Un total de 22 millones 907 mil 954 peruanos están habilitados para sufragar el próximo 10 de abril,
en los que 11 millones 537 mil 364 son mujeres y 11 millones 364 mil 590 hombres.
1 presidente.
2 vicepresidentes.
130 congresistas.
5 representantes ante el Parlamento Andino y 10 suplentes.
La jornada electoral iniciará a las 08H00 hora local (13H00 GMT) y finalizará a las 16H00 hora local (21H00 GMT).
Sí, y hay multas por no ejercer el voto.La escala de multas vigente es la siguiente:
-Distrito considerado No pobre: 2 por ciento UIT vigente (79 nuevos soles, unos 23 dólares).
-Distrito considerado Pobre no extremo: 1 por ciento UIT vigente (39,5 nuevos soles, unos 11,77 dólares).
-Distrito considerado Pobre extremo: 0,5 por ciento UIT vigente (19,75 nuevos soles, unos 5 dólares).
Valor de la UIT (año 2016): S/. 3.950,00 (unos mil dólares).
Se presenta el Documento Nacional de identidad (DNI) vigente al presidente de mesa para que compruebe los datos en la lista de electores
Entrega de las cédulas de sufragio doblada y firmada por el presidente de mesa, junto con un lapicero para elegir la opción a votar
Ingresar a la cámara secreta para emitir el voto, se debe entrar solo. Las personas con discapacidad pueden votar asistidos por una persona de su confianza
En la cédula de sufragio se marca con una equis (x) o cruz (+) dentro del recuadro de la organización política de preferencia. Existen tres tipos de votos: válido, nulos y en blanco
Depués de tener seguridad del voto emitido, el elector deberá introducir la cédula de votación doblada en la caja
Los miembros de mesa indican el lugar donde se debe firmar y poner la huella digital en la lista de electores. Si la persona no puede firmar, se colocará la huella digital
Finalmente los miembros de mesa devuelven al votante su DNI, el elector deberá verificar en la parte posterior que le hayan pegado el holograma, comprobante de la votación
El balance de su gestión no es calificado positivamente por el pueblo peruano que en octubre de 2015 solo le daba una aprobación de 14 por ciento. Los problemas en su Gobierno iniciaron tan pronto asumió el mandato, el 28 de julio de 2011. En noviembre de ese año explotó el conflicto minero Conga (proyecto que contempla la construcción de dos tajos, ubicadas en las provincias de Cajamarca y Celendín en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú), que dejó varios muertos. Los hechos violentos llevaron a la suspensión de operaciones y la salida del primer ministro Salomón Lerner.
Tras su primer año de gestión, los escándalos por narcoterrorismo y decisiones tomadas por sus ministros, del Interior y de Defensa, pusieron en tela de juicio el orden de su Gobierno. En abril de 2012, narcoterroristas secuestraron a 36 personas de Camisea (en el departamento de Cusco, al sur de Perú). El operativo de rescate dejó un saldo de ocho agentes asesinados.
En noviembre de 2013, el Gobierno de Ollanta Humala enfrentó otra crisis política al descubrirse que la vivienda del exoperador montesinista Óscar López Meneses estaba resguardando a un total de 32 agentes de forma ilegal. Este caso le costó un puesto a un ministro, un viceministro, un asesor y varios jefes policiales.
El crecimiento económico en Perú ha sido de 2,8 por ciento, mientras que los medios de comunicación del país han tachado los programas sociales de costosos e ineficientes, y que en contraste, hubo un incremento excesivo de la burocracia estatal, de la cual se incluyen los sueldos.
Cifras oficiales indican que un millón 300 mil peruanos salieron de la pobreza y que más de 60 mil peruanos han recibido becas.
Ollanta Humala llegó al poder en 2011 como líder del Partido Nacionalista Peruano. Su gestión generó expectativas en Latinoamérica, debido a que se consideraba que finalmente la derecha de ese país (neoliberal y pro-EE.UU.) perdería peso y se sumaría a la ola de progresismo que recorría América Latina.
19 candidatos comenzaron en la carrera por la presidencia de Perú, pero solo 10 llegaron a la recta final por las exclusiones y renuncias que enmarcaron la campaña electoral.
La impugnación de tantas candidaturas no tiene precedentes en la historia electoral del país. De hecho, candidatos que aún siguen con oportunidades en los comicios del 10 de abril presentan procesos en contra.
11 días antes de las elecciones fue abierto un proceso contra el candidato de Peruanos por el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski. Según la petición de exclusión, el abanderado del PPK habría entregado "dádivas" a los asistentes de un mitin en la sierra central de Perú en enero de 2016.
La ley electoral de Perú fue puesta en tela de juicio. La candidata por Frente Amplio, Verónika Mendoza, cuestionó que las autoridades no aplicaran a Fujimori el mismo criterio que excluyó la postulación de César Acuña: el artículo 42 de la ley de organizaciones políticas que prohibe la entrega de dádivas o dinero.
Los pedidos de exclusión contra Keiko Fujimori se basan en la entrega de dinero de la candidata de Fuerza Popular a través del colectivo "Factor K", que según medios locales organiza actividades musicales con fines proselitistas. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) votó a favor de que Fujimori siguiera en la carrera por la presidencia.
El exsenador peruano Ricardo Napurí define brevemente a Perú como un país que tiene más de 30 años de gobiernos de liberalismo salvaje.
Alberto Fujimori desató una guerra civil en el país que dejó 70 mil muertos y 15 mil desaparecidos y dio un giro violento a una economía de liberalismo salvaje. "Las elecciones del 10 de abril de 2010 perpetuaron un sistema político y económico que ha perjudicado al país y al pueblo peruano", agregó el exsenador.
Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala "fueron elegidos por la emoción y no por la razón", durante sus mandatos llevaron a cabo políticas neoliberales disfrazadas de algunos programas sociales.
Alberto Fujimori llegó al poder al vencer en las elecciones de 1990 al escritor Mario Vargas Llosa, quien desistió ir a la segunda vuelta.
Su Gobierno estuvo marcado por escándalos de corrupción, asociación con narcotráfico, pago de editoriales, ataque y represión a las comunidades indígenas y a los movimientos de izquierda.
Durante la década de Fujimori se impulsó la entrega de los recursos mineros del país a empresas transnacionales y, por medio de la llamada inversión extranjera, las empresas estatales fueron privatizadas.
La constante violación de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad del Estado y la instauración de un estado del terror fueron otras de las características del Gobierno Alberto Fujimori.
Los cinco años de Gobierno de Alejandro Toledo siguieron los pasos de su antecesor. Permitió la injerencia de Estados Unidos en Perú con la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC).
La gestión estuvo signada igualmente por los casos de corrupción, (escándalos de hermanos, sobrinos), ineficiente creación de empleo y políticas sociales, vínculos con grupos narcotraficantes, falta de liderazgo e irrespeto a la democracia.
El Gobierno de Toledo se sostuvo gracias al apoyo de los sectores económicos y oligárquicos, más de los sectores populares.
En su primer mandato, Alan García fue acusado de corrupción y en 1992 tras el autogolpe de Alberto Fujimori se exilió en Colombia.
Su nuevo Gobierno continuó la práctica de entrega de recursos naturales a transnacionales, firmas de tratados de libre comercio, poca inversión social, incremento de la pobreza, desempleo y desigualdad social.
Durante el nuevo mandato de Alan García se intensificaron las demandas sociales y movilizaciones de trabajadores, represión policial-militar y enfrentamientos con comunidades. Al "Moqueguazo" (2008) se sumó el "Baguazo" (2009), así como las protestas en Espinar (en contra del proyecto Majes Siguas II) y en la comunidad cusqueña de La Convención (que no se beneficia directamente del gas que se explota bajo su mismo suelo).
Al término de su segundo Gobierno prevalecía la corrupción en el sistema de salud, entidades financieras y sindicatos obreros.
Ollanta Humala llegó al poder representando un cambio social que el pueblo reclamaba tras la instauración de la política neoliberal en Perú, sin embargo, sus tímidas reformas en los sectores de educación, el Estado y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no resolvieron los problemas de fondo, como el desempleo, la pobreza, la desigualdad social y la creciente inseguridad.
El quinquenio de Humala no escapó de las movilizaciones sociales de los sectores salud y campesinos que se intensificaron durante los últimos dos años.
Mal manejo de los recursos para los programas sociales y la falta de políticas sociales, así como la firma del Acuerdo Transpacífico son otra de las características de un gobierno que prometía cambios sociales y políticos profundos y no pasó de las palabras.
Los gobiernos de los últimos 25 años se han dedicado a perfeccionar y sistematizar el modelo neoliberal. Tres de cada 10 familias están endeudadas y el 51 por ciento de los profesionales laboran en áreas distintas en la que estudiaron.
El Estado no promueve la competencia sino el monopolio de las grandes transnacionales, no corrige las distorsiones de un supuesto mercado y aumenta la inequidad en la distribución de la riqueza.
La tan llamada bonanza económica producto de la inversión extranjera y los acuerdos comerciales no se han reflejado en obras sociales ni en programas para atender los problemas de pobreza, desempleo o desigualdad social. Cuando varios países de la región han presentado balances positivos en temas sociables, Perú sigue rezagado en esta materia.
Este es el Perú que está llamado a votar en las elecciones del próximo 10 de abril para elegir al nuevo presidente.