En un fallo de alto impacto institucional, la Sala VI de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las absoluciones previas y condenó a la pena de prisión perpetua a los gendarmes Hugo Luis Medina, Sergio Raúl Nazario y Miguel Pablo Lugo, quienes implementaron  una práctica de terrorismo estatal durante la dictadura militar argentina, en la década de 1970. 

La Justicia los halló culpables de participar en la organización y ejecución del «traslado» masivo del 6 de diciembre de 1978 en el centro clandestino de detención «El Olimpo», operativo que culminó con el asesinato de 17 prisioneros arrojados al Mar Argentino.

El fallo de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky revierte la decisión inicial del Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que, en diciembre de 2023, durante el quinto juicio de la saga «Atlético-Banco-Olimpo» (ABO), había absuelto a los imputados de los homicidios bajo el argumento de que no se había acreditado su presencia física en el predio ese día específico.

El engaño de la vacuna

A través de los testimonios de los sobrevivientes y de conscriptos de la propia fuerza, la Justicia logró reconstruir la crueldad detrás de los crímenes. Aquel 6 de diciembre de 1978, los represores seleccionaron a un grupo de secuestrados en el centro clandestino que operaba en el barrio porteño de Floresta.

A las víctimas se les mintió afirmando que serían trasladadas a una «granja de recuperación» en una provincia del norte argentino y que, con ese fin, debían aplicarles una vacuna. 

La inyección era en realidad un sedante. Inmediatamente después, los prisioneros adormecidos fueron cargados en camiones Mercedes-Benz y furgones con destino al Aeroparque Metropolitano o a la base militar de El Palomar, donde los subieron a aviones para ser arrojados vivos a las aguas del Atlántico.

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Entre las 17 víctimas identificadas en este operativo se encuentran Pablo Pavich, Guillermo Pagés Larraya, Irma Nesich, Roberto Alejandro Zaldarriaga, Hugo Julián Luna, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silveira, Mabel Verónica Maero, María Cristina Pérez, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya, Abel Héctor Mateu Gallardo, Franklin Lucio Goizueta, Santiago Bernardo Villanueva, Juan Carlos Rugilo, Nora Fátima Haiuk de Forlenza y Oscar Néstor Forlenza.  

Los perfiles de los condenados

El tribunal de alzada determinó que el aporte de los tres acusados fue indispensable para consumar el plan sistemático de exterminio, independientemente de si estuvieron o no en el galpón de Floresta el día del traslado masivo. 

Hugo Luis Medina (89), comandante de Gendarmería, en 1978 oficiaba como segundo jefe y jefe de Plana Mayor del Destacamento Móvil con asiento en Campo de Mayo, unidad afectada al Primer Cuerpo de Ejército bajo el mando de Carlos Guillermo Suárez Mason. Medina coordinó el despliegue del personal que, tras custodiar las canchas durante el Mundial 78, fue convocado a operar de civil y con identidades falsas en el galpón de las calles Lacarra y Falcón.

Sergio Raúl Nazario (77), primer alférez destinado a la Dirección de Inteligencia, conocido en los pozos como «Estévez», fue señalado como el enlace clave entre el Grupo de Tareas 2 y el Batallón de Inteligencia 601, lo que le confería un rol superior en la estructura: la capacidad de seleccionar a quiénes se iba a «trasladar». Testimonios lo vinculan además con sesiones de tortura y con la desaparición del cuerpo de Carlos Fassano. 

Miguel Pablo Lugo, guardia penitenciario operativo en las instalaciones de El Olimpo, admitió haber prestado servicios en el campo de concentración en al menos cinco oportunidades.

“Con sus acciones, Medina, Nazario y Lugo tomaron parte en el mantenimiento de la condición de cautividad de las víctimas que luego fueron asesinadas en los llamados ‘vuelos de la muerte’”, escribió el juez Hornos en su voto, mientras que el magistrado Borinsky subrayó que los tres garantizaron deliberadamente «el sometimiento y el estado de indefensión» necesarios para el resultado final.

El rol de los testigos

La apelación que derivó en las condenas perpetuas fue impulsada de forma conjunta por la fiscalía que encabeza Alejandro Alagia (junto a Agustín Vanella y Berenice Timpanaro) y por las querellas representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización Kaos, el abogado Pablo Llonto y la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Durante el debate oral resultaron fundamentales las declaraciones de los propios exgendarmes Omar Torres y Federico Talavera, quienes describieron cómo manejaban los vehículos de la fuerza cargados de secuestrados hacia las terminales aéreas.

Este circuito represivo tiene un correlato histórico y judicial directo en la llamada «causa de las playas». Muchos de los cuerpos arrojados al mar en estos vuelos emergieron semanas después en las costas de lo que actualmente es el Partido de la Costa. 

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En plena dictadura, una comitiva de las Madres de Plaza de Mayo, integrada por Nora Cortiñas, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello de Mascía, viajó a la localidad de Dolores para exigirle al juez penal Carlos Facio que les permitiera ver e identificar esos restos hallados en la arena.

Facio denegó sistemáticamente el acceso, impidiendo la identificación de los cadáveres y consolidando la impunidad de las maniobras de ocultamiento. 

Por esta complicidad biológica y judicial, el TOF de Mar del Plata juzgará formalmente al exjuez Facio a partir del próximo 4 de diciembre, en un proceso donde la fiscal federal Laura Mazzaferri ha solicitado formalmente un adelantamiento de las audiencias, cerrando el círculo sobre una de las metodologías más oscuras del terrorismo de Estado en el país.

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