En la mayoría de los países, ser militar está ligado a la defensa de la nación, garantizando el funcionamiento de las instituciones que integran el Estado, ratificando el respeto a su pueblo y a la sociedad. Sirviendo de manera honorable y honesta a los verdaderos hacedores y dueños del país, su gente.

Mientras tanto este patrón no es unánime en el mundo, en Brasil esta dirección se ha más que distorsionado de cara a la actualidad política. El presidente Jair Bolsonaro, un exteniente expulsado del ejército por defender la colocación de bombas en la principal carretera brasileña en la década de 1980 en una campaña salarial, se ganó el apoyo de la mayoría de los militares al permitir acumular cargos en el gobierno central junto con su carrera militar. Ya hay más de 11.000 militares dentro del gobierno central en cargos que, en su mayor parte, no tienen especialidades que ocupar. Algunos ganan unos 18 mil dólares mensuales entre sueldos, beneficios y privilegios.

La constitución brasileña define muy bien las funciones republicanas de las fuerzas armadas. Debe ser una institución del Estado, alejada de la política de partidos, cuidando la defensa, la soberanía al servicio de su pueblo:

"Capítulo II Constitución de las Fuerzas Armadas.

Art. 142. Las Fuerzas Armadas, constituidas por la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, son instituciones nacionales permanentes y regulares, organizadas en base a la jerarquía y disciplina, bajo la autoridad suprema del Presidente de la República, y destinadas a la defensa de la Patria, a la garantía de los poderes constitucionales y, a iniciativa de cualquiera de ellos, del orden público.

Artículo II - El militar en activo que tome posesión en un cargo o empleo público civil permanente, salvo en el caso previsto en el art. 37, inciso XVI, inciso c, se trasladará a la reserva, en los términos de la ley.

V - Los militares, mientras estén en servicio activo, no pueden afiliarse a partidos políticos; (ni participar en actos políticos) .”

Sin embargo, Brasil, que no investigó crímenes como torturas y asesinatos perpetrados durante la dictadura de 1964 a 1985, mira ahora inertes el regreso de estas acciones políticas en un gobierno que se aleja de la justicia y la democracia.

En este escenario de roles distorsionados lo tenemos todo. Un sargento de la FAB (Aeronáutica) que fue detenido en 2019 en España, traficaba cocaína al menos 7 veces durante viajes oficiales. En el último de un vuelo presidencial se encontraron 39 kg de cocaína. ¿Cómo esto no fue monitoreado por otro control militar? ¡Ciertamente no está solo! En otro caso, otros militares están siendo investigados en compras exageradas de productos, algunos superfluos, en comparación con el consumo promedio histórico.

Ante las 533.000 muertes por la pandemia, la Comisión de Investigación del Senado, que aborda la mala gestión y malversación de recursos ante la pandemia, logró descubrir un esquema de tasas de soborno. En lugar de que el gobierno comprara la vacuna aprobada más barata, invirtió en negociar tres veces más por otra vacuna. En medio de esto, las empresas gestionaban con oficinas centrales en paraísos fiscales en lugar de comprar al fabricante Covaxin.

Un representante de la empresa que actuaría como intermediario en la compra de vacunas afirmó haber recibido una solicitud de un soborno de US $ 1 por cada dosis negociada, para la compra de 400 millones de unidades. La tasa de soborno se negoció con un militar y un funcionario del ministerio que luego fue despedido ante el escándalo. El presidente del CPI, senador Omar Aziz declaró de inmediato:

"Los buenos de las Fuerzas Armadas deben estar avergonzados de algunas personas que están hoy en los medios de comunicación, porque hace mucho tiempo que Brasil no ha visto a miembros del lado malo de las Fuerzas Armadas involucrados en fraudes dentro del Gobierno".

Se formó otra situación desconcertante para las Fuerzas Armadas. En lugar de condenar la corrupción de sus miembros, prefirió amenazar la democracia como golpearon en 1964:

“Brasilia 7 de julio de 2021

El Ministro de Estado de Defensa y los Comandantes de la Armada Brasileña, el Ejército Brasileño y la Fuerza Aérea Brasileña repudian con vehemencia las declaraciones del Presidente de la Comisión de Investigación Parlamentaria, Senador Omar Aziz, el 7 de julio de 2021, irrespetando a las Fuerzas Armadas y generalizar los esquemas de corrupción.

Esta narrativa, alejada de los hechos, afecta a las Fuerzas Armadas de manera vil y frívola, siendo una acusación grave, infundada y, sobre todo, irresponsable.

La Armada Brasileña, el Ejército Brasileño y la Fuerza Aérea Brasileña son instituciones pertenecientes al pueblo brasileño y que gozan de alta credibilidad ante nuestra sociedad conquistada a lo largo de los siglos.

Finalmente, las Fuerzas Armadas de Brasil, celosas de constituir un factor esencial para la estabilidad del país, se guían por la fiel observancia de la Ley y, sobre todo, por el equilibrio, la consideración y el compromiso, desde el inicio de la pandemia Covid-19, en preservar y salvar vidas.

Las Fuerzas Armadas no aceptarán ningún ataque ligero a las instituciones que defienden la democracia y la libertad del pueblo brasileño ”.

Ante la evidente degeneración de algunos militares, atraídos por la corrupción gubernamental, la arrogancia del “no aceptar” nos remonta a la época en que clausuraron el Congreso, quitaron derechos individuales, impusieron censuras y torturas. La intención de la nota era amenazar al IPC, pero no sucedió nada que muestre exactamente la falta de credibilidad entre la población. En el golpe de 1964, los militares tenían parte de la sociedad y el apoyo de Estados Unidos.

En una encuesta publicada por el periódico más grande del país (Folha de São Paulo) este 10 de julio, el 70% cree que el gobierno es corrupto y el 63% cree que el presidente es incapaz de administrar Brasil. El 54% ya apoya el juicio político de Bolsonaro.

Mientras Brasil recibe una extraña visita del director CIA, agencia de inteligencia con antecedentes de intervenciones desestabilizadoras en los asuntos internos del país, una mujer fue detenida este 10 de julio en Porto Alegre por la Brigada Militar. Ella protestó contra el presidente Jair Bolsonaro golpeando ollas. El pobre Brasil, con una democracia que se derrite con más de medio millón de muertos por la pandemia, sufre de unos militares que, en lugar de cuidar la nación, apuestan por los beneficios no republicanos del olvido de la población. En la práctica ayudan a golpearla.