La Central Obrera Boliviana y sus organizaciones afiliadas determinaron este fin de semana no asistir a ninguna mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz hasta que se anulen los mandamientos de aprehensión contra el dirigente Mario Argollo Mamani y otros líderes y se libere a los trabajadores detenidos en las protestas.

La medida coincide con el reporte de este domingo de la Administradora Boliviana de Carreteras, que registra 59 cortes de ruta en seis de las nueve regiones del país, luego de que el sábado fracasara un segundo operativo policial y militar para despejar la vía troncal entre La Paz y Oruro.

Mujeres aimaras bloquean la carretera La Paz – Oruro en la zona de Senkata – El Alto. Fuerzas combinadas de policía y militares habían habilitado esta vía por la mañana, pero vecinos y campesinos retornaron. @teleSURtv pic.twitter.com/yLtWGvUO26

— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) May 23, 2026

Las movilizaciones son impulsadas por centrales campesinas, la COB y seguidores del exmandatario Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Paz tras seis meses de asumir el cargo. El ente matriz de los trabajadores bolivianos emitió una resolución que la ratifica como la única instancia legítima de comunicación y representación nacional e internacional, desconociendo negociaciones paralelas, en un contexto de alta tensión política y social tras más de tres semanas de movilizaciones.

El Comité Ejecutivo Nacional emitió formalmente el Instructivo C.O.B. – CEN N.º 042/2026, fechado el 23 de mayo de 2026. El documento califica las medidas de presión y puntos de bloqueo instalados como legítimos, orgánicos y constitucionales.

La COB ha denunciado que el Gobierno de Rodrigo Paz pretende imponer la privatización en Bolivia y que ello podría generar incrementos en los precios de la electricidad, el agua potable, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV).

LEA TAMBIÉN:

Denuncian envío de material represivo de Argentina para contener la rebelión popular en Bolivia

Los trabajadores públicos, mineros y sectores populares afiliados a la COB cumplen más de tres semanas de movilización y bloqueos de carreteras que comenzaron con un pliego de más de 100 demandas sindicales, demandas salariales, rechazo a la privatización y a lo que denuncian como «abandono estatal».

A la par, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de profundizar la crisis y permitir graves hechos de corrupción, considerando que no ha logrado resolver la crisis política y económica que atraviesa Bolivia.

El Ejecutivo ha estado negociando por sectores, pero no ha desmovilizado a obreros, campesinos, indígenas y transportistas, con el liderazgo de agrupaciones como la COB y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari.

El Gobierno de Paz —que ha recibido apoyo de EE.UU., Israel y el eje de Gobiernos de derecha de la región— ha acudido a la estrategia de criminalizar la protesta popular y emitido órdenes de aprehensión contra varios líderes, entre ellos el ejecutivo nacional de la COB, Mario Argollo.

COB insta a aplicar criterio humanitario en bloqueos

En cumplimiento de una resolución de acción popular emitida por la Sala Constitucional Segunda de La Paz, la Central Obrera Boliviana orientó este domingo de manera estricta a todas las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y regionales actuar con responsabilidad, conciencia social y criterio humanitario, priorizando la salud y la vida.

La instrucción específica obliga a garantizar en todos los puntos de bloqueo a nivel nacional el paso inmediato y sin restricción de ambulancias, vehículos de emergencia médica, personal de salud, brigadas médicas y vehículos de transporte de medicamentos, insumos médicos y material hospitalario.

La disposición protege a pacientes en situación de emergencia, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y cualquier ciudadano cuya vida o integridad esté en riesgo.

El mapa oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras sitúa los bloqueos en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí; las centrales de Chuquisaca y Cochabamba, y la oriental Santa Cruz, concentrándose la mayor intensidad en las dos primeras. Los departamentos amazónicos de Beni y Pando, junto al sureño de Tarija, permanecen sin cortes de ruta.

BLOQUEO REPUESTO: campesinos y vecinos del distrito 8 de El Alto, reponen el bloqueo de la carretera hacia Oruro, que fuera desbloqueada por el operativo conjunto de policías y militares esta mañana. @teleSURtv pic.twitter.com/ibN3xmUClx

— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) May 23, 2026

El operativo gubernamental fallido, denominado Corredor humanitario con banderas blancas, intentó el sábado abrir el paso en la carretera de 227 kilómetros entre La Paz y Oruro usando tractores y apoyo de policías y militares, que llegaron a emplear gases frente a la resistencia de los manifestantes. Los movilizados reinstalaron los obstáculos con tierra, piedras y troncos en la vía una vez pasó la caravana, repitiendo el fracaso del primer intento de desbloqueo, el pasado sábado 16.

El viernes, el ejecutivo nacional de la COB, Mario Argollo, uno de los dirigentes bajo órdenes de aprehensión de la Fiscalía, reapareció desde la clandestinidad en un video difundido en redes sociales criticando el mensaje del presidente Paz y afirmando que «no ha habido una conferencia de prensa con respuestas claras a la población», sino «una provocación al criminalizarnos llamándonos vándalos a los dirigentes».

LEA TAMBIÉN:

Bolivia: COB marcha hacia La Paz mientras los bloqueos a rutas aumentan a 46

Este sábado, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) llamó a «masificar» el bloqueo y otras medidas a nivel nacional.

La organización emitió un comunicado en el que señala que «debemos continuar esa lucha inclaudicable, hoy por hoy en defensa de nuestros recursos naturales, la economía popular del pueblo boliviano y en defensa de la soberanía del país».

El CSUTCB dijo que la nación sudamericana en una «situación crucial» por «el Gobierno neoliberal que pretendió imponer medidas inconstitucionales, poniendo en riesgo de privatización nuestros recursos naturales, nuestras empresas estatales, mercantilización de nuestra tierra y territorio».

EN ESTA NOTA: