TeleSUR _ Fecha: 03/02/2010
Familiares de las personas desaparecidas en la masacre ocurrida en el Palacio de Justicia en Bogotá hace 24 años calificaron de "extraño" el reconocimiento de dos cadáveres de presuntas víctimas en un laboratorio de la Universidad Nacional, luego que se había afirmado que todos los restos encontrados no responden a los de los fallecidos en la masacre.
"Es muy sospechoso que después de 24 años que nos decían que no había en la Universidad Nacional más cuerpos de víctimas, se encuentren 50 restos que nunca nadie quiso identificar", dijo René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las desaparecidas.
A raíz de los enfrentamientos entre el grupo Movimiento 19 de abril y fuerzas militares durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, originados por la toma del Palacio de Justicia colombiano por parte de los rebeldes, fueron reportadas más de 50 personas fallecidas.
Tras un estudio realizado en 2001 por la Universidad Nacional a los restos de las personas que perdieron la vida hace 24 años, se evidenció que ninguno de ellos corresponde a las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia, excepto el de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería del edificio, según Guarín.
El familiar de una de las víctimas agregó que ese resultado no puede tomarse como prueba a favor o en contra de los militares que están siendo investigados por la masacre.
Por otro lado, los investigadores de la Fiscalía encargados del caso, señalaron que encontraron una pista fundamental para esclarecer los hechos, luego de haber ingresado en diciembre pasado al laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional.
Entre los despojos de las víctimas, se hallan al menos dos personas que responden a la identificación de empleados de la cafetería del Palacio y que sobrevivieron a la toma y la contratoma, y posteriormente murieron.
Pese a haber utilizado las más modernas técnicas para el análisis forense, no se determinó la causa del deceso de las víctimas.
La Fiscalía no descarta que entre los restos se encuentren las nueve personas más que figuran como desaparecidas de esa masacre.
Otras fuentes indican que los cuerpos que se llevó la Fiscalía en diciembre, llegaron a la Universidad tan sólo días después de los enfrentamientos y fueron utilizados en prácticas forenses.
"Esos esqueletos eran usados en experimentos con los estudiantes. Aquí siempre se rumoró que tenían que ver con los desaparecidos del Palacio", dijo una fuente cercana a la Universidad Nacional, que pidió mantenerse en anonimato.
Ante esta realidad, la Fiscalía mantiene la hipótesis de que los restos mortales aún estaban vivos al salir del Palacio de Justicia y su suerte es responsabilidad de los altos mandos militares que lideraron la operación y las acciones de inteligencia.
En tanto, la Fiscalía se mantiene en la búsqueda de nuevos indicios para dar con la verdad de lo ocurrido hace más de 20 años, como el por qué las víctimas fueron enviadas al laboratorio universitario a días del crimen.
A finales del mes de febrero, se conocerá la sanción que pesará sobre el coronel Alfonso Plazas Vega, quien dirigió la operación de contratoma y uno de los cuatro altos mandos militares que permanecen en juicio por las muertes de la máxima entidad de justicia colombiana.
El coronel Plazas Vega es acusado por secuestro y desaparición agravados.
Para el jueves continuará el proceso contra el general (r.) Iván Ramírez (jefe de Inteligencia del Ejército), y el lunes el del general (r.) Jesús Armando Árias Cabrales, ex jefe de la Brigada 13, ambos acusados por desaparición.
Por su parte, el coronel (r.) Edilberto Sánchez está acusado por haber conducido los interrogatorios a los sobrevivientes en la Casa del Florero, ubicada frente al Palacio.
El Palacio de Justicia de Bogotá, que albergaba la Corte Suprema y el Consejo de Estado entre otras instituciones, fue tomado por un grupo de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19), acción que fue respondida por militares colombianos y generó un episodio de enfrentamientos los días 6 y el 7 de noviembre de 1985.
Durante el tiempo que permaneció la ocupación del Palacio de Justicia, murió más de medio centenar de personas, entre las que se encontraban el presidente de la Corte, Reyes Echandía, más de una decena de magistrados, auxiliares de distintas salas, soldados, policías y al menos 40 de los rebeldes del M-19.
De las víctimas mortales, once personas fueron dadas por desaparecidas, y la sede del Palacio, situada en pleno centro de la capital colombiana y a escasos metros del Palacio Presidencial, quedó destruida.
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