El gobierno ecuatoriano exhortó este jueves a las autoridades colombianas a no agravar la crisis que mantiene rotas sus relaciones diplomáticas desde marzo de 2008, al considerar que la reacción ante una orden de arresto contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, es desmedida. Un juez ecuatoriano ordenó la captura de Santos el pasado lunes, por su responsabilidad en la muerte de 25 personas, incluido el miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, durante un ataque del Ejército colombiano a un campamento clandestino de ese grupo insurgente en Ecuador en marzo de 2008.
Ante el anuncio de la orden, Bogotá consideró que la medida representa una agresión de Ecuador hacia Colombia, lo cual fue desestimado este jueves por el ministro de Seguridad ecuatoriano, Miguel Carvajal.
"No es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político", declaró Carvajal.
El funcionario dijo a la radio local que, "siendo un proceso judicial (...), es absolutamente desmedido, inadecuado, pretender responder, como lo ha hecho el ex ministro Santos, diciendo que esto es una agresión a Colombia".
En la acción militar de Colombia, que es considerada por Ecuador como una violación a su soberanía, también murieron cuatro mexicanos y un ecuatoriano que se encontraban en el campamento provisional del grupo rebelde que fue bombardeado.
Santos, quien dejó el Ministerio de Defensa colombiano con intenciones de postularse a la Presidencia, consideró como una agresión a su país la orden de arresto.
"Ecuador es un país de derecho", insistió Carvajal y añadió que en el caso de la incursión colombiana "hubo un hecho violento, una violación a la soberanía ecuatoriana y fuerzas militares extranjeras durante once horas ejerciendo autoridad en territorio ecuatoriano, en la que muchas personas que murieron".
"Eso es un hecho público que amerita una investigación", enfatizó el funcionario ecuatoriano.
El pasado miércoles el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo que la decisión judicial contra Santos "es una amenaza a los colombianos, es una amenaza de negarle a los colombianos el derecho de recuperar la seguridad".
En marzo de 2008 fuerzas del Ejército colombiano se adentraron en territorio ecuatoriano para arremeter contra un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que previamente había sido objeto de un previo bombardeo aéreo.
Al notificarle la acción al presidente de Ecuador, Rafael Correa, Uribe expresó que se trató de una respuesta al fuego de guerrilleros contra comandos del Ejército, lo cual fue desmentido posteriormente por las autoridades ecuatorianas, que en su investigación de los hechos corroboraron que las víctimas del ataque fueron masacradas mientras dormían.
Ante la evidencia de una violación a su soberanía, Correa rompió las relaciones diplomáticas de su país con Colombia, situación que hasta la fecha se mantiene, aún cuando días después del incidente, en la XX Cumbre del Grupo de Río realizada en República Dominicana, ambos mandatarios tuvieron un acercamiento.
