La Corte Penal Internacional (CPI) suspendió este lunes en La Haya a su fiscal jefe, Karim Khan, por denuncias de acoso sexual, delegando a los 125 países miembros la decisión de destituirlo en forma definitiva.

La Mesa de la Asamblea de la CPI tomó la decisión por mayoría cualificada tras evaluar las pruebas disciplinarias contra el funcionario británico, su expediente reservado fue remitido por el órgano ejecutivo, integrado por 21 representantes nacionales para convocar a una sesión plenaria extraordinaria.

El cese de funciones operativas del fiscal entra en vigor de forma inmediata en la sede judicial de La Haya, en Países Bajos.

La medida cautelar adoptada busca preservar la integridad del tribunal mientras los países miembros dirimen las imputaciones por conductas inapropiadas.

La resolución de la Mesa se fundamentó en los hallazgos de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS), quien recolectó testimonios y evidencias documentales, las cuales fueron analizadas por un panel independiente de expertos judiciales.

El expediente disciplinario comenzó en abril de 2024, cuando una abogada del equipo de Karim Khan denunció acoso en el entorno laboral, sumado a las alertas de dos integrantes de la propia fiscalía sobre la situación, lo que forzó la posterior intervención de las autoridades de control de la ONU.

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Asimismo, una segunda acusación de acoso sexual contra el funcionario británico trascendió de manera pública en agosto de 2025 donde una antigua pasante denunció abusos perpetrados en el año 2009, época en la que Khan fungía como representante de la defensa ante la corte.

El exjefe de la fiscalía se encontraba bajo licencia administrativa desde mayo de 2025 a la espera del dictamen de los investigadores.

Khan había argumentado previamente que las conclusiones de un comité judicial interno representaban una exoneración completa de los cargos imputados.

No obstante, la dirección ejecutiva de la CPI determinó que la gravedad de los indicios de las Naciones Unidas impide archivar el caso. Los Estados firmantes debatieron durante dos años la necesidad de emitir un pronunciamiento formal ante el descrédito de la institución.

El proceso contra Khan transcurre en medio de una profunda controversia internacional por sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.

Las denuncias de acoso sexual se difundieron semanas después de solicitar el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La fiscalía también demandó la captura del exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, por implementar un bloqueo sistemático contra la Franja de Gaza. Los cargos de la acusación incluyeron el uso del hambre de la población civil como método de guerra intencional.

Ante esta situación, el fiscal suspendido denunció ser víctima de una persecución de carácter político impulsada por potencias occidentales. Khan aseguró que estas acciones buscan sabotear los expedientes abiertos por las atrocidades cometidas en el territorio palestino ocupado.

La Mesa reiteró que la suspensión provisional no anticipa de ningún modo el dictamen definitivo del proceso en curso. Toda la documentación de la investigación mantendrá un carácter estrictamente confidencial para proteger la integridad de las víctimas de abusos.

La decisión final sobre la remoción quedará en manos de los 125 Estados adheridos al Estatuto de Roma que votarán de manera formal si la conducta del jurista resulta incompatible con su cargo.

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