Según el decreto leído, Zelaya fue separado de su cargo como Jefe de Estado de Honduras y su puesto será ejercido por el actual presidente del Congreso, Roberto Micheletti, hasta que culmine el período presidencial. Las elecciones generales están previstas para el 29 de noviembre próximo.

El nuevo Presidente de la República, electo no a través del voto popular sino por un decreto del Congreso, Roberto Micheletti, prometió "la conciliación de la gran familia hondureña y el gran diálogo nacional, y compatir el gobierno con todos".

El Parlamento excusó su decisión en las supuestas y recurrentes violaciones del Zelaya a la Constitución y a las leyes de la República, y además destacó la ausencia del presidente y vicepresidente de la nación centroamericana.

A pocos minutos de la declaración en el Congreso, la vicecanciller hondureña, Beatriz del Valle, dijo a teleSUR que una vez que se hizo el anuncio las señales de los canales de televisión, que durante todo el día transmitieron dibujos animados, fueron restablecidas, algo que calificó como "golpe mediático".

Posterior a la declaración, empezó un debate en el que varios parlamentarios han dicho que era el deber del Congreso "no dejar al país a la deriva", por la ausencia del mandatario, secuestrado de madrugada y llevado, sin nada más que su ropa de dormir, a Costa Rica.

Tras conocerse la inhabilitación del presidente Zelaya y la designación como presidente de facto de Roberto Micheletti las expresiones de rechazo se sintieron con mayor contendencia. Los hondureños apostados en las calles manifiestan que no reconocerán ni apoyarán lo que califican como una violación a la Constitución.

El pueblo en pleno, a pesar de la anunciada declaratoria de toque de queda, exige el retorno de Manuel Zelaya.

La enviada especial de teleSUR a Costa Rica, Madelein García, informó que existen orden de captura para todo el Gabinete Ejecutivo del presidente constitucional.  

Tras el traslado forzoso de Zelaya a San José, capital costarricense, el Congreso en pleno, con la presencia de las cinco facciones que conforman el cuerpo legislativo, convocó a una sesión extraordinaria para discutir la moción ya votada.

Fue este mismo Congreso el que el martes prohibió, a través de la aprobación en horas de la noche de una norma  llamada Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito, que prohibe la aplicación de las figuras 180 días antes y después de elecciones generales, en una jugada destinada a echar por tierra una consulta popular no vinculante propuesta por el Ejecutivo para preguntarle al pueblo si deseaba que para las elecciones del próximo 29 de noviembre  se instalara una cuarta urna destinada a aprobar o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Los hondureños están convocados para el 29 de noviembre próximo para elegir a un nuevo presidente, alcaldes y diputados.

Pese al despliegue de cientos de militares armados en las calles de Tegucigalpa y al uso de la fuerza, miles de personas han salido espontáneamente a las calles para pedir del retorno de su presidente y la vuelta al hilo constitucional, y han anunciado que a pesar de la arremetida policial de la que son objeto no dejarán las calles hasta que retorne el mandatario.

Más temprano, el embajador de Nicaragua en Honduras, Juan Carlos Fernandez, le dijo a teleSUR que los militares golpistas han anunciado un toque de queda, pero que los movimientos sociales han declarado que permanecerán en protesta y rechazarán cualquier decisión que vaya en contra del estado de derecho.