El Ejecutivo peruano presentará el próximo miércoles al Congreso de ese país un proyecto de ley que derogue los decretos legislativos 1090 y 1064, que han sido motivo de una protesta iniciada el pasado mes de abril por varias etnias indígenas de la Amazonia peruana, que fue objeto de una sangrienta represión policial el pasado sábado 5 de junio.
Así lo informó el primer ministro peruano, Yehude Simon, quien además señaló que su cargo será puesto a disposición al finalizar la crisis que provocó la aprobación de los referidos decretos, rechazados por los pueblos indígenas por considerar que pueden perder sus tierras ancestrales en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.
"Mañana (martes) mismo vamos a presentar el proyecto de ley pidiendo al Congreso que se derogue el decreto 1090 y el 1064", indicó Simon.
"Si mi presencia es una traba (Â…), no tendré problemas en retirarme", acotó el primer ministro de Perú, cuya renuncia fue exigida por el movimiento indígena de ese país, luego del genocidio llevado a cabo por la policía peruana contra la protesta del pasado 5 de junio, cuando murieron más de 40 personas.
Simon realizó el anuncio desde la provincia de Chanchamayo, en el central departamento peruano de Junín, donde junto al ministro del Ambiente, Antonio Brack, se encuentra dialogando con las comunidades nativas a fin de poder lograr una solución al conflicto.
Respecto al anuncio hecho por Simon, el vocero de la bancada en el Parlamento del Partido Nacionalista, el congresista Freddy Otárola, restó importancia al anuncio al sostener que existe un proyecto de ley que ya planeta la derogatoria de los mencionados decretos.
Por su parte, el parlamentario fujimorista Rolando Sousa, manifestó que la medida demuestra las "idas y venidas" del Ejecutivo y lamentó que la misma no se haya presentado antes, toda vez que hubiera evitado muchas muertes.
Adicional a la petición de derogar los decretos, Simon también reveló que el Gobierno peruano pondrá fin al estado de sitio que ha mantenido desde hace más de dos semanas en la ciudad de Bagua (norte), localidad amazónica en la que se ha desarrollado con más fuerza la protesta nativa.
También se acordó con los indígenas, según el premier peruano, que éstos procederían a levantar los bloqueos que mantienen en varias carreteras en la selva por un período de cuatro horas, hasta que se oficialice la derogatoria de los mencionados decretos.
Cerca de 65 etnias de la Amazonia han impulsado la protesta desde el pasado 9 de abril, con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos que consideran son únicamente para viabilizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Perú con Estados Unidos.
Los reglamentos que rechazan las etnias amazónicas son la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.
El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue suspendido la semana pasada por la facción oficialista del Congreso, es cuestionado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no se toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades, entre otras cosas.
Por su parte, el decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan las etnias indígenas de la selva a sus terrenos.
Lamento indígena
Ante la decisión del Ejecutivo peruano, la dirigente indígena Lidia Rengifo lamentó que los pedidos de más de 60 etnias no hayan sido oídos por las autoridades del país, antes de que se desencadenara el conflicto en la Amazonia, que cobró la vida de más de 40 personas.
"Tuvo que pasar todo esto para que recién nos llamen hermanos. Todo el tiempo nos han visto diferente, como si fuéramos la última rueda del coche", apuntó la representante nativa.
La pasada semana, el presidente Alan García, al justificar la desmedida acción policial contra la protesta de rechazo hacia los decretos legislativos, calificó de "ciudadanos de segunda" a los pueblos indígenas, motivo por el que no atendería sus demandas por considerarlas no prioritarias frente a los derechos del resto de la población peruana.
"Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de peruanos. No tienen derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo. Quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo", dijo García en referencia a la protesta indígena.
En su interés por acallar la protesta indígena, el Gobierno peruano inició una persecución contra el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, por los supuestos delitos de instigación, secuestro, extorsión y disturbios, tras lo cual el líder nativo se refugió en Nicaragua, nación que le otorgó el asilo político.
