Brasil, fútbol y protestas

La Copa Mundial de Fútbol comienza en São Paulo el 12 de junio para concluir el 13 de julio en Río de Janeiro. Y hay efectivamente preocupación. No sólo en las instancias internacionales del deporte sino también en el propio Gobierno de Dilma Rousseff, por las protestas que podrían intensificarse durante el evento deportivo. El rechazo al Mundial por parte de la población ha seguido expresándose desde junio del año pasado, cuando empezó todo con ocasión de la Copa Confederaciones. La mayoría de los brasileños afirman que no volverían a postular a Brasil como sede de un Mundial. Piensan que causará más daños que beneficios.

¿Por qué tanto repudio contra la fiesta suprema del balompié en el país considerado como la meca del fútbol? Desde hace un año, sociólogos y politólogos tratan de responder a esta pregunta partiendo de una constatación: en los últimos once años –o sea, desde que gobierna el Partido de los Trabajadores (PT)– el nivel de vida de los brasileños ha progresado significativamente. Los aumentos sucesivos del salario mínimo han conseguido mejorar de forma sustancial los ingresos de los más pobres. Gracias a programas como “Bolsa Familia” o “Brasil sin miseria”, las clases modestas han visto mejorar sus condiciones de vida. Veinte millones de personas han salido de la pobreza. Las clases medias también han progresado y ahora tienen la posibilidad de acceder a planes de salud, tarjetas de crédito, vivienda propia, vehículo privado, vacaciones… Pero aún falta mucho para que Brasil sea un país menos injusto y con condiciones materiales dignas para todos, porque las desigualdades siguen siendo abismales.

Al no disponer de mayoría política –ni en la Cámara de diputados ni en el Senado–, el margen de maniobra del PT siempre ha sido muy limitado. Para lograr los avances en la distribución de los ingresos, los gobernantes del PT –y en primer lugar el propio Lula– no tuvieron más remedio que aliarse con otros partidos conservadores. Esto ha creado cierto vacío de representación y una parálisis política en el sentido de que el PT, a cambio, ha tenido que frenar toda contestación social.

De ahí que los ciudadanos descontentos se pongan a cuestionar el funcionamiento de la democracia brasileña. Sobre todo cuando las políticas sociales comienzan a mostrar sus límites. Pues, al mismo tiempo, se produce una “crisis de madurez” de la sociedad. Al salir de la pobreza, muchos brasileños pasaron de la exigencia cuantitativa (más empleos, más escuelas, más hospitales) a una exigencia cualitativa (mejor empleo, mejor escuela, mejor servicio hospitalario).

En las revueltas de 2013, se pudo ver que los protestatarios eran a menudo jóvenes pertenecientes a las clases modestas beneficiarias de los programas sociales implementados por los Gobiernos de Lula y de Dilma. Esos jóvenes –estudiantes nocturnos, aprendices, activistas culturales, técnicos en formación– son millones, están mal pagados, pero tienen ahora acceso a Internet y poseen un nivel bastante alto de conexión que les permite conocer las nuevas formas mundiales de protesta. En este nuevo Brasil, desean “subirse al tren” porque sus expectativas han aumentado más que su condición social. Pero entonces descubren que la sociedad está poco dispuesta a cambiar y a aceptarlos. De ahí su frustración y su descontento.

El catalizador de ese enojo es el Mundial. Obviamente, las protestas no son contra el fútbol, sino contra algunas prácticas administrativas y contra los chanchullos surgidos de la realización del evento. El Mundial ha supuesto una colosal inversión estimada en unos 8.200 millones de euros. Y los ciudadanos piensan que, con ese presupuesto, se hubieran podido construir más y mejores escuelas, más y mejores viviendas, más y mejores hospitales para el pueblo.

Como el fútbol es el universo simbólico y metafórico con el cual más se identifican muchos brasileños, es normal que lo hayan utilizado para llamar la atención del Gobierno y del mundo sobre lo que, según ellos, no funciona en el país. En ese sentido, el Mundial ha sido revelador. Para denunciar, por ejemplo, esa forma de hacer negocios turbios con el dinero público. Sólo en la construcción de los estadios, el coste final ha sido un 300% superior al presupuesto inicial. Las obras fueron financiadas con dinero público a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el cual confió la edificación de los estadios y las gigantescas obras de infraestructura a empresas privadas. Estas, con frío cálculo, programaron el retraso en los plazos de entrega, con vistas a realizar una extorsión sistemática. Pues sabían que, ante las presiones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), cuanto más se retrasara la construcción, mayores serían los pagos adicionales que recibirían. De tal modo que los costes finales se triplicaron. Las protestas denuncian esos sobrecostes efectuados en detrimento de los precarios servicios públicos ofrecidos en educación, salud, transporte, etc.

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