El ministro de Defensa boliviano,
Walker San Miguel, acusó este miércoles al Órgano
Electoral Plurinacional (OEP) de actuar incorrectamente y con
parcialidad a favor del ex prefecto de Pando (norte) y candidato a la
Vicepresidencia, Leopoldo Fernández, al haber pedido al
presidente, Evo Morales, que se le permita hacer campaña desde
la cárcel en la que se encuentra investigado por una masacre.
"Si bien la OEP llevó
adelante con éxito el proceso de empadronamiento electoral
biométrico, en lo que a resoluciones se refiere sobre las
campañas electorales, obtuvo una nota de aplazo al tomar
posición sobre las campañas", dijo San Miguel.
El ministro se refirió
específicamente a la resolución aprobada por el OEP en
Sala Plena que le envío el pasado lunes una carta oficial al
presidente, Evo Morales, en la que le insta a instruir al Ministerio
de Gobierno para que le otorgue las garantías suficientes al
candidato a la Vicepresidencia del Plan Progreso para Bolivia (PPB),
Leopoldo Fernández Ferreira.
Ante esto, el Gobierno instó
este miércoles al OEP a someterse a los mandatos de las leyes
bolivianas, en especial al Código Electoral, antes de aprobar
resoluciones que muestran una tendencia de parcialidad con ciertos
candidatos.
Fernández Ferreira está
recluido desde el pasado 18 de septiembre de 2008 en el penal de San
Pedro en calidad de detenido preventivo para ser investigado por los
hechos sucedidos el 11 de septiembre en la localidad de Porvenir, en
el departamento de Pando, donde fueron asesinados más de una
decena de campesinos y muchos más heridos por paramilitares
que respondían al mando del entonces prefecto de ese
departamento.
San Miguel dijo que el OEP peca de
desconocimiento jurídico al no percatarse que las
determinaciones sobre un detenido preventivo corren por cuenta de un
Juez y no del Poder Ejecutivo, pues señaló que
Fernández se encuentra en reclusión preventiva por
orden judicial y por ello debe trasladar su petición al juez
que investiga su caso para que éste valore si su participación
en una rueda de prensa puede provocar un riesgo de fuga o la falta de
seguridad en el penal.
Además agregó que la Ley
de Ejecución Penal, que fue aprobada por el ex presidente
Jorge Quiroga Ramírez y el entonces presidente del Senado,
Leopoldo Fernández, está actualmente en vigencia. La
misma subraya que todos los detenidos con penas ejecutoriadas o en
forma preventiva deben someterse a un régimen disciplinario.
El ministro informó que el
presidente Morales devolverá la resolución del OEP que
le insta a facilitar que Fernández Ferreira, ex prefecto de
Pando, goce de garantías por encima de las autorizadas por la
Ley para hacer campaña proselitista con entrevistas ante los
medios de comunicación y subrayó que las autoridades
están dispuestas a debatir el asunto con la ley en la mano con
los abogados de la OEP para demostrar la razón del
posicionamiento oficial al respecto.
Para el funcionario, Fernández
ha sido designado como candidato a la Vicepresidencia, no para
participar con lealtad en las elecciones de diciembre próximo,
sino para utilizar ese acto electoral como un salvavidas que le dé
impunidad sobre su responsabilidad en los hechos de Porvenir o para
victimizarlo a fin de que no responda sobre la muerte de campesinos.
San Miguel denunció que,
curiosamente, el pedido de la defensa de Fernández, firmado
por el candidato presidencial del PPB, Manfred Reyes Villa, y por la
hija del ex prefecto Pamela Fernández, fue enviada al OEP el
15 de octubre pasado y la resolución de ese organismo
electoral salió el mismo día.
