El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes por aclamación el pedido del gobierno de Honduras, que solicitó al organismo internacional apoyo para preservar la institucionalidad democrática del país, esto tras la crisis política que se desarrolló en esta nación desde el pasado miércoles cuando poderes públicos desconocieron la envestidura del primer mandatario, Manuel Zelaya. Se resolvió además instruir al Secretario General del organismo, José Miguel Insuza, para que envíe una comisión especial para que analice los hechos.
En ese sentido, de acuerdo a los términos del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, la OEA resolvió "acoger el pedido del Gobierno constitucional y democrático de Honduras en el sentido de prestar apoyo para preservar y fortalecer la institucionalidad democrática del país, dentro del marco del estado de derecho".
Además, resolvieron realizar un llamado a todos los actores políticos y sociales de esa nación "para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho a fin de evitar la ruptura del orden constitucional y de la paz social que pueda afectar la convivencia entre los hondureño".
La OEA, además, aprobó instruir al Secretario General de esta Organización, José Miguel Insulza, para que constituya, con carácter de urgencia, una Comisión Especial que visite Honduras con el objetivo de hacer un análisis de los hechos y contribuir a un diálogo nacional amplio "a fin de encontrar soluciones democráticas a la situación existente e informar de sus gestiones al Consejo Permanente".
Durante la reunión extraordinaria los miembros acordaron que debido al momento que atraviesa Honduras, el proyecto de resolución "recoge los elementos esenciales para enfrentar una situación de esta naturaleza y exigir una respuesta pronta".
El gobierno del presidente Manuel Zelaya ha denunciado ser objeto de un intento de golpe de Estado técnico de parte del Congreso nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia de su país.
Estos poderes públicos y militares de Honduras se han opuesto al llamado a una consulta popular, avalada por la firma de más de 500 mil ciudadanos hondureños, para la convocatoria a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, desconociendo al jefe de Estado de ese país en el proceso.
La consulta, que se llevará a cabo el próximo domingo, fue declarada este jueves de "inconstitucional" por el Congreso de Honduras, órgano legislativo que además pidió a las Fuerzas Armadas no distribuir el material electoral para ese proceso popular.
Por desacato a las órdenes de comenzar a distribuir el material electoral para la consulta popular que se desarrollará el próximo domingo, Zelaya, en calidad de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, destituyó de su cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto de ese país centroamericano, Romeo Vásquez.
Posteriormente, en desconocimiento a la decisión presidencial, en la Corte Suprema de Justicia, la magistrada hondureña, Rosalinda Cruz, ordenó la inmediata restitución de Vásquez en su cargo al frente de las Fuerzas Armadas.
Este viernes, como parte de las acciones para desconocer al jefe de Estado, el Congreso de Honduras nombró una comisión especial de parlamentarios para determinar si el presidente Zelaya sufre o no de demencia.
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