Los ciudadanos de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., se encuentran a la espera de que con la elección de su próximo gobernador mañana martes, mejore la economía de su país y los intereses partidistas pasen a segundo plano en el venidero período de cuatro años.
El país caribeño ejercerá este 4 de noviembre su derecho al voto para elegir nuevo gobernador.
Desde el pasado 2006, la isla sufre una recesión económica con una inflación del 12 por ciento, con una tasa de desempleo que se eleva al 12,1 por ciento, sumándole casos de corrupción y violencia al panorama nacional. Por otra parte, aspectos como educación, ambiente, salud y estatus político del país como Estado Libre Asociado (ELA), a Estados Unidos, resultan inquietantes para los puertorriqueños.
Puerto Rico alberga a unos 4 millones de habitantes, y en lo que ha transcurrido de este año, se contabilizan 671 asesinatos, con aumento de casos de suicidio, violencia doméstica y abusos sexuales.
Sin embargo, ciudadanos de la isla, coinciden en que el primer punto por solucionar, es la situación de la economía de este país.
Aunado a esto, el aumento en los precios de la canasta básica, los altos precios en la electricidad y en el suministro de agua, se han vuelto temas de preocupación que desmejora la calidad de vida de los ciudadanos que habitan la isla.
Alrededor de 2,5 millones de puertorriqueños votarán en las elecciones de mañana para escoger a su gobernador, al representante de la isla en el Congreso de Washington, 27 miembros del Senado, 51 de la Cámara de Representantes y alcaldes de los 78 municipios de la isla.
En las elecciones pasadas, en 2004, resultó electo gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD), pero en las dos cámaras Legislativas, el Partido Nuevo Progresista (PNP), se alzó estas victorias.
Economía crítica
En mayo de 2006, el déficit gubernamental de mil millones de dólares, obligó a la economía del país a clausurar varias administraciones del Estado por 15 días debido a la falta de liquidez para cancelar lo adeudado a empleados públicos.
Unos 500 mil menores se quedaron sin clases y alrededor de 100 mil funcionarios dejaron de percibir un sueldo.
Ante esta situación, se intentó resolver la crisis del déficit gubernamental, instaurando ese mismo año un Impuesto a las Ventas y Uso (IVU), que grava la mayor parte de los bienes y servicios con un 7 por ciento de su valor, sin embargo esto no generó los resultados esperados.
