Policías y militares de Bolivia intentaron este sábado desbloquear la carretera La Paz-Oruro y otras vías como parte de la operación Banderas Blancas, lo que derivó en enfrentamientos violentos entre agentes y manifestantes, a lo que siguió poco después la reinstalación de los cortes de ruta con que diversos sectores piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El operativo militar-policial buscaba reabrir las rutas de acceso a la capital, que luego de más de 20 días de protestas y bloqueos contra el Gobierno, afronta el desabastecimiento de víveres, combustibles y otros insumos, y la consiguiente alza de precios.

Según reportes de medios locales, en el sector de Senkata, en El Alto, efectivos policiales recurrieron al uso de agentes químicos para dispersar la concentración, pero los manifestantes resistieron y poco después más personas se sumaron al bloqueo, consolidando nuevamente la interrupción del tránsito.

Reportes de prensa desde Bolivia indican que aunque en algunas zonas se reportaron avances parciales en el desbloqueo de rutas, en varios puntos los manifestantes reinstalaron obstáculos, prolongando un conflicto que mantiene en vilo al país tras más de tres semanas de movilizaciones.

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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que dirige una caravana formada por vehículos oficiales que van hacia la ciudad de Oruro, a 227 kilómetros de La Paz, reconoció ante periodistas que tras el avance del convoy los grupos de protesta volvieron a cortar la ruta, como han hecho por tres semanas.

El pasado sábado, un operativo similar fracasó en su intento de despejar esa vía y solo pudo avanzar poco más de 50 kilómetros en su intento de llegar hacia Oruro. En esa ocasión, los manifestantes impidieron consolidar el desbloqueo con protestas en El Alto y enfrenamientos con los agentes.

Las protestas contra las políticas del Ejecutivo de Paz están lideradas por sectores campesinos y sindicatos de la Central Obrera Boliviana (COB). Durante los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

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La COB ha denunciado que el Gobierno de Rodrigo Paz pretende imponer la privatización en Bolivia y que ello podría generar incrementos en los precios de la electricidad, el agua potable, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV).

Hace más de 20 días, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con el liderazgo de la COB y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas y la renuncia del presidente Paz.

Las movilizaciones comenzaron con un pliego de más de 100 demandas sindicales, rechazo a la privatización y a lo que denuncian como «abandono estatal», exigiendo la renuncia de Paz, a quien acusan de profundizar la crisis, permitir graves hechos de corrupción y no responder a los problemas del país.

El viernes, el ejecutivo nacional de la COB, Mario Argollo, uno de los dirigentes bajo órdenes de aprehensión de la Fiscalía, reapareció desde la clandestinidad en un video difundido en redes sociales criticando el mensaje del presidente Paz y afirmando que «no ha habido una conferencia de prensa con respuestas claras a la población», sino «una provocación al criminalizarnos llamándonos vándalos a los dirigentes».

Este sábado, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) llamó a «masificar» el bloqueo y otras medidas a nivel nacional.

La organización emitió un comunicado en el que señala que «debemos continuar esa lucha inclaudicable, hoy por hoy en defensa de nuestros recursos naturales, la economía popular del pueblo boliviano y en defensa de la soberanía del país».

El CSUTCB dijo que la nación sudamericana en una «situación crucial» por «el Gobierno neoliberal que pretendió imponer medidas inconstitucionales, poniendo en riesgo de privatización nuestros recursos naturales, nuestras empresas estatales, mercantilización de nuestra tierra y territorio».

La central campesina instruyó a todas las federaciones sindicales departamentales a «masificar el bloqueo nacional de caminos indefinido y otras medidas a nivel nacional, a partir de la emisión del presente instructivo, hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz, por ser un Gobierno incapaz, asesino, criminal, discriminador, fascista, neoliberal, privatizador y vendepatria».

En esta misma jornada, el mandatario, que ha recibido el apoyo de Estados Unidos y los Gobiernos de derecha de la región, declaró en entrevista replicada en medios locales que hará «todos los esfuerzos” para dialogar con los sectores sociales que protestan, pero advirtió que «todo tiene un límite».

Sobre las posibilidades de declarar un estado de excepción, subrayó que aplicará todo lo que se «ampara bajo la Constitución». «Eso es lo que estamos haciendo. Más adelante tomaremos las decisiones que haya que tomar», añadió.

El Ejecutivo de Paz afirma que hay un «plan macabro» de Morales para «romper el orden constitucional» y que está «financiado» por el narcotráfico, lo que el exmandatario rechazó cuestionando que ello implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser «narcotraficantes».

Ante las acusaciones del Gobierno, las organizaciones en movilización han denunciado que se intenta criminalizar la protesta popular.

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