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La petrolera estadounidense Chevron- Texaco operó en Ecuador desde 1964 hasta 1990, en más de 20 años, explotó el petróleo del país sin utilizar los mecanismos recomendados para proteger la naturaleza y ocasionó graves daños ambientales que se han negado a reconocer.

La petrolera estadounidense Chevron- Texaco operó en Ecuador desde 1964 hasta 1990, en más de 20 años, explotó el petróleo del país sin utilizar los mecanismos recomendados para proteger la naturaleza y ocasionó graves daños ambientales que se han negado a reconocer. | Foto: Archivo

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La propuesta de Correa es crear un juzgado en el que países con bajos ingresos, por ejemplo Ecuador, puedan ser compensados por daños al ambiente, tal como han hecho la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009.

El presidente Rafael Correa culpó a “la corrupción” por el dictamen de la Corte del Distrito de la Haya que favoreció a la gigante petrolera Chevron. La compañía fue exonerada de cualquier responsabilidad en relación con la contaminación en el Amazonas.

En 2013, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador afirmó que un dictamen anterior había declarado culpable a Chevron por el caso de contaminación ambiental en el Amazonas ecuatoriano y se había fijado una compensación de 9.5 millardos de dólares.

La respuesta de Chevron fue que no se plegaría a la decisión de la Corte Suprema y se embarcó en una campaña para deslegitimar la sentencia y buscó apoyo en organismos internacionales de arbitraje.

Un tribunal de arbitraje, bajo la autoridad del tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y EE.UU., emitió varios laudos parciales que favorecían a la compañía petrolera Chevron.

El tribunal ordenó a Ecuador suspender la ejecución de la sentencia de 9.5 millardos de dólares que se había impuesto a Chevron y además castigó al Estado ecuatoriano por intentar que se cumpliera la sentencia en otras jurisdicciones, por ejemplo, Canadá y Brasil. Chevron se ha negado a pagar y ya no posee ningún activo en Ecuador, es por ello que Ecuador se ha visto en la necesidad de buscar la justicia en otros países.

El argumento de Ecuador es que el tribunal no tiene jurisdicción en el caso y, por tanto, ha violado la soberanía del país.

“Este fallo arbitral es ilegitimo e ilegal porque Chevron está utilizando un tratado de inversiones que firmaron Ecuador y EE.UU. en 1995, tres años después que la petrolera había finalizado sus operaciones en Ecuador; ellos quieren aplicar este tratado de manera retroactiva y eso va en contra de los principios legales”, declaró a teleSUR, Santiago Escobar, director de la Campaña Anti-Chevron.

Un jurado de la Corte de Distrito de la Haya rechazó la tesis de Ecuador bajo el argumento que el país estaba atado a los términos del tratado bilateral de inversión.

Dicho jurado también afirmó que no puede responsabilizarse a Chevron por los casos de contaminación ya que el gobierno ecuatoriano certificó el trabajo de limpieza que llevó a cabo la compañía petrolera.

El presidente Correa ha cuestionado la legitimidad de la decisión del gobierno ecuatoriano de ese entonces liderado por Jamil Mahuad.

“Todo esto es fruto de la corrupción: haber firmado en 1998 que Chevron había limpiado ‘todo’”, expresó Correa a través de su cuenta oficial de Facebook.

Mahuad fue un presidente muy impopular que favoreció las políticas neoliberales y las compañías transnacionales. Sus políticas eventualmente llevaron a un completo colapso de la economía ecuatoriana, él fue depuesto en un levantamiento.

 

El clima de justicia en la arena internacional

En la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático (COP 21) en París, el presidente Correa llamó a la creación de una corte internacional de justicia climática para, precisamente, manejar casos como el de Chevron, que, de otra manera, se dirimen en los tribunales que responden a los tratados de inversiones.

“La decisión del tribunal del tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y EE.UU. es reprochable, pero no es una sorpresa; ese es un tribunal privado, parte del Banco Mundial que como sabemos trabaja en conjunto con las compañías transnacionales y banqueros y defiende sus intereses en lugar de los ciudadanos”, expresó Escobar.

La propuesta de Correa es crear un juzgado en el que países con bajos ingresos, por ejemplo Ecuador, puedan ser compensados por daños al ambiente, tal como han hecho la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009.

 

Chevron alaba la decisión

Chevron respondió de manera positiva a la decisión de la Corte de Distrito de la Haya.

“La decisión de hoy refuerza la integridad de los procedimientos arbitrales y asegura que Ecuador tendrá que rendir cuentas por las violaciones a sus compromisos internacionales”, expresó la compañía en una declaración difundida el viernes.

“Esperamos el fallo final del tribunal del caso que debería responsabilizar a Ecuador por los múltiples fraudes que se cometieron contra Chevron durante el caso Lago Agrio”.

Chevron alega que la decisión en su contra de cancelar 9.5 millardos de dólares se logró de forma fraudulenta.

El Tribunal de Distrito de la Haya estuvo de acuerdo con la compañía petrolera y afirmó la decisión parcial del tribunal del tratado de inversiones cuando opinó que “las medidas parciales que tomó el tribunal no pueden explicarse de otra manera que por el hecho de que cuando se tomaron las medidas, el tribunal aparentemente tenía evidencia clara que el pronunciamiento del juez en primera instancia en el procedimiento del caso Lago Agrio… fueron fraudulentos”.

Del mismo modo, la corte también rechazó el reclamo de Ecuador sobre las decisiones del tribunal de tratado de inversiones que violaban los derechos de los ecuatorianos de vivir en un ambiente libre de contaminación, derecho que está contemplado en la constitución ecuatoriana.

En marzo de 2014, el juez estadounidense, Lewis Kaplan, determinó que la compensación se había logrado de manera fraudulenta. Su decisión se apoyaba, en gran parte, en el testimonio de un hombre llamado Alberto Guerra, que afirmaba que el juez ecuatoriano había ofrecido fallar de manera favorable a los demandantes a cambio de un soborno.

Sin embargo, la confiabilidad del testimonio está siendo cuestionado porque él admitió que fue motivado por intereses financieros personales. También admitió bajo juramento que había mentido para ubicarse en una mejor posición en las negociaciones con Chevron.

Escobar advirtió que Ecuador podría perder el fallo final del tribunal de inversiones; eso llevaría a que los ecuatorianos tengan que pagar el precio porque el Estado, a raíz de las represalias internacionales y sin acceso a créditos, no podrá continuar invirtiendo en los programas sociales.


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