La Cámara de Diputados de Chile aprobó este viernes el proyecto que aumenta en un 10,4 por ciento los sueldos de los funcionarios públicos del país a partir del próximo 1 de julio, esto después de las jornadas de paralización laboral que terminaron en la noche del jueves.
La iniciativa que se sustentó en el acuerdo alcanzado este jueves por el Gobierno y los sindicatos agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) permitirá elevar, de los actuales 144 mil pesos, a 159 mil pesos mensuales (de unos 290,9 a unos 321,21 dólares) a los trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años de edad.
Tras la votación el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade valoró la aprobación, al tiempo que destacó que el acuerdo previo fue "un factor relevante la disposición a votar favorablemente el contenido del proyecto en su integridad".
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que la votación "demuestra una vez más que este acuerdo equilibra las necesidades que el país tiene".
"Queremos que la gente tenga mejores salarios, que haya mayor equidad", afirmó a los periodistas Velasco, que indicó que el Gobierno seguirá "luchando" por contener la inflación y por tener políticas equilibradas y balanceadas.
"Entendemos que la inflación es especialmente dañina para los más pobres, por tanto hay que buscar un punto razonable y ese punto razonable aquí se ha encontrado (en el aumento del salario)", enfatizó.
El aumento, el sexto propuesto por el Ejecutivo desde que empezó el conflicto, que movilizó a unos 400 mil empleados públicos, había sido aprobado de forma unánime en la madrugada de este viernes por el Senado.
En su primer trámite, cuando la propuesta era del 9,5 por ciento de aumento, había sido rechazada en la Cámara baja, que ahora aprobó la nueva cifra del 10,4 por ciento con el voto favorable de los 87 parlamentarios presentes en la sesión.
Sin embargo, una indicación incorporada por el Senado que incluyó como beneficiarios del aumento a las altas autoridades del Estado, entre ellas a los propios parlamentarios, que habían sido excluidos en el proyecto original, generó duras criticas por parte de algunos diputados
Pese a lo duro del debate, la inclusión de los altos cargos fue aprobada por 58 votos a favor, 18 en contra y ocho abstenciones.
De igual manera se aprobó un bono por término de conflicto de 200 mil pesos (unos 312 dólares) para los funcionarios con sueldos de hasta un millón de pesos mensuales (1.562 dólares) y de 100 mil pesos (156 dólares) para los que ganen entre uno y dos millones de pesos (3.125 dólares) al mes.
Ahora la presidenta Michelle Bachelet deberá promulgar la ley, que supone para el Fisco un costo de unos mil 648 millones de dólares.
La mandataria, en su primera referencia pública al asunto, afirmó en La Moneda que buscará mecanismos legales para evitar que ella y sus ministros se vean beneficiados por el aumento.
"Voy a buscar personalmente los mecanismos legales para ver si es factible que esta Presidenta y sus ministros puedan quedar exentos de este reajuste", indicó.
"No es justo que la Presidenta y ministros reciban el reajuste", sostuvo Bachelet, que defendió la fórmula del aumento escalonado que propuso el Gobierno en primera instancia, con el objetivo de beneficiar más a los trabajadores con sueldos más bajos, lo que fue rechazado por los sindicatos y los parlamentarios.
"Se trataba de una buena respuesta a una situación de crisis y también introducía un factor de equidad", dijo la mandataria, que lamentó que tampoco haya prosperado la exclusión de las altas autoridades.
"Soy una convencida de que quienes estamos en una situación relativamente mas privilegiada que otros somos los que tenemos que apretarnos el cinturón mas fuerte. No me parece justo que la Presidenta y ministros reciban este aumento, sobre todo porque he hecho una solicitud al Gobierno de austeridad", subrayó.
A su juicio, "la opinión pública espera de sus altas autoridades una señal de que cuando las cosas están difíciles, cuando la gran pregunta de los chilenos es si tendrá empleo el próximo año, las autoridades den un gesto de que se alinean con el país".
Los dirigentes gremiales, en tanto, consideraron un triunfo haber conseguido un aumento del 10 por ciento, pese a ser inferior al 14,5 por ciento que demandaban, mientras en todo el país los servicios públicos retomaban su normalidad.