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La tasa de desempleo en Grecia se elevó a 26.8 por ciento en marzo, frente al 26.7 por ciento de febrero de 2013.(Foto:Archivo).

La tasa de desempleo en Grecia se elevó a 26.8 por ciento en marzo, frente al 26.7 por ciento de febrero de 2013.(Foto:Archivo).

Publicado 8 febrero 2014



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Al menos así parece luego de que los gobiernos de ambas naciones ratificaran en la denominada cita 2+2, acogida por Santiago de Chile, su decisión de acatar e implementar de manera conjunta el dictamen de la instancia internacional.

Aun cuando al conocerse la sentencia de carácter inapelable -el pasado 27 de enero- expresó profundas discrepancias y lamentó el hecho de que su país deba ceder derechos económicos, el presidente chileno, Sebastián Piñera, estableció que su gobierno respetaría los designios de La Haya y avanzaría hacia su ejecución.

"Analizaremos la decisión a fin de ver sus alcances. Trabajaré para que la sentencia sea gradual y concertada entre Chile y Perú", aseveró a su vez Michelle Bachelet, quien apenas un par de días después se encontraría dialogando sobre el tema en La Habana -durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)- con Piñera y el mandatario peruano, Ollanta Humala.

Dos días después del encuentro, el dignatario limeño aseguró ante el Congreso Nacional que la única agenda pendiente con Chile es la integración.

Durante el cónclave habanero emergió -como prueba visible de la voluntad política compartida a fin de avanzar en la ejecución del fallo- la iniciativa de adelantar para el 6 de febrero la V Reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política (2+2), prevista en principio para dentro de un año.

De tal manera, se sentaron a la mesa de concertación en Santiago la canciller peruana, Eda Rivas, y su par chileno, Alfredo Moreno, así como los respectivos ministros de Defensa.

Previamente, Rivas explicó que la reunión buscaría abreviar los plazos de cumplimiento de la sentencia, pero que el proceso se llevaría a adelante "sin condicionamientos".

En efecto, las delegaciones acordaron -tras unas 14 horas de diálogo- proceder a los trabajo de reformulación cartográfica y fijaron una nueva reunión 2+2 para el 24 y 25 de marzo próximos, a fin de dar por concluida la delimitación de coordenadas marítimas.

Una declaración conjunta definió que "cada país asume el compromiso de efectuar la identificación de su normativa interna que pudiere ser inconsistente con el fallo y procederá a adecuar dicha normativa de acuerdo al fallo".

El tribunal internacional estipuló -por 15 votos contra uno- un término marítimo que parte del llamado Hito Uno (en la frontera terrestre) y se extiende sobre el paralelo definido por este hasta las 80 millas mar adentro; desde ese punto, definió una línea equidistante hacia el suroeste que llega hasta las 200 millas.

Dicha fórmula otorga alrededor de 50 mil kilómetros cuadrados a Perú, de los cuales unos 22 mil pertenecían a la zona económica exclusiva de Chile y el resto corresponde al denominado triángulo marítimo externo que también se incluiría en la zona económica exclusiva controlada por Lima.

La decisión, acogida en principio con notable beneplácito en Lima y cierta decepción en Santiago, fue considerada por diversos analistas como salomónica, creativa y hasta "mágica", pues otorgó una importante porción de mar a Perú, pero -según entendidos- dejó a Chile el grueso de sus recursos pesqueros actualmente en explotación.

Tras la reunión 2+2 se conoció además que Perú no se adherirá a la Convención del Mar, la cual dispone el libre tránsito de embarcaciones más allá de las 12 millas marítimas, y que no se trató en las conversaciones el asunto del llamado "triángulo terrestre", una pequeña porción de tierra (unos 38 mil metros cuadrados) fronteriza reclamada por los dos países y sobre la cual no se pronunció La Haya.

Rivas había establecido antes de viajar a Santiago una "clara posición" en cuanto a que "se trata de territorio peruano conforme al Tratado de 1929 y a la Comisión Mixta de 1929 y 1930, que fijó el Punto Concordia como el punto final de la frontera terrestre".

Al respecto, Piñera comentó el mismo 27 de enero que la confirmación del Hito Uno -y no el Punto Concordia o 266- como referencia para el límite marítimo "ratifica el dominio (chileno) sobre el triángulo terrestre respectivo"; una afirmación que han sostenido otros voceros de su gobierno -en especial, Moreno.

PRIMERAS REACCIONES

Determinados desde el inicio a acatar el fallo, las cabezas visibles de un lado y otro de inmediato se pronunciaron sobre el desenlace de una querella que puso en movimiento, desde 2008, al más sofisticado aparato jurídico y diplomático de cada gobierno.

Humala proclamó enseguida que Perú había obtenido más del 70 por ciento del territorio reclamado y al siguiente día el primer ministro, César Villanueva, informó que su país ya había comenzado la implementación del dictamen de La Haya con el inicio de los trabajos de adecuación cartográfica y la disposición ejecutiva de arrancar las exploraciones a fin de conocer la riqueza hidrobiológica y el potencial económico de la zona adquirida.

Desde La Moneda, Piñera destacó que La Haya había "confirmado en lo sustancial los argumentos de la posición chilena", pues reconoció "la existencia de un acuerdo de límite marítimo y que ese es en parte un paralelo geográfico, (que) pasa por el Hito Uno y no por el punto 266 (Punto Concordia)", tal como sostenía la parte peruana.

Santiago alegó siempre que los confines marítimos fueron fijados en sendos acuerdos de 1952 y 1954, mientras que Lima consideraba estos solo de índole pesquera.

Piñera subrayó asimismo que la sentencia cautela la "total integridad de las 12 millas que constituyen el mar territorial y soberano de Chile" y resguarda la posición geográfica estratégica y la conectividad de la ciudad de Arica (norte).

Por su parte, Bachelet -quien llegará a la Presidencia para un segundo mandato en marzo próximo y es adversaria política de la actual administración- catalogó el dictamen como "una pérdida dolorosa", puesto que -apuntó- "impacta una parte de la zona económica exclusiva, donde Chile goza de derechos económicos".

Sin embargo, la abanderada de la coalición Nueva Mayoría hizo notar -como antes Piñera y diversos analistas de la cuestión- que "la mayor parte de la pesca ocurre dentro del área que la Corte ha ratificado pertenece a nuestro país".

TACNA Y ARICA

Si bien a un lado y otro de la frontera se da por zanjado en la práctica el asunto de los límites marítimos, las implicaciones del asunto atañen directamente a las poblaciones y en especial a los pescadores artesanales de las regiones fronterizas de Arica (Chile) y Tacna (Perú).

Según reseñó ADN Radio en Chile, Sergio Guerrero -dirigente del Sindicato Número 1 de Pescadores Artesanales de Arica- alertó que cerca de 300 personas se verían afectadas por el fallo: "Se les va a disminuir entre un 30 y un 35 por ciento la captura de los recursos migratorios, como el bacalao y pez espada", sostuvo.

Indicó asimismo que pedirían "medidas de mitigación al Estado" y opinó que la pesca industrial chilena se vería menos perjudicada por la decisión.

Así lo ratificó el propio gerente general de Corpesca -firma del Grupo Angelini-, Arturo Natho, quien explicó que "en los últimos años la casi totalidad de las capturas se han producido en la zona económica exclusiva que conserva el país, situación que eventualmente se puede modificar en el futuro dado que se trata de especies migratorias (en especial, la preciada anchoveta)".

Ya en enero el vicepresidente del Consejo Nacional de Pesca Artesanal, Nelson Estrada, había observado que la mayor preocupación del gobierno chileno en torno a la querella de La Haya era por "salvar las inversiones de este señor (Anacleto Angelini), una de las siete familias favorecidas por la ley de pesca".

De cualquier manera, mar chileno baña las costas de Arica, que cuenta, en efecto, con salida expedita para la navegación y sus actividades económicas. Algo que no ocurre del lado peruano.

La prensa local ha asegurado que los lugareños de Tacna no recibieron las nuevas provenientes de La Haya con igual alegría que el resto del país.

Ocurre que los tacneños no podrán ingresar -pues transgredirían el territorio de la nación vecina- a una importante área de mar frente a sus costas debido a que Chile conservó hasta 80 millas la línea fronteriza paralela que antes, cierto, se extendía hasta las 200.

En este caso también la pesca industrial -que acostumbra a realizarse a mayor distancia de las costas- sale menos afectada, por lo cual se habla de ofrecer oportunidades a los tacneños en esta actividad que eventualmente debería repotenciarse con las nuevas áreas adquiridas.

En todo caso, esta parece una buena oportunidad para superar definitivamente traumas limítrofes -que incluyen la pérdida del mar por el vecino común, Bolivia- emanados de conflictos como la Guerra del Pacífico (1879-1883).

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2358041&Itemid=1


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