Alertan sobre crisis presupuestaria en Fuerzas Armadas colombianas

La Contraloría General de Colombia, advirtió este jueves que la financiación y la dotación de 38 mil  hombres incorporados a las Fuerzas Armadas de ese país, no sería sostenible presupuestalmente después del 2010, ya que la situación se ha visto agravada por la crisis financiera global.

El titular de este organismo, Julio César Turbay Quintero, hizo estas apreciaciones tomando en cuenta las dificultades financieras de las empresas que está provocando la crisis económica lo que según él, conduciría a una morosidad en el pago del impuesto al patrimonio que se vence el año próximo.

En un informe de seguimiento a la ejecución de los recursos destinados al fortalecimiento de la Defensa y Seguridad del Estado puso en entredicho también la disponibilidad de recursos que requiere este sector.

El contralor fundamenta sus temores, en las dificultades financieras de las empresas que está provocando la crisis económica lo que, en su opinión, las conduciría a una morosidad en el pago del impuesto al patrimonio que se vence en el próximo año.

Para Turbay Quintero, estos hechos podrían afectar la consolidación de la Política de la Seguridad Democrática.

El contralor se mostró contrario a la posibilidad de hacer extensivo el impuesto a la guerra a la clase media. Dijo que la financiación del gasto en defensa y seguridad debe consultar la situación de crisis y la realidad tributaria del país.

"La decisión de volver permanente el recurso extraordinario utilizado durante los últimos años para incrementar el gasto en defensa y seguridad, debe tomarse consultando las realidades del país en materia tributaria, sin caer en reformas lesivas para los contribuyentes y en especial para las bases populares", indicó Turbay Quintero.

"Hasta el momento los sectores económicos con mayor riqueza son los que han financiado este gasto y es importante que, ante la necesidad de contar con una fuente permanente de recursos, estos sigan contribuyendo", dijo el contralor y llamó la atención sobre la desaceleración de la economía y la devaluación del dólar.

Todo esto de cara a las dificultades financieras que pueden enfrentar las empresas declarantes del impuesto al patrimonio, lo que podría traducirse en una alta morosidad en el pago del impuesto, afectando el flujo de caja necesario para asumir dicha obligación, especialmente en relación al personal empleado.