América Latina vive una situación inusual y extraordinaria. La continua, sistemática y creciente agresión contra Venezuela no se detiene. Para quien quiera mirar, la sucesión de hechos de estos últimos meses es evidente.

Es la antesala a una intervención militar o paramilitar en nuestra región.

Un decreto de Barack Obama declara “en emergencia nacional” a EEUU, ante “la inusual y extraordinaria amenaza” que supondría Venezuela para aquel país. Esto obliga a una profunda reflexión. ¿Qué significa esta acción política de EEUU?

En términos “técnicos”, implica una clara injerencia sobre dos poderes del Estado venezolano: el Poder Ejecutivo y el Poder Moral, sancionando a seis funcionarios encargados de la seguridad y a una fiscal encargada de promover acciones judiciales ante hechos de violencia y golpismo. Si esto ya es grave, en términos políticos globales es mucho peor.

¿Quién es la amenaza?

Basados en una -intencionadamente- errónea caracterización de la situación en Venezuela, el gobierno de EEUU se manifiesta alarmado por los derechos humanos y la democracia en este país y pone en funcionamiento su maquinaria bélica para “torcer el brazo” y “encausar” al gobierno bolivariano. Tremendo cinismo.

Incluso algunos dirigentes de izquierda caen en el juego de este discurso perverso, convirtiéndose -voluntariamente o no- en cómplices de los planes imperialistas. Por poner sólo un par de ejemplos: en pocos días,

​Pablo Iglesias -dirigente de Podemos- ​manifestó que no le gustaba que el golpista alcalde Ledezma estuviera preso; el nuevo vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, declaró que no tiene elementos para afirmar la injerencia norteamericana y un candidato presidencial de la izquierda en Argentina -Jorge Altamira, del FIT- llegó al extremo de defender a la ex diputada de derecha María Machado y acusar de golpista… al gobierno bolivariano.

El hecho de que estas desafortunadas manifestaciones surjan del desconocimiento y/o de los cálculos políticos -curiosos cálculos- no exime de responsabilidad a quienes se suman al coro imperial, dialogando dentro de los marcos permitidos por el discurso golpista y justificando la agresión.

Por eso hace falta repetirlo una vez más: en Venezuela hay plena libertad de expresión, de asociación política y de respeto a los derechos humanos. La oposición de derecha no sólo tiene representación parlamentaria y puestos ejecutivos de acuerdo a su fuerza electoral, sino que hasta puede darse el lujo de proponer golpes de Estado -e incluso hacerlos, como en abril de 2002-, exigir impunidad por esos hechos y al mismo tiempo tildar de antidemocrático al gobierno que convocó 19 elecciones (y ganó 18).

Si hoy los sectores derechistas prácticamente han abandonado las movilizaciones pacíficas se debe a su falta de convocatoria. Entre febrero y junio de 2014, como el 23 de enero, el 12 de febrero y el 28 de febrero de 2015, ha sido evidente que hay muchas más venezolanas y venezolanos que respaldan la vigencia de la Constitución que los que marchan por la salida del gobierno.

Si de verdad a estos dirigentes políticos le importa la situación de derechos humanos y democracia en Venezuela, ¿por qué no se informan? ¿Cómo obviar por ejemplo, la posición de la Comisión de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe continuado, que reúne a los familiares de las personas asesinadas y heridas por la violencia derechista de 2013 y 2014? ¿Cómo obviar lo que dicen las organizaciones populares de Venezuela, los millones de habitantes organizados en comunas, movimientos sociales, colectivos ecologistas, sindicatos y agrupaciones de mujeres, que se expresan una y otra vez en las calles?

El discurso colonizado repite, o al menos da por cierto, que en Venezuela se persigue a los estudiantes y a los opositores políticos, obviando los graves delitos por los que estas personas fueron detenidas. ¿Se justifica en algún lugar del mundo el derrocamiento de un gobierno constitucional a través de actos violentos -el ataque a edificios públicos, la quema de universidades y unidades de transporte, el asesinato de guardias nacionales con francotiradores, el intento de golpe de Estado comprando efectivos militares- y la invisibilización y negación de la voluntad popular?

¿Qué pasaría, por ejemplo, si sucediera esta situación en Estados Unidos, o en el Estado español, o en Argentina? ¿Alguien en el mundo promovería que los responsables de estos actos quedaran impunes? ¿Por qué en Venezuela sí estaría bien que exista impunidad para las personas que organizaron y participaron de estos ataques? La batalla de ideas es urgente.

Venezuela es América Latina

El ataque al gobierno de Nicolás Maduro es un indisimulado intento por abortar el proceso de democratización más amplio de la historia venezolana. Un pueblo que estaba sumido en la miseria y en la represión durante décadas, a partir de 1998 comienza a protagonizar un despertar de la participación en todos los planos.

Como para citar sólo un aspecto: en los últimos dos años se han registrado mil comunas donde el pueblo comienza a ejercer el autogobierno, proponiéndose superar la democracia liberal burguesa, que establece que “el pueblo no delibera ni gobierna”. Lo hace, para más datos, en la nación que posee la mayor reserva petrolera del mundo y ostenta una posición geopolítica privilegiada, como enlace con el Caribe y puerta de entrada a América del Sur.

Se entiende que la principal potencia militar del mundo, hoy en declive político y económico relativo ante la emergencia de otros actores geopolíticos, intente recuperar posiciones a sangre y fuego. Lo que no se comprende es que haya millones de personas de buena voluntad que asistan con complicidad o indiferencia a esta encrucijada.

Venezuela es América Latina por historia común y por solidaridad con nuestros hermanos y hermanas del continente. Pero además, porque este paso de EEUU es una de las tácticas más decisivas, en el marco de una estrategia que apunta a la Amazonía, al Acuífero Guaraní, a los hielos continentales, a las reservas de petróleo y minerales, a la biodiversidad y las condiciones para la reproducción de la vida que tiene nuestro continente mestizo.

Vale la pena escuchar detenidamente el discurso pronunciado por el presidente Nicolás Maduro el lunes 9 de marzo, que reitera muchos elementos que viene señalando hace tiempo, sistemáticamente eludidos a derecha e izquierda. Es Bolívar versus Monroe, una vez más.

La Celac ha declarado a América Latina y el Caribe como “territorio de paz”. ¿Queremos los latinoamericanos y las latinoamericanas que sea una región de guerra? EEUU está proponiendo eso, en estos momentos.

“La gran conciencia de los pueblos surge de la batallas”, expresó Maduro en su intervención en cadena nacional. “No es tiempo de cobardía ni de vacilaciones. O somos América Latina libre, o no lo somos”. Y también: “Les hago un llamado a los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe” para defender la democracia y la soberanía ante las apetencias imperiales.

El pueblo y el gobierno venezolano están decididos a resistir. Los países del ALBA, encabezados por Evo, Correa y Fidel, han manifestado su posición. Resta saber qué harán los demás actores políticos del continente: no sólo sus gobiernos, sino también sus organizaciones populares. Es tiempo de librarnos de miserias y oportunismos. Es hora de ser coherentes entre las palabras y los actos, para hacer nuestro aporte, modesto pero imprescindible, a la construcción de una humanidad mejor.

Fuente: NOTAS