El Gobierno de EE.UU. lleva aproximadamente 20 años desarrollando una serie de estrategias mediáticas, geopolíticas y sanciones económicas con la intención de desprestigiar y doblegar al gobierno bolivariano electo democráticamente en Venezuela, encabezado en un primer momento por Hugo Chávez, y actualmente por Nicolás Maduro.

Durante los gobiernos de George W. Bush y Obama las estrategias se centraron mayormente en sanciones a la compra de armas y hacia funcionarios públicos llegando a establecer este último mandatario el decreto presidencial 13692 que tendía a calificar arbitrariamente a Venezuela como “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos".

Las medidas de estos dos últimos mandatarios sólo serían un preámbulo para la intensificación de las mismas una vez llegado al poder Donald Trump, imponiéndo un bloqueo, adoptando dichas acciones un nivel internacional, no sólo creando figuras políticas ilegítimas e irracionales como el caso Juan Guaidó, sino congelando bienes y activos derivados de la venta del crudo venezolano, prohibiendo además a cualquier empresa, particular y entidad norteamericana realizar transacciones con el gobierno, la empresa petrolera PDVSA y con el Banco Central venezolano. La Unión Europea y otros países aliados del imperio se han sumado a apoyar dicha estrategia terrorista de bloqueo económico y ensayos de intervención político militar incentivada por el gobierno de Trump.

Resulta irónico las declaraciones realizadas por el Secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, quien señaló que “es una verdadera tragedia tener una crisis humanitaria en un país que tiene muchos recursos” como Venezuela, cuando es bien sabido que los verdaderos causantes de esa tragedia humanitaria es el propio gobierno norteamericano sumado a los intereses mezquinos de la oposición y burguesía venezolana, que no fueron capaces de vencer en las urnas al gobierno bolivariano y pretenden realizarlo mediante campañas mediáticas y terrorismo encubierto.

Es una burda e inmoral contradicción que el Gobierno de Donald Trump justifique acciones terroristas de Estado, enarbolando banderas de “democracia, usurpación de poder y abuso de los derechos humanos” para derribar gobiernos constitucionales como el de Venezuela, cuando es el mismo Trump quien presenta acusaciones de tal característica en su propio país, llevado incluso ante procesos de impeachment, y que actualmente su administración presenta la mayor crisis social y económica en la historia de EE.UU. tras la masiva ola de protestas desatadas tras el asesinato del afroamericano George Floyd.

Resulta a la vez contradictorio a los principios de derecho internacional, e ilegítimo las acciones y acusaciones emprendidas por el gobierno norteamericano hacia Venezuela cuando dichas medidas encajan dentro de lo que se denomina como “Terrorismo de Estado”, entendida como una guerra vertical, con un enemigo encubierto y acciones clandestinas, creando temor e inseguridad en la sociedad venezolana con el objetivo de asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro, estimulando políticas de shock para fomentar la presión y fracturas sociales al interior del Estado de Venezuela. En el actual contexto mundial del nuevo coronavirus, la administración Trump decide arremeter contra el gobierno bolivariano, asumiendo ilusoriamente tres componentes en su política exterior:

- Bloqueo: Trump apuesta que a través de esta medida pueda socavar económicamente al Gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, pese a estas medidas terroristas, Venezuela aún cuenta con aliados estratégicos que son elementos de competitividad económica y contención de la geopolítica norteamericana en sus respectivas regiones: China, Rusia, Irán, Corea del Norte, por mencionar algunos, agregando a ello la lista de Estados que a excepción del bloque occidental aún reconocen como legítimo presidente de Venezuela a Nicolás Maduro.

Algunos analistas consideran que el bloqueo económico que Estados Unidos aplica actualmente a Venezuela no es comparable al aplicado a Cuba en 1962, aduciendo que este bloqueo impuesta a la república bolivariana “no prohíbe el comercio entre actores privados”; no obstante, en el bloqueo a Venezuela por parte de Trump se observan algunos elementos de extraterritorialidad que se buscaban con las leyes Torricelli y Helms-Burton aplicados a Cuba en 1992 y 1996. Venezuela y Cuba han demostrado que pese a la agresividad de las medidas terroristas implementadas en su contra durante años, no han podido ni podrán doblegar a un pueblo que defiende su soberanía y libre autodeterminación.

- Emergencia del Covid-19: la administración Trump asumió que el Gobierno de Nicolás Maduro no sería capaz de lograr contrarrestar los efectos de la actual pandemia, llegando incluso a señalar mediante sus mass media que Venezuela se convertiría en el epicentro del Covid-19 en la región.

Pero la realidad fue otra muy distinta, desde el pasado 13 de marzo que se reportaron los primeros casos, Venezuela ha demostrado que la estrategia de contención del Covid en su territorio ha sido exitosa en comparación con otros países del cono sur, siendo Estados Unidos quien logró obtener tal título de “epícentro de la pandemia” en dicho período.

- Otras de las estrategias infructuosas de la administración Trump para deslegitimar y socavar el gobierno bolivariano, fue poner precio a las cabezas de Nicolás Maduro, y del parlamentario, Diosdado Cabello, catalogando al Gobierno de Maduro como un “narcoestado” y así justificar las incursiones militares en el mar Caribe venezolano.

En fin, la historia latinoamericana ha demostrado que este tipo de medidas terroristas de EE.UU. sólo lograrán tener como efecto directo el empobrecimiento de una nación, además de despertar y aglutinar el sentido antiimperialista y anti injerencista de un pueblo que se ve sometido a medidas coercitivas unilaterales del imperio, a como lo hizo Fidel Castro con la isla caribeña.