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Ayotzinapa en el amplio contexto del terrorismo de Estado en México
Publicado 2 diciembre 2014





Si buscamos ser serios, un análisis honesto evitará caer en la expresión fácil de que la detención y desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado -cuando además fueron asesinadas seis personas, entre ellas otros tres normalistas- constituyen hechos que puedan leerse como “el fin” del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto (EPN).

La “caída”

La afirmación de una “inminente y muy próxima caída” del “nuevo PRI” junto a su insuflado líder está, seguramente, cargada de indignación y justa rabia, pero no parece suficientemente meditada y atenta a los abundantes elementos indispensables para no perder el contacto con la tierra; esa declaración amplia y crecientemente compartida debe esclarecerse como deseo antes que como una suerte de “fruto maduro” a punto de caer por su propio peso.

Los antecedentes del actual presidente de México (electo para el periodo 2012-2018), el primero de un nuevo ciclo que por supuesto se pretende prolongando, son, por un lado, la ocupación policíaca-paramilitar en 2006 de San Salvador Atenco, aquél pueblo guerrero que le hizo frente a uno de los proyectos tan ambiciosos como frustrados de Vicente Fox (2000-2006), el “superdemócrata” que, según la historia oficial, venció con su carisma al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya bastante antipático tras regir más de 70 años los destinos nacionales. En aquel entonces, mayo de 2006, EPN era gobernador del Estado de México, y tuvo a su cargo la turbia acción coordinada de fuerzas represivas locales y federales que ocuparon Atenco y dejaron una huella imborrable de muerte, vejámenes e injusticias.

Por otro lado, el carácter sanguinario del régimen corporativista, clientelar y corrupto del PRI cuenta en su haber con masacres estudiantiles como las del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, ambas en la capital del país, con infinidad de réplicas a difrente escala en distintos estados de la república; numerosas masacres indígenas y campesinas -destacan la de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995 y la de El Charco, el 6 de junio de 1998, las dos en el estado de Guerrero, en la zona donde irrumpió la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario en 1996, y en Chiapas, con dedicatoria al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994), la de Acteal, el 22 de diciembre de 1997- con frecuencia perpetradas aduciendo el presunto combate de organizaciones subversivas.

La coartada contrainsurgente ha sido el telón de fondo para una guerra de exterminio que no se ha limitado a los integrantes de los grupos armados subversivos, sino que ha incluido a parientes, allegados, e incluso llegó a implicar la desaparición de comunidades enteras, con saña particular en el estado de Guerrero, cuna tanto de los profesores-guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, como de la versión mexicana de los vuelos de la muerte. Al respecto, Carlos Montemayor puntualizaba que:

«La violencia de Estado en México se ha manifestado de manera devastadora, a lo largo de varias décadas, en el delito de lesa humanidad denominado "desaparición forzada de personas". Es el sello de la guerra sucia de los años setenta del siglo XX hasta algunos signos de renuevo en los primeros años del siglo XXI.

Si bien agentes policiales de todos los niveles del gobierno han intervenido en estos delitos, la participación del ejército ha dejado un sello indeleble en las acciones represivas contra la guerrilla mexicana y contra los defensores de derechos humanos y sociales de comunidades indígenas.

A pesar de que este delito ha afectado a muchos centenares de víctimas, no se ha procesado a ningún culpable. La impunidad ha permanecido a lo largo de 40 años.

He descrito ampliamente en mi novela Guerra en el Paraíso el modus operandi del ejército y de las corporaciones policíacas federales y estatales en arrestos colectivos, asaltos a comunidades, torturas a detenidos, asesinatos de guerrilleros o de sospechosos de serlo; ahí consigno las distintas modalidades de la desaparición forzada de personas que van aparejadas a interrogatorios con tortura o al lanzamiento de presos desde helicópteros al mar de la Costa Grande en el estado de Guerrero. Ha sido posible documentar con el paso del tiempo estos hechos y cuantificar el número de centenares de víctimas de desaparición forzada desde la época de la guerrilla de los años setenta, hasta los 28 trabajadores petroleros secuestrados y desaparecidos en Cadereyta en mayo de 2007 o el asesinato, en febrero de 2009, de los líderes mixtécos guerrerenses Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.»

Valga la extensa cita del libro La Violencia de Estado en México (México, Debate, 2010, pp. 235-236), para compendiar un botón de muestra de la estela sangrienta de asesinatos de Estado, desapariciones forzadas, tortura y presidio para los disidentes políticos que, amén de prolongada en la historia, se ha configurado como la joya de la corona, el símbolo distintivo en el que EPN se envolvió para merecer la candidatura de su partido, y lo ha defendido a voz en cuello.

El poder que Peña Nieto defiende es el de oligarcas que siguen chupando el producto del trabajo social, la fuerza, la salud y la estabilidad física y emocional de una mayoría trabajadora con cada vez menos recursos y menos derechos, aprisionada en un estado que, también por obra del PRI, es tan corrupto y mafioso como sus representantes -electos o designados- y toda la maquinaria burocrática-corporativista que aguardó paciente los 12 años en que gobernó la que se suponía era la extrema derecha.

El Partido Acción Nacional (PAN) gobernó entre 2000 y 2012 con el nepotista y ladrón desfachatado Vicente Fox (2000-2006), que abrió cuantiosos negocios a sus hijastros, que buscó heredarle la presidencia a su esposa y que cada nuevo escándalo de desfalco a las arcas nacionales se lo atribuía al “avanzado proceso democrático” abierto por su administración.

A Fox lo sucedió, tras dudosa contienda electoral, Felipe Calderón (2006-2012), quien buscó desde el primer momento el cobijo de unas muy degradadas fuerzas armadas (la misma colocación de la banda presidencial estuvo a cargo de militares, algo inédito en la historia del país, considerado en su momento por algunos analistas como un golpe de Estado técnico).

Con un ejército que ha cedido todo, ideológicamente hablando (y no solo), aceptando por una parte convertirse en el brazo ejecutor de los planes elaborados al norte del Río Bravo y, por otra, vendiéndose al mejor postor entre una creciente variedad de cárteles y capos criminalizados (pues los hay, más aún, “de cuello blanco”, consecuentados por un sistema que, en caso extremo, si lo llega a necesitar, puede revestirse con los ropajes leguleyos y las normativas jurídicas necesarias), con esa fuerza de choque superespecializada, entrenada y equipada por el hegemón del Norte, Calderón lanzó el escuálido anzuelo de la “guerra contra el narcotráfico” que en menos de cinco años había cobrado alrededor de 100 mil vidas, además de unas 30 mil desapariciones forzadas, según cifras oficiales obviamente clasificadas -tanto muertes como desapariciones- en su inmensa mayoría como “bajas” del crimen organizado.

Puede que uno más que el otro (más Calderón que Fox) haya asumido un rol fanático de defensa de principios y valores católicos, pero aunque ambos se esforzaron en esa carrera involutiva, para ninguno dejó de representar un jugoso negocio el encabezar la presidencia de un país petrolero con una producción diaria actual superior a la de Venezuela, pero con garantías sociales míseras, si las hay, y con precios de combustibles iguales o superiores a los de Estados Unidos, por ejemplo.

Algo de autorreferencialidad

Incomodidad, eso es lo que me producía la pregunta recurrente sobre la situación en mi país, a poco de llegar a Venezuela, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Contradicción -madre de la dialéctica-, pues habiendo planteado un escenario de divisiones en la izquierda no quería dejar de referirme a los procesos constantes de resistencia y lucha popular, evidenciados por las cargadas represivas, única vía para que los conglomerados mediáticos locales y las grandes cadenas internacionales hicieran favor de dirigir hacia ellos sus miradas, pero al llegar a ese punto, a ese extremo de la conversa, ya la paciencia de los interlocutores venezolanos se había agotado, así que, en general, los aciertos y peor aún, la alusión siquiera a la existencia de movimiento popular en pie de lucha quedaba excluido, también, de mi discurso.

Leí luego -mucho después y habiendo ya procurado modificaciones en el orden de presentación de los sujetos que hacen la historia más allá de mis alocuciones- Terrorismo mediático. La construcción social del miedo en México, de Carlos Fazio, y reñí con su conclusión, que señala la responsabilidad del pueblo mexicano en el encumbramiento del “nuevo” PRI, así como en la insuficiente defensa del poder de decisión y del derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones sobre el rumbo de toda la nación.

Actualmente, viendo la activa participación de Fazio, quien hace parte de la Comisión Civil de Impulso a la Búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, me parece que el también profesor universitario y periodista realiza un ejercicio de honestidad extrema que, justo por ese caracter, merece una interlocución honesta, abierta al esfuerzo analítico, a la crítica y la autocrítica que consoliden bases fuertes en la batalla ideológica y en el desarrollo continuo de los esfuerzos por transformar el estado actual de la sociedad mexicana en algo mejor.

Es necesario distinguir entre los pueblos y los gobiernos de los países

El punto es que, en efecto, como señalara el Comandante Hugo Chávez, es necesario distinguir entre los pueblos y los gobiernos de los países y, refiriéndose él al caso específico de Estados Unidos, nos parece indispensable considerar también el nivel de responsabilidad de ese pueblo en la continuidad de las políticas internas y externas de su país. Así, el actual distanciamiento entre los intereses populares y las ambiciones del grupo que gobierna en México puede terminar de desenmascarar el pretendido rol de alfil que ambas clases políticas han buscado construirle a la parte mexicana, que en realidad ha venido jugando como un muy limitado peón en el ajedrez internacional y, en particular, en el regional.

En el mismo sentido, las responsabilidades populares mexicana e internacional -lo mismo vistas desde la perspectiva de la integración nuestroamericana que desde el internacionalismo solidario, de vasta tradición entre l@s revolucionari@s de la Amérca Latina- deben incluir la situación actual en México como parte del balance de un genocidio continuado y potenciado en la actual coyuntura neoliberal; como una hemorragia brutal de las venas abiertas de una misma América que experimentó ayer las dictaduras militares en el Cono Sur, el auge guerrillero centroamericano, combatido con lo que derivó en las “guerras internas”, altamente costosas en términos humanos y que, al cambiar la denominación del “enemigo interno” de comunistas a narcotraficantes y terroristas, clava hoy garras y colmillos en la tierra de Benito Juárez, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de Lázaro Cárdenas, que es la misma de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de tod@s l@s asesinad@s y de los 43 normalistas desaparecidos por un Estado tiránico y despótico al que hay que ayudarle a morir: ¡hay que matarlo compay!

Hay que comprender, pues, que la de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa no sería la primera matanza masiva, ni la primera expresión de resistencia: precisamente lo que el gobierno de PN intenta evitar es sentar el precedente de investigaciones "serias" sobre los 30 mil crímenes de desaparición forzada que, según cifras muy conservadoras, serían el aproximado de víctimas de éste crimen de lesa humanidad con que castiga el Estado mafioso, probadamente "penetrado" y, en rigor, íntimamente asociado al crimen organizado.

Nuevamente es Montemayor quien explica que la gravedad de la desaparición forzada como “delito de Estado y de lesa humanidad lo ha hecho objeto de atención y de seguimiento en diversos instrumentos jurídicos internacionales”. Y abunda:

«Técnicamente, el delito es de extrema gravedad por el cúmulo de derechos que vulnera y agrede. Es perpetrado por agentes del Estado o por individuos que tienen la aquiescencia de éste. La víctima es detenida sin que se cumplan las formalidades legales: no existe orden de autoridad competente, no se especifica de qué se le acusa, no se menciona quién lo acusa, ni los elementos ínculpatorios que existen en su contra. Después de la detención, la víctima es puesta en situación de indefensión total, pues es conducida a un sitio que no es de reclusión oficial. Las autoridades que están obligadas a informar a la sociedad acerca de la detención, la niegan de forma sistemática.

La declaración de Naciones Unidas de diciembre de 1992 sobre desapariciones forzadas estableció que mientras se desconozca el destino de los desaparecidos, el delito no prescribe y se reputa permanente. Esto se debe a que el delito se consuma, no en forma instantánea, sino permanente, y se prolonga durante todo el tiempo en que la persona permanece desaparecida.

México es signatario de numerosos instrumentos jurídicos internacionales que tienden a abolir la práctica de la desaparición, pero no ha tenido una sola sentencia por desaparición forzada» (ob. cit., pp. 241-242).

La efectividad mayor de los estados (sobre cuya abolición no es pecaminoso reflexionar), en particular los derechistas, hondamente marcados por signos fascistas -literal y metafóricamente-, ha sido acompañada por su astucia para arrojar la piedra y esconder la mano, con todas las variantes necesarias para cambiar de armas y pasar de piedra a puñal, revolver, fusil y, peor aún, para combinar esos artefactos vulgares y estridentes con vastas letanías leguleyas y odas estatólatras que siguen tratando de esconder la verdad sencilla, diáfana y elemental de la lucha de clases.

Noticia de nuestros días es la investigación de Danilo Albin sobre la colusión entre la dictadura argentina encabezada por Jorge Rafael Videla y la monarquía española; también reciente es el auge noticioso de los intentos por conseguir formalizar la demanda de justicia para los desaparecidos -especialmente los niños- españoles secuestrados durante la dictadura de Francisco Franco.

Cuando se denunciaba, hace no muchos años, el espionaje con casa matriz en la potencia capitalista norteameriacana, se tachaba de locos (paranoicos, teóricos del complot) a quienes sugerían encender alertas: las revelaciones de WikyLeaks, Chelsea Maning y Edward Snowden han abierto una caja de Pandora que evidencia tanto el espionaje masivo como sus delirantes y difícilmente comprensibles objetivos.

Las manos y mentes asesinas de Estados Unidos están incrustadas hasta la médula en los delitos y en los crímenes todos, “legales” o ilegales, lo mismo si están que si no están revestidos por el sacrosanto “estado de derecho” a cuyo resguardo apelan tanto voceros y funcionarios del actual gobierno mexicano como la amplia gama de domesticados civilistas bien portados, apóstoles de la mesura hasta los extremos de la negligencia criminal.

Es apremiante continuar picando piedra para romper mitos introyectados en la conciencia popular como el de la bondad intrínseca de los defensores globales de la democracia, loscherifes del mundo que ya cuenta algunas “bajas colaterales” a través de agentes de la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense) merced a cuyos cadáveres con chip se han localizado varias narcofosas en México. Esa misma agencia (expulsada como se merece del territorio boliviano) ha debido reconocer la corrupción que existe a su interior, lo que es muestra mínima del maridazgo y la codependencia entre el capitalismo, el narcotráfico y todos los negocios criminales orquestados y puntualmente normalizados, es decir, incorporados al circuito “legal” con capitales blanqueados incluidos.

Rápido y furioso -como la película y como la operación gubernamental estadounidense que dotó de armamento de alto poder a los cárteles (mercenarios-paramilitares) que operan en México-, EPN inició su administración reprimiendo, matando y formalizando legalmente el despojo de lo que iba quedando; en esa línea, la reforma privatizadora del petróleo se cruza con la nueva y descarnada embestida contra las Normales Rurales y con el conflicto vivo en el Instituto Politécnico Nacional, parte todo de la mejor herencia de la Revolución iniciada en 1910 y del periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940).

Contrainsurgencia: laboratorio de embrujos

La estrategia de paramilitarizar México suma a la oscura herencia local de la “guerra sucia” los “mejores” resultados del laboratorio de embrujos colombiano, donde el siglo XXI se inauguró con una síntesis de lo que se vino probando a lo largo de los años 70 y 80 del siglo XX en las dictaduras militares del Sur americano, lo mismo que en Guatemala y El Salvador, donde se probó el accionar de escuadrones de la muerte y otros grupos de "limpieza social".

Álvaro Uribe fue el primer presidente del narco-paramilitarismo, llegó al poder apoyado en la alianza de grupos críminales: traficantes de drogas, grupos paramilitares, y ese es el modelo que ahora se aplica en México.

Al inicio de su gobierno, EPN acogió al exjefe de la policía nacional colombiana, general Óscar Naranjo (alias el James Bond criollo), como asesor en temas de Seguridad, poco antes de la “aparición” de las autodefensas en Michoacán, grupos que responden al esquema colombiano (diseñado, financiado y respaldado por EE.UU.), y no a tradiciones y decisiones asamblearias, muy arraigadas por ser fruto de prácticas avaladas por usos y costumbres de origen precolombino, tal como las policías comunitarias, que son grupos muy distintos que el poder ha tratado de homologar y asimilar para deslegitimar a los comunitarios y naturalizar a las autodefensas.

Los despalzamientos forzados -tan caros al sistema, en particular al modelo que en Colombia aplica el contubernio de una oligarquía dócil a la penetración trasnacional- siguen ensayándose en México como respuesta que el capitalismo pretende imponer al problema de la pugna por la tierra. Los pueblos, sin embargo, son sabios y valientes, y nuevamente, aún descalzos, enfrentan al conglomerado de la muerte militar-policial-paramilitar-mercenario que seguirán recibiendo el financiamiento de los que quieren continuar mandando.

Sin ánimo pesimista ni de escatimar la importancia del trabajo que hacen y el rol que merecidamente corresponde a los estudiantes normalistas y los profesores revolucionarios de todo México, es necesario advertir que EPN al verse y sentirse acorralado, responderá -como ya viene haciendo desde que gobernaba el estado de México- con las peores malas artes represivas del priísmo y, más aún, del terrorismo de Estado apuntalado por el vasto arsenal de experiencias y recursos que el mayor imperio de la historia -naturalmente asesino- le viene proveyendo a sus fieles capataces subalternos.

Necesario es apoyar la resistencia de un pueblo que, sin haber estado inactivo, como prueban las múltiples formas de lucha que ha probado, incluyendo la armada, iniciada por normalistas en el norteño estado de Chihuahua hacia 1965, busca y debe conjuntar todas las formas de lucha para sacudirse y extirpar de sí, definitivamente, ese parásito social conformado por el puñado de asesinos y rateros que lo traicionaron y vienen manipulando y saqueándolo desde hace varias décadas.

Apoyar no solo es posible sino muy sencillo, para comenzar, participando en las manifestaciones globales contra el Estado terrorista que aún domina, pero se tambalea en México, exigiéndole mediante el apoyo de pueblo a pueblo y de entrada, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los 31 estudiantes más, estos de secundaria, desaparecidos en el municipio de Cocula, Guerrero y de las decenas de miles de desaparecidos antes durante y después de la “guerra contra el narco” de Calderón (2006-2012); demandando el cese a la represión, la excarcelación de los 11 manifestantes protestaban por el caso Ayotzinapa, pero también la liberación de todos los presos políticos, incluidos los militantes de la guerrilla del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sometidos a desaparición forzada por agentes del Estado en mayo de 2007.

Una paz con justicia y dignidad en México pasa también por el apoyo de los países hermanos; hay que llevar nuevamente a las calles de toda la América Nuestra, incluso la de más al norte, consignas que se han escuchado antes en la defensa internacional de la República española o, más lejo en el tiempo pero más cerca en geografía, en las rebeliones comandadas en Venezuela por El Negro Miguel y José Leonardo Chirino: “Viva la Vida / Muera el mal gobierno” son frases que ya se han hecho escuchar en diversas plazas mexicanas y de todo el mundo para hacer que, de verdad, “¡¡¡Viva la solidaridad entre los pueblos que luchan!!!

Hay por venir dos nuevas protestas globales, convocadas ante las sedes diplomáticas de México en todo el mundo: una el 1 de diciembre, al cumplirse el segundo año de que EPN asumiera la presidencia; la otra, el 6 de diciembre, que coincide con el aniversario número 100 de la entrada a Ciudad de México de los líderes revolucionarios Pancho Villa y Emiliano Zapata.

Apoyemos a los estudiantes normalistas que se saben rebeldes, “el último reducto de la Revolución Mexicana” pues, como ellos mismos dicen, “entendemos que así está nuestro país, que está bien descompuesto, y que decir la verdad representa ponerse en riesgo, en riesgo mortal: yo mismo estoy hablando aquí pero sé que de ahora en adelante voy a estar en la mira, no solo de las autoridades: voy a estar en la mira de los grupos de la delincuencia organizada: ¿y qué?, ¿y qué? Saber la verdad, por muy dolorosa que sea, pues es lo que necesitamos todos...”


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