Uno de los mayores méritos de la  Constitución de 1999 en Venezuela es habernos permitido cruzar  cuatro importantes  umbrales. El primero,  darle el poder al pueblo a través de un sistema democrático que se caracteriza por ser participativo y protagónico y, que derivando del texto constitucional, podemos agregar deliberativo y autogestionario. 

El segundo umbral es el reconocimiento del territorio como un espacio, como un sistema geográfico. Esto  implica necesariamente el desarrollo de una relación dialéctica entre la formación del espacio  y su ocupación en cada momento del tiempo y de acuerdo con sus circunstancias.

De igual manera, le hemos dado carácter constitucional a una nueva  relación con el “medio ambiente”. Ahora somos nosotros, los venezolanos, quienes debemos estar en función de la naturaleza para transformar sus potenciales, atendiendo siempre las restricciones  existentes

El cuarto umbral que hemos cruzado, es el de los servicios públicos, que se han transformado de bienes lucrativos para unos pocos, a derechos inalienable para toda la población. 

Umbrales, saltos  cualitativos irreversibles por demás, que nos han ido conduciendo, política y socialmente, hacia procesos distintos de  los que veníamos arrastrando desde la Constitución de 1961 y anteriores.

Pero a pesar de estos avances cruciales, nos han quedado tareas pendientes, ineludibles, como es la de adecuar la economía a nuestras aspiraciones sociales y humanas como  la única vía posible para que los valores y principios que nos rigen, puedan llegar a consolidarse en un mundo material mejor.

Si bien en la Constitución de 1999 se habla de lograr un equilibrio económico, humanista, autogestionario y competitivo, no llegamos a aterrizar estos principios y valores en la definición de un sistema económico que nos permitiera enfrentar los retos productivos y repeler los ataques del neoliberalismo que pretende apropiarse de nuestros recursos. 

Esta  Asamblea Nacional Constituyente- 2017 tiene la obligación de analizar, estudiar y proponer  sobre cuáles bases va a funcionar la economía en esta nueva Venezuela. Un sistema económico donde participemos todos y ganemos todos y que obviamente no es el capitalismo salvaje. 

Una propuesta constitucional que nos permita superar el agotamiento del modelo rentista petrolero de la importación y nos conduzca hacia una eficiencia productiva y una justa distribución de las riquezas.