Hablar de masacres no es algo nuevo en México: desde la herencia que dejó la de Tlatelolco en 1968, la de Aguas Blancas, la de Acteal, la de los 72 migrantes en Tamaulipas, entre muchas otras, el recuento de este tipo de episodios han develado el rostro violento que marca -todos los días- miles de vidas rotas en el país.

Pero desde el anterior sexenio, en Guerrero, la muerte se volvió lugar común. La disputa de los cárteles del narcotráfico por controlar esta zona clave en el suroeste mexicano, combinada con el carácter caciquil de sus gobiernos locales, provocó que la violencia acorralara a los ciudadanos por todos los flancos.

Entonces, la fama de Guerrero -hasta hace unos años más conocido por sus sitios turísticos- empezó a adquirir otros nombres: desapariciones, asesinatos, extorsiones, secuestros, balaceras, decapitados, fosas, desplazados y miedo. Mucho miedo.

A los reporteros que íbamos hacia Guerrero a cubrir alguna de las historias rojas, las fuentes primero nos decían: “Ve, pero con cuidado”. Después, la advertencia se hizo más severa: “Ve, pero cuidado con la maña (el crimen organizado)”. Con los años, el consejo se convirtió en orden: “No vengas: está bien caliente”.

En Chilpancingo, la capital, empresarios y comerciantes lanzaron el año pasado un emplazamiento al gobierno federal para que respondiera por la situación de violencia que los había llevado a cerrar sus negocios, contratar guardaespaldas, vivir en coches y casas blindadas o irse, en definitiva, del país.

Pero los pobres de la sierra y la montaña no tenían esa opción: ellos debían quedarse, buscar refugio en otra casa -con amigos o familiares- o resignarse a que los emisarios del crimen -narcos, policías o funcionarios- decidieran su suerte.

Así vimos, a mediados de 2013, a los desplazados de los municipios de San Miguel Totolapan o Heliodoro Castillo. Mujeres y niños dormían dentro de las iglesias, los hombres cuidándolos afuera, todos con el miedo atorado en la garganta y la resistencia a llorar, luego de que pistoleros les exigieron dejar sus casas o de lo contrario, los matarían.

Los estudiantes de Ayotzinapa tampoco han tenido opción: ligados siempre a la defensa de causas populares, los jóvenes manifiestan su hartazgo bloqueando carreteras, lanzando piedras, haciendo pintas en edificios públicos o apoyando -permanentemente- protestas sociales. Ahora, con tres compañeros muertos y 43 desaparecidos, el hartazgo los ha llevado a protagonizar una exigencia de justicia con repercusiones internacionales no vistas durante los últimos gobiernos federales en México.

¿Qué más les queda? Desde hace décadas, ellos y otras organizaciones sociales -como los activistas, los campesinos o las policías comunitarias disidentes- enfrentan una política de desprecio por parte del Estado. Y eso es lo que convierte a Ayotzinapa en un reclamo que no solo incluye a 43 estudiantes normalistas , sino a los miles de desaparecidos que nos faltan en México.

Los queremos de vuelta. Y vivos.