TeleSUR _ Fecha: 20/06/2009
El alcalde de la región peruana de Bagua, Luis Núñez, informó este sábado que las autoridades a cargo de la investigación de la masacre cometida el pasado 5 de junio en esa zona, donde murieron un número indeterminado de personas, darán un informe oficial la próxima semana sobre los desaparecidos tras la represión policial .
En contacto telefónico exclusivo con teleSUR, la autoridad local explicó que para este informe, "se recogerán las informaciones que llegan de las comunidades nativas para cuantificar la cantidad de indígenas que podrían estar faltando".
Núñez manifestó que en este momento la población ha recobrado la paz y la tranquilidad en esta zona.
En cuanto a los heridos por la represión policial contra la protesta que llevaban a cabo los indígenas, el alcalde informó que "fueron dados de alta, no hay ninguna preocupación".
"A las autoridades competentes, como el Poder Judicial y el Ministerio Público se les hará entrega de las fotos y los videos que permitan determinar la responsabilidad de algunas personas y será competencia de las autoridades identificar quienes podrían estar infiltrados en estos hechos", añadió.
Al referirse a la visita del relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya; Núñez afirmó que "cuando llegó la comisión hemos viajado a Lima para poder participar en la mesa de diálogo con el primer ministro peruano Yehude Simon, y me han informado que la reunión se ha llevado con normalidad".
El viernes, al concluir su visita, el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, pidió la apertura de una investigación imparcial sobre la represión policial que el pasado 5 de junio dejó un número indeterminado de muertos en la norteña localidad de Bagua, y añadió que a su juicio sí hubo una violación de los derechos humanos.
El Ejecutivo peruano aprobó una serie de decretos sobre la tierra y el medio ambiente que los indígenas consideraron lesivos para sus derechos, y que fueron aprobados para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a la legislación peruana.
Estos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y maderero, estos reglamentos han sido tajantemente rechazados por más de 65 etnias indígenas de Perú.
Según los indígenas, con dicha legislación se contraviene su derecho a la consulta, contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que suscribió Perú, además, alegan que con la implementación de dichas normas se violenta su derecho a la vida.
Por esta razón, los nativos iniciaron el pasado 9 de abril una protesta con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos.
La protesta de los indígena peruanos llegó al punto de mayor tensión el pasado 5 de junio cuando las autoridades peruanas reprimieron a los nativos en Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo.
Después de mantenerse firme contra las demandas de los indígenas, el pasado lunes el Ejecutivo peruano dio marcha atrás y aceptó pedir al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964. El llamado del gobierno fue atendido el jueves por el Parlamento que derogó estos decretos.
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