La autodenominada Comunidad Judía de Chile (CJCH) se reunió en Santiago de Chile, el pasado 28 de agosto, con el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno chileno, Andrés Allamand, para hacer una serie de exigencias políticas, como parte de orientaciones cuyo origen se encuentran en Israel.

Por un momento pasó por mi mente, que esta comunidad (en el marco de la pandemia del Covid 19) que representa a los chilenos de creencia judía y de ideología sionista, según su propia definición, presidida por Gerardo Gorodischer, socio director de la empresa de seguridad Safety&Security S.A, se hizo presente en la cancillería con la peregrina idea de ofrecer su ayuda al gobierno, aprovechando su cercanía a Estados Unidos y los holding sionistas en el mundo. Esto, con la idea ingenua de que se trataría de buscar mecanismos de apoyo internacional, que permitan combatir la pandemia y los efectos económicos que esta enfermedad genera en el país.

Vana esperanza, tal vez simplemente se trató de cierta imaginación desbordante o creer que los representantes del sionismo habían cambiado su concepción de los Goyim (no judíos) y pretendían apoyar a esta parte de la humanidad, que lamentablemente no es parte de algún pueblo elegido o dotado de un destino manifiesto. La visita de la CJCH fue, simplemente, parte de la estrategia política digitada desde Tel Aviv, destinada a ejercer una política de presión contra los movimientos de resistencia al sionismo en Asia occidental, particularmente en Palestina y El Líbano. Como también sumar más gobiernos, en este caso al chileno, a la idea de asumir la definición de antisemitismo de la llamada Alianza Internacional recordatorio del Holocausto (IHRA) que ya tiene en su haber a los incautos gobiernos de Uruguay y Argentina en este plan sionista.

En específico, los dirigentes chilenos judeo-sionistas solicitaron al gobierno, presidido por el empresario Sebastián Piñera, que declare al Movimiento de Resistencia islámica de El Líbano (Hezbolá) como organización terrorista y en segundo lugar, sumarse a la declaración internacional de antisemitismo establecida por La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) que cuenta con el respaldo y coordinación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el más incondicional de los aliados de Washington e Israel, el converso uruguayo Luis Almagro.

Una petición, la que dice relación con Hezbolá, a todas luces hipócrita y alineada con los objetivos establecidos por Washington y el gobierno israelí. Y uso el concepto de hipócrita porque en general, esta Comunidad Judía suele argumentar, frente a las denuncias de la comunidad palestina de Chile, respecto a la política de colonización y ocupación de los territorios palestinos, el asesinato de su población y las violaciones a sus derechos humanos y las leyes internacionales que “no es posible trasladar el conflicto de Oriente Medio a Chile” como lo sostiene permanentemente el propio Gorodischer y otros dirigentes sionistas chilenos, quien desea ahora declarar como terrorista a Hezbolá, un movimiento de resistencia, que nada tiene que ver con Chile. La impostura en su plenitud pues ¿qué tiene que ver Hezbolá con Chile? ¿Por qué traer el conflicto que tiene la resistencia libanesa con el sionismo a nuestro país? Sería bueno que se decidieran de una vez y no floten como el corcho al vaivén de las olas.

La segunda petición al canciller chileno, es propia de quienes desean prohibir las opiniones, las denuncias contra los crímenes cometidos contra el pueblo palestino a manos de Israel, sus fuerzas ocupantes y los colonos extranjeros afincados en Cisjordania. Como también la violencia crónica ejercida contra la Franja de Gaza convertida en un gueto, un campo de concentración gigantesco cercado por las fuerzas sionistas. La comunidad judeo-sionista le solicita a Allamand que Chile asuma la definición de antisemitismo de la IHRA que señala “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. En forma oportunista la IHRA asimila lo que se entiende por semita y lo judío, a lo sionista, sin que la propia definición que se trata de imponer mencione este último concepto. Manipulación en su máxima expresión, el victimismo crónico.

En el pasado mes de junio de este 2020, esta misma operación política se concretó en Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández y en enero de este mismo año en Uruguay. Letra por letra sostengo la misma argumentación respecto a Chile. En el sentido, que el adoptar la definición de antisemitismo, de aquellos que han impuesto un mito fundacional en base a considerarse elegidos y merecedores de una tierra prometida por una divinidad; es parte de una operación de lavado de imagen y de protección de uno de los regímenes más criminales del mundo, como lo es el régimen sionista. Violador de los derechos humanos del pueblo palestino, de decenas de resoluciones de organismos internacionales, agresor de países vecinos como en estos últimos días donde ha utilizado incluso armas prohibidas como es el fósforo blanco contra el sur de El Líbano. 

Israel: Un régimen terrorista.

Y hablo de sionismo, no judío, ni semita, que son definiciones, conceptos distintos, con un campo semántico diferente. Esto, pues la crítica y la denuncia, no es a quien profesa el judaísmo y menos a quienes no son semitas. Afianzar la idea y tratar de fundamentar, que la crítica contra la ideología que sustenta dicha entidad israelí – el sionismo - puede ser calificada de una conducta antisemita es impropio, falso y destinado a acallar las voces de denuncia, con una muestra de ignorancia supina. En el proceso de ocupación y colonización de Palestina, el único pueblo semita es precisamente el palestino. A menos que pensemos, que los colonos de ideología sionista y de creencia judía, extranjeros, de diversos países con diferentes idiomas pueden ser considerados semitas por el sólo hecho de comenzar a hablar el hebreo moderno e instalarse en Palestina. Sólo en Cisjordania los colonos extranjeros sobrepasan los 600 mil (1) Incluso considerando la política israelí de establecer una ley de estado nación judía, ello, en modo alguno, los hace semita. 

No hay consideraciones antropológicas, culturales, históricas que puedan asentar la idea de un “pueblo judío” en aquellos que han ocupado y colonizado Palestina, ya que los actuales judíos deben su ascendencia más a los conversos de la Edad Media que a los antiguos semitas. Resulta interesantísimo recurrir a la obra del historiador israelí Shlomo Sand, quien en su libro “la Invención del Pueblo judío” lo sintetiza magistralmente al demostrar, que el mito nacional de Israel hunde sus orígenes en el siglo XIX, no en los tiempos bíblicos, en los que muchos historiadores judíos y no judíos reconstruyeron un pueblo imaginado con la finalidad de modelar una futura nación. Por ello, tampoco puede ser la crítica al sionismo una conducta antijudía pues ¿cómo asociar una ideología nacionalista dedicada a ocupar y colonizar un territorio de un pueblo como el palestino, a una religión? Es irracional, tanto como aquellos dirigentes sionistas, en Chile, que se califican como chilenos, israelíes, judíos y sionistas. Es el mesianismo en pleno, el enajenamiento.

La petición de la comunidad judeo-sionista chilena responde más a los objetivos de política exterior de Israel que a los deseos y necesidades del pueblo chileno. ¿Qué relación tienen los representantes de la comunidad judía de Chile con Israel que tratan de imponer la agenda del gobierno de Netanyahu en Chile? ¿Es posible aceptar que le soliciten al gobierno chileno, que aplique lo que el gobierno sionista y sus instituciones pretende marcar como parte de sus objetivos de política exterior? Los pasos dados por Gorodischer, junto a los miembros del directorio de la Comunidad Judía de Chile muestran una dirección de lealtades profundamente errada. Da pie para preguntar, por ejemplo, cuántos de los hijos de miembros de esta comunidad han realizado el servicio militar en los territorios ocupados de Palestina al servicio del ejército invasor israelí. Debería informar esta comunidad si sus hijos e hijas, al trasladarse a Israel a la edad de 18 años realizan su labor militar al servicio de una potencia extranjera. 

Como chilenos también tenemos que solicitar ciertas tareas a la Cancillería presidida por Andrés Allamand: 

1. Apoyar la petición de declarar al régimen israelí como una entidad terrorista a la luz de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y las violaciones a las resoluciones, dictámenes y definiciones de organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU. La Asamblea General de la ONU. Organismos como la UNESCO, la UNICEF, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

2. Solicitar, junto a otras naciones, que se active la resolución N.º 3379 del 10 de noviembre del año 1975 que equiparó al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular, llamando a su eliminación, entendiéndola como una forma de discriminación racial (2) 

3. Exigir que todo hijo (a) de familia chilena, que sostenga tener vínculos con Israel cumpla su servicio militar obligatorio en territorio nacional y no bajo órdenes de un país acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad. 

4. Exigir una declaración a la Comunidad Judía de Chile de condena a los crímenes cometidos por el régimen israelí contra el pueblo palestino. Salida de todos los colonos extranjeros asentados en Cisjordania. Exigir el retorno de los refugiados palestinos. La demolición del muro en Cisjordania. El fin del bloqueo a la Franja de Gaza. El término de las acciones de demolición de viviendas palestinas y destrucción de cultivos. Fin de los asesinatos selectivos y de todo aquello que constituye para los organismos defensores de derechos humanos y la comunidad internacional, crímenes de guerra y lesa humanidad. 

5. Sumarse a la campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones contra la entidad israelí. 

Desde el gobierno chileno se debe emitir una declaración clara y precisa respecto a negarse a cualquier tentativa de implementar leyes, que impida la aplicación de acciones represivas a la libertad de expresión, provenientes de organismos sionistas como es el caso de la llamada Alianza Internacional Recordatoria del Holocausto (IHRA). No a la ley mordaza impulsada por el sionismo. Esta exigencia debe tener el respaldo de la comunidad de descendientes palestinos en Chile, que representan el 4% de la población chilena (desconozco la cifra de descendientes de israelíes en Chile, sobre todo considerando que esta entidad nació el año 1948 con personas provenientes, principalmente de países de Europa Oriental). Chile debe proteger a Palestina por el vínculo histórico, humano que tenemos con esta tierra. 

Y, en ese marco, el gobierno chileno, su parlamento deben trabajar por declarar a Israel un régimen terrorista y cesar todo acuerdo, convenio y tratos con un régimen dotado de una ideología racista, de clara discriminación racista y violador de los derechos humanos de millones de palestinos.  Uno de los pasos es solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se convoque una reunión que aplique el capítulo VII de la Carta de la ONU por considerar a Israel como una amenaza a la paz. 

No podemos aceptar que algunos crímenes (execrables, abominables, que jamás pueden volver a suceder)  como los cometidos por el nacionalsocialismo durante los años de la Segunda Guerra Mundial se conmemoren por las víctimas con solemnidad, al mismo tiempo que procesos similares de asesinatos, de creación de guetos, de violaciones a derechos fundamentales de todo un pueblo, como es el palestino, la destrucción e invisibilización de su historia y su cultura queden impunes, porque se cuenta con el silencio de los más poderosos. No podemos aceptar que la creación de asentamientos en Cisjordania haga imposible la conformación de un estado palestino. Chile debe llamar a la defensa del derecho internacional, de los derechos de millones de seres humanos sometidos a una ideología supremacista, mesiánica y criminal como el sionismo.