Pedro Castillo: una nueva esperanza para un Perú bicentenario

Finalmente el candidato del partido Perú Libre asume la Presidencia, con el desafío de cumplir con la promesa de realizar una Asamblea Constituyente y de gobernar un país que atraviesa una profunda crisis política, económica y sanitaria.

Así como doscientos años atrás, las élites limeñas intentaron frenar la gesta libertadora de José de San Martín, este año las clases dominantes peruanas hicieron su mayor esfuerzo para evitar el triunfo electoral de un docente cajamarquino. Pero al igual que hace dos siglos, fracasaron en el intento. Un mes y medio después de los comicios, el Jurado Nacional Electoral (JNE) reconoció los resultados de la segunda vuelta y ungió al profesor Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú.

Un maestro rural montado a caballo que recorrió el país pueblo a pueblo blandiendo el sueño de una reforma constitucional y la propuesta de redistribuir la riqueza. “No más pobres en un país rico”, el lema del partido Perú Libre, logró representar a las regiones más postergadas, a los sindicatos, a los campesinos y a las clases populares urbanas para imponerse finalmente por 42 mil votos a la candidata favorita del establishment peruano: Keiko Fujimori, que con solo 46 años perdió su tercer balotaje consecutivo, denunció fraude y dilató todo lo que pudo el reconocimiento de su derrota.

Este 28 de julio, a doscientos años de su independencia del reino de España, Pedro Castillo asumirá como presidente del Perú. Castillo, de 51 años, enfrenta ahora un desafío mayúsculo: cumplir con el compromiso que lo llevó a ser presidente. La Asamblea Constituyente es el caballo de batalla sobre el que se montó el profesor y los escenarios que se abren son diversos y complejos.

A la espera de que la opción constituyente se consolide, la certeza es que Pedro Castillo tendrá que lidiar con un Congreso hostil y opositor, con una historia reciente marcada por el habitual conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Los mandatos de PPK y Martín Vizcarra se caracterizaron por sendos recursos de Confianza y de Vacancia (el equivalente peruano de un impeachment cruzado en el que el Ejecutivo trata de vacar al Congreso y viceversa). Estos mecanismos institucionales dejaron un tendal de cuatro presidentes en apenas cuatro años y un clima de desconfianza en las instituciones que se prolonga hasta el día de hoy.

Pese al intento de explorar acuerdos parlamentarios, resulta evidente que esta senda será difícil para el profesor: la construcción de las mayorías necesarias implicarían complejos y amplios acuerdos políticos, que no parecen fáciles de alcanzar en un Congreso con mayoría de bancadas de derecha. Una primera muestra se dio con la elección de la Mesa Directiva del Parlamento, donde la lista de Perú Libre fue impugnada y terminó por imponerse la candidata del sector más conservador de Acción Popular, María del Carmen Alba, quién conducirá la legislatura en el período 2021-2022. Esta resolución plasma una correlación de fuerzas preocupante ya que será el Congreso la instancia encargada de aprobar a los ministros postulados por Castillo. Otro dato que preocupa es que la impugnación a la lista oficialista sumó 79 votos, apenas 8 menos de los necesarios para aprobar un recurso de vacancia.

Pese a ello, desde que se impusiera en las urnas, Castillo logró romper el bloque legislativo fujimorista, tendiendo acuerdos primero con el liberal Partido Morado y el social-liberalismo de Acción Popular e iniciando luego diálogos con partidos personalistas como Somos Perú (que llevó como primer candidato a Martín Vizcarra), Alianza para el Progreso (del empresario César Acuña) y Victoria Nacional, del exarquero de fútbol George Fosyth. En un Congreso en el que la lealtad a las bancadas es muy débil, incluso diputados que llegaron al parlamento de la mano del ultraderechista Rafael López Aliaga anunciaron que apoyarán gestiones de Perú Libre.

En cualquier caso, tal como hemos adelantado, el Congreso peruano es un espacio hostil para encabezar un proceso que pretenda desmontar el proyecto neoliberal desplegado al calor de la Constitución fujimorista de 1993. La vía más osada para hacerlo, sería la convocatoria a un referéndum constituyente, una consulta no exenta de obstáculos legales y que en su fórmula más probable implicaría que se reúnan las firmas correspondientes al 10 % del padrón electoral (unos 2,5 millones de avales), lo que habilitaría la realización de una consulta constitucional. Aunque aún no está todo dicho parece que la apelación a la movilización y el horizonte transformador constituyente serán las únicas cartas ganadoras que tiene el profesor para cumplir y capitalizar la idea del “cambio” que lo llevó al palacio de gobierno y evitar el desánimo de sus seguidores.

Entre tanto, la estrategia del fujimorismo no logró su objetivo final –la impugnación de las elecciones y la realización de una nueva segunda vuelta– pero consiguió dilatar la asunción, instalar la idea de fraude y socavar cierta legitimidad institucional en el sector más radicalizado de la oposición. Sin embargo, también pagó sus costos: perdió apoyo de aliados, menoscabó la confianza del sector indeciso y logró unificar a un amplio espectro de la sociedad peruana que se pronunció en defensa de la institucionalidad. Desde el presidente en funciones, Francisco Sagasti, hasta la Embajada norteamericana en Perú reconocieron el triunfo de Castillo, que la propia Keiko se negaba a aceptar.

La retórica combativa de Fujimori también permitió que surgieran grupos violentos de calle que bajo el nombre de “La Resistencia” salieron a asediar Lima en una suerte de cruzada “contra el comunismo”, con prédicas racistas y clasistas. Los ataques a militantes y periodistas por parte de esta formación hacen levantar las alertas sobre posibles escaladas de violencia y enmarcan con claridad el llamado a la “más amplia unidad” convocada por Castillo el día de su reconocimiento oficial.

La composición del gabinete también es expresión de los desafíos que enfrenta Castillo. La elección del economista y profesor universitario Pedro Franke como ministro de Economía y Finanzas se ha leído como una muestra de la búsqueda de perfiles dialogantes y con experiencia de gestión, algo imprescindible frente al complejo desafío de democratizar el ingreso en un país que acumula tres décadas de crecimiento sin redistribución. Francke, hasta la fecha responsable económico del equipo de Verónika Mendoza, llega al puesto luego de una intensa agenda de diálogo con los sectores del establishment peruano y con la firme convicción de avanzar en la redistribución de los beneficios de dos de los sectores más beneficiados durante las últimas tres décadas: las mineras y los bancos, un desafío mayúsculo pero a la altura de las necesidades del país.

Francke negó los rumores sobre expropiaciones y aseguró que construirá un equipo de “funcionarios de alto nivel”. “No habrá estatizaciones, ni expropiaciones, ni controles de precios”, explicó en diálogo con El País. El economista señaló la necesidad de imponer nuevos impuestos a los sectores más beneficiados por la exportación, como el cobre, y refrendó la decisión de continuar con la política de autonomía del Banco Central de Reserva. “De las experiencias latinoamericanas a mí me gusta más la uruguaya”, sentenció el economista.

El nuevo gabinete también expresa la alianza política que llega al Gobierno con el profesor: a los cuadros orgánicos de Perú Libre se le suman cuadros políticos y técnicos con amplia experiencia y recorrido (Economía y Salud) y los espacios cedidos a aliados, como Nuevo Perú, que ocupará los ministerios de Economía y Mujer, y el movimiento RUNA en Cultura.

Al frente de la Cancillería estará Héctor Béjar, sociólogo y escritor de 86 años, referente vinculado a los movimientos de izquierda y funcionario del Gobierno de Velasco Alvarado. El nombramiento de la socióloga Anahi Durand (Nuevo Perú) al frente del Ministerio de la Mujer viene a tirar por tierra los augurios de una gestión conservadora en materia de derechos de la mujer. Durand, doctora en Sociología por la UNAM, fue la jefa de plan de gobierno en la campaña de Verónika Mendoza y se propone trabajar en una política nacional de igualdad que integre un sistema de cuidados y políticas específicas para mujeres emprendedoras.

Un foco importante de la tensión en la alianza oficialista está puesta en la relación entre el presidente y el partido Perú Libre. La presión por distanciar a Castillo de Vladimir Cerrón (exgobernador de Junín, presidente de Perú Libre y uno de los principales cuadros de la estructura partidaria de izquierda) fue una constante que emergió desde los grupos de derecha pero que tuvo su eco en la propia izquierda. Sin embargo, gran parte de la capacidad política que pueda tener el futuro presidente reside en sostener el vínculo orgánico con su organización partidaria y conservar la unidad interna y las alianzas que ha sabido construir. A priori, profundizar la distancia entre Cerrón y Castillo pareciera ser una apuesta que encaja mejor en los planes de quienes quieren que no haya grandes cambios más que una ventaja para los que necesitan un amplio abanico de fuerzas que permita avanzar en cambios estructurales.

Finalmente, el avance del proceso constituyente podría generar un reordenamiento en la derecha. El desgaste de Fujimori en su proceso de apelación de los resultados electorales augura una recomposición orgánica en la oposición, fragmentada en sus representaciones políticas y parlamentarias y huérfana de un liderazgo que pueda aglutinarla. Los reacomodos parlamentarios dan cuenta de que Castillo tendrá margen para dialogar con un sector más moderado pero que encontrará una fuerte oposición en Fuerza Popular, Renovación Nacional y Avanza País (cuyas bancadas sumadas alcanzan 43 escaños sobre 130).

A doscientos años de la independencia de Perú, con un desafío de proporciones monumentales, el profesor Castillo enfrenta un momento bisagra para la historia del país. Solamente la transformación de las reglas del juego, la redacción de una nueva Constitución y la apelación a la movilización y la organización popular podrán evitar los tejes y manejes que el establishment peruano ya demostró que domina a la perfección en las instituciones y palacios.