TeleSUR _ Fecha: 20/11/2009
El Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura manifestó, a través de un informe final sobre Colombia, su preocupación por la implicación de agentes estatales en los casos de tortura en los últimos cinco años y la "disminución global" de las denuncias sobre estos crímenes en la nación.
El documento de la ONU, hecho público en Ginebra (centro) Suiza, señala que "el Comité está especialmente preocupado por la información que indica un aumento de casos que señalan una participación directa por parte de los agentes estatales" en los casos de tortura.
Asimismo, agregó que la tortura en Colombia "es alta y corresponde a patrones específicos que indican una aplicación generalizada".
El informe final de la ONU señala también su preocupación por la ausencia de un sistema centralizado para la recopilación de datos acerca de los casos de tortura, lo que impide "tener claridad del número total de casos denunciados, investigados y sancionados".
ONU reconoció las iniciativas del país sudamericano para contrarrestar la impunidad, pero señaló que esto no impide que el Comité observe problemas como la "falta de información fidedigna sobre los casos de tortura".
Bajo estas circunstancias el Comité exhortó a Colombia para que "cumpla las obligaciones contenidas en la Convención contra la Tortura", con penas "que tengan en cuenta su gravedad" y que se le considere como un delito autónomo.
El órgano de la ONU puntualizó en su informe "la persistencia de graves violaciones conexas a la tortura, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las violaciones sexuales y el reclutamiento de niños".
Los expertos del Comité expresaron su inquietud por la "alta incidencia" de detenciones arbitrarias y considera que "las detenciones sirven para estigmatizar a ciertos grupos como líderes sociales, jóvenes, indígenas, afrocolombianos y campesinos".
Para la ONU la actuación del Ejecutivo colombiano en los casos de desapariciones forzadas ha sido lenta y lamentó que la Casa de Nariño (Palacio de Gobierno de Colombia) se haya opuesto a un proyecto de ley para el encarcelamiento de casos de este tipo y la identificación de cadáveres en fosas comunes.
Asimismo, expresó su preocupación sobre las violaciones sexuales, por su utilización como arma de guerra y por aquellas que son "atribuidas a la fuerza pública", por lo que instó al Gobierno colombiano a adoptar medidas "eficaces y urgentes para erradicarla".
"La violencia sexual atribuida a la fuerza pública debe ser investigada, enjuiciada y firmemente sancionada", añadió el Comité.
El Comité de la ONU abordó también el caso de reclutamientos de niños y niñas y señaló que "ellos son usados en el conflicto interno y la fuerza pública los utiliza con propósitos de inteligencia".
Igualmente, mencionó que las ejecuciones extrajudiciales civiles han sido "presentadas por la fuerza pública como muertos en combate", por lo que consideró que la Justicia militar debe dejar de asumir la jurisdicción de casos de violaciones graves de los derechos humanos.
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