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Ya son 31 los militares que son puestos en libertad condicional luego que fueran acusados de estar implicados en casos de falsos positivos. La organización que apoya a los familiares de las víctimas aseguraron que llevarán el caso a la Corte Penal Internacional. |
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TeleSUR _ Fecha: 13/01/2010
Otros siete militares implicados en la ejecución de jóvenes civiles que habían sido presentados como guerrilleros muertos en combate, casos comúnmente llamados como "falsos positivos", fueron puestos en libertad condicional este miércoles, elevando a 31 el número de uniformados beneficiados por el vencimiento de términos judiciales.
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, calificó de "escándalo internacional" la liberación de estos militares, mientras familiares de las víctimas anunciaron que llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
"Es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad, internacionalmente y ello implica una debilidad en nuestras instituciones y para la administración de justicia", aseguró el Procurador en entrevista con una radio local.
Señaló que "hay que tomar decisiones para devolverle la credibilidad institucional a la Judicatura (...) es necesario reflexionar en aspectos lacerantes para la justicia".
La decisión de liberar a un teniente coronel, un cabo y cinco soldados responde a los mismos motivos por los que se actuó la libertad condicional de los otros 24 militares.
Este martes, el juez segundo de Soacha, en el departamento de Cundinamarca (centro), Fernando Sarmiento, ordenó la libertad de un grupo de seis militares vinculados presuntamente en la desaparición y posterior asesinato de Julio César Meza y Johnatan Soto.
El jurista indicó que con esta decisión no se estaba incurriendo en impunidad, sino que se está cumpliendo con la ley.
Los jueces que han liberado a los militares coinciden con que se habían superado los 90 días previstos en la ley para que la Fiscalía llamara a los militares a juicio.
"Si en este momento se están dando los presupuestos legales suficientes para otorgarles la libertad por vencimiento de término no podemos ser testarudos en ese sentido", manifestó el juez.
Agregó que "la decisión que se está tomando en este momento es una connotación objetiva, que es sólo vencimiento de términos, y no admite otro tipo de consideraciones".
De igual forma, solicitó a los familiares de las víctimas "comprensión" y que sólo se podía hablar de impunidad cuando haya una sentencia final.
Por su parte, la directora del Proyecto Justicia y Vida, Lilia Solano, organización no gubernamental que acompaña a las víctimas de Soacha, anunció que ante estos actos de impunidad llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
"Es absolutamente aberrante lo que está pasando", denunció Solano, quien además solicitó el apoyo de la comunidad internacional.
En el mes de agosto de 2008, las víctimas de Soacha fueron contactadas en un comercio de esa localidad por una persona que les ofrecía empleo en otras zonas del país y, pocos días después, sus cuerpos aparecieron como caídos en combate en el departamento de Norte de Santander (nordeste), en uno de los primeros casos.
La Fiscalía, que investiga más de mil 200 casos relacionados con falsos positivos, señaló que apelará la decisión e interpondrá un recurso de reposición.
Las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos son conocidos en el país sudamericano como la muerte de civiles, jóvenes y campesinos, principalmente, que posteriormente son presentados como miembros de grupos armados irregulares caídos en combate, por lo que los militares recibían beneficios económicos y permisos especiales.
teleSUR-EFE-El País (Colombia)/ dag-PR
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