propuestas figuran el Código de Trabajo, la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, la Ley de la Vivienda y la Ley de Organización de la Administración Central del Estado.

Para fomentar la participación ciudadana, se habilitó un correo electrónico en el Parlamento.

El primer proyecto normativo está dirigido a actualizar el marco laboral, con el propósito de garantizar la defensa de los derechos y la observancia de los deberes que surgen de la relación jurídica individual entre trabajador y empleador.

El primer proyecto normativo está dirigido a actualizar el marco laboral, con el propósito de garantizar la defensa de los derechos y la observancia de los deberes que surgen de la relación jurídica individual entre trabajador y empleador.

El segundo proyecto se centra en la tenencia y aprovechamiento de la tierra, incorporando disposiciones sobre posesión, transmisión hereditaria y administración de bienes agropecuarios, bajo un esquema integral y coherente.

En tanto, el tercer proyecto plantea regulaciones para hacer efectivo el derecho ciudadano a una vivienda adecuada y a un entorno seguro, estableciendo mecanismos que permitan al Estado cumplir con este principio.

Por último, el cuarto proyecto define las bases de organización de la Administración Central del Estado, precisando la cantidad, denominación, misión y funciones de los ministerios y organismos que la integran.

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