El líder indígena amazónico Alberto Pizango, acusado por el Ejecutivo peruano de sedición y rebelión, no ha huido de Perú y se encuentra en la misma ciudad de Lima, según informó este lunes la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
En una rueda de prensa en Lima, la vicepresidenta de la organización indígena, Daysi Zapata, aseguró que Alberto Pizango, no se fue del país pero se encuentra resguardando su integridad física "porque ni siquiera garantizan su vida".
"No es un delincuente, no es culpable de nada, él está dialogando con nosotros", aseveró Zapata.
La vicepresidenta de Aidesep, denunció a los medios de comunicación peruanos que, creando una matriz de opinión errada, no nombran ni muestran los más de 40 muertos indígenas y los cientos de heridos, sólo se concentran en los polícias muertos.
"Todos somos peruanos" destacó. En clara alusión a las declaraciones del mandatario Álan García quien justificó la brutal arremetida aérea y terrestre en contra de los indígenas señalando que "no tienen corona. No son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos".
El presidente peruano ha insistido en negar que se cometió una masacre con los indígenas de la Amazonia y este domingo volvió a desvirtuar el objetivo de la protesta al acusar a su dirigencia de pretender desestabilizar el país con apoyo extranjero, por lo que diferentes organizaciones sociales emitieron un pronunciamiento al respecto desde la capital.
Aidesep confirmó que las movilizaciones y paros en las regiones amazónicas, que mañana martes cumplen dos meses, continuarán pese a la "masacre" cometida por el Gobierno peruano en Bagua (norte del país).
"Jamás daremos marcha atrás en nuestra petición de derogar el decreto 1090", aseguró Daysi Zapata en alusión al polémico paquete de decretos legislativos cuya derogatoria reclaman los nativos.
Desde el pasado 9 de abril, cerca de 60 grupos amazónicos se mantienen en protesta para rechazar diferentes reglamentos, entre los cuales está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, por considerarlos lesivos a sus derechos.
Los indígenas han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales y han denunciado que la extracción de gas y petróleo, la tala de madera y el dragado de los ríos en busca de oro, han destruido en pocos años estructuras sociales, costumbres y estrategias de convivencia que tienen miles de años.
