¿Cómo avanza la persecución electoral en Bolivia?

Durante el 10 y 11 de noviembre de 2019 se desarrolló en Bolivia un golpe de Estado cívico-militar orquestado por la oposición boliviana con el respaldo e injerencia de los Estados Unidos. Desde entonces, las autoridades de facto iniciaron una persecución contra líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) para evitar su participación en las próximas elecciones. 

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La crisis política boliviana se recrudeció cuando miles de manifestantes salieron a la calle a hacer respetar el resultado de las elecciones presidenciales para el período 2020-2025  realizadas el pasado 20 de octubre de 2019, en las cuales salió electo Evo Morales con el 47.08 por ciento de los votos.

Así, tras el Golpe de Estado se instaló un Gobierno de facto presidido por la senadora Jeanine Añez, autoproclamada presidenta. Desde entonces, son muchos los reveses que ha sufrido la democracia boliviana.

Entre ellos, podemos destacar la ampliación del mandato de Añez, que expiraba el 22 de enero y que por decisión del Tribunal Constitucional se extendió hasta la instalación del nuevo gobierno electo en los comicios del próximo 3 de mayo.

En este sentido, al iniciar el cronograma electoral presidencial, las organizaciones y movimientos sociales consideran que la ola de atropellos a la democracia y la constitucionalidad puede agravarse, en lugar de mejorar. 

Órgano electoral parcializado

El  Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha puesto en marcha el calendario electoral. Sin embargo, desde el partido MAS existe preocupación por una posible inhabilitación de sus candidatos.

El TSE ha impuesto 11 requisitos a los postulados. Dentro del requisito número 9, se encuentra la más apoyada por la derecha boliviana y los medios de comunicación: el cambio de residencia, mediante la cual pretenden inhabilitar la candidatura al Senado de Evo Morales.

La derecha afirma que tanto Morales, como Arce (candidato a la Presidencia) y Choquehuanca (candidato a la Vicepresidencia) deben ser excluidos de la contienda electoral porque están constantemente fuera del país.

La Ley electoral es la base sobre el cual se elabora el calendario para los comicios. Por lo que la nueva categoría de candidato con demanda de inhabilitación impulsada por el TSE no tiene un sustento legal.

De acuerdo con el organismo electoral boliviano, los candidatos con demanda de inhabilitación ascienden a 13 postulados, 11 de ellos pertenecen a la fila del MAS.

El MAS ha denunciado la parcialización del TSE con los partidos de derecha. En este sentido, han anunciado que recurrirán al Parlamento boliviano como la última institución democrática tras el golpe de Estado.

Algunos expertos en derecho boliviano consideran que el requisito de residencia está siendo mal interpretado políticamente por la derecha para sacar del camino electoral a los militantes del MAS. 

Arce lidera las encuestas

A pesar de la criminalización de los candidatos del MAS por parte de la derecha y los medios de comunicación, el aspirante presidencial Luis Arce, supera cómodamente a sus adversarios.

Según la última encuesta realizada por Unitel, la intención de voto de los bolivianos posiciona a Arce en el primer lugar con 31.6 por ciento, seguido ampliamente  por Carlos Mesa del Movimiento Nacionalista Revolucionario (17.1 por ciento) y Jeanine Añez del Movimiento Social Demócrata (16.5 por ciento).