TeleSUR _ Fecha: 03/07/2009
Pese a que el gobierno de Perú declaró "ilegal" una protesta de organizaciones sociales convocada para la próxima semana, estos sectores continúan los preparativos para realizar una serie de huelgas regionales y movilizaciones.
El secretario de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Mario Huamán, manifestó que la central no cesará en su lucha frente a un sistema político y económico que genera bajos salarios, despidos, encarecimiento y violación permanente de derechos laborales y privilegia a algunos empresarios.
Precisó que el próximo 8 de julio saldrán a las calles en Lima (capital de Perú) para expresar el descontento social frente a la imposición gubernamental de normas que afectan la calidad de vida de los peruanos.
El dirigente expresó que demandarán el cambio del modelo económico neoliberal vigente desde la década pasada, y la anulación de casi un centenar de decretos dictados para adecuar la legislación peruana a un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Dos de esos decretos fueron eliminados por el gobierno en mayo pasado, luego de más de dos meses de protestas de los indígenas amazónicos, que dejaron un saldo de más de 30 personas muertas y decenas de heridos.
Las movilizaciones respaldan otras demandas de los nativos, cuyos dirigentes exigieron el pasado jueves al primer ministro de esa nación, Yehude Simon, el pago una indemnización y una pensión para las familias de los indígenas caídos.
Tales protestas respaldarán igualmente las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y los transportistas, que el pasado martes paralizaron con una huelga a Lima y otras ciudades.
En este sentido, el ex primer ministro y legislador aprista Jorge del Castillo dijo que el Partido Nacionalista (PNP) y el Partido Comunista-Patria Roja, promueven las protestas "para desestabilizar al país con fines golpistas".
Ambos partidos rechazaron acusaciones de ese tipo y mantienen su apoyo a las demandas sociales.
El vocero de bancada parlamentaria aprista, Aurelio Pastor, sostuvo que los servicios de inteligencia identificaron a los "agitadores" que promueven el caos para adelantar las elecciones previstas para 2011 y el gobierno debe actuar contra ellos.
El ministro de Trabajo, Jorge Villasante, afirmó que el llamado paro andino, amazónico y popular, a realizarse del 7 al 9 de julio próximo, es "ilegal" por no haber sido comunicado al citado organismo y advirtió que "serán sancionados quienes no asistan al trabajo en esas fechas".
Al mismo tiempo, dirigentes del Partido Aprista intensificaron la campaña oficial que pretende atribuir las protestas sociales a una conspiración desestabilizadora con supuesta injerencia externa.
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