La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la sudafricana Navy Pillay, dijo este sábado que las ejecuciones extrajudiciales, como llamó a los asesinatos que cometen los militares en Colombia, pueden ser consideradas delito de lesa humanidad y puede causar la intervención de la Corte Internacional si la justicia colombiana no puede detener las matanzas.
Pillay dijo en rueda de prensa en Bogotá que un delito se convierte en lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población civil, "nosotros estamos observando y manteniendo un registro de ejecuciones extrajudiciales y parece ser que es sistemático y difundida esta práctica".
Dijo que la meta era que las autoridades nacionales investiguen y entreguen resultados pero cuando un país no tiene la posibilidad o la voluntad de investigar, "en esa otra situación el Tribunal Penal Internacional tendría autoridad para intervenir".
Un informe presentado en el foro "Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable" por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), daba cuenta de 535 casos de ejecución extrajudicial en Colombia del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2008.
Esa cifra supone, en promedio, una víctima diaria, y de ellas el 58 por ciento eran menores de 30 años. El documento indica que el Ejército colombiano es el mayor responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, pues se le atribuye el 93,7 por ciento de los casos.
La divulgación de estos datos y la declaración de la comisionada se dieron luego del anuncio del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de retirar del servicio a 27 oficiales, entre ellos tres generales, por la desaparición de 20 jóvenes que habían sido dados por muertos en combate, cuando, al parecer, fueron reclutados y ejecutados extrajudicialmente.
Pillay exaltó la acción del Gobierno al tomar la decisión de relevar a los militares, pero manifestó su preocupación porque las cifras de asesinatos siguen siendo altas.
El 10 de diciembre en Ginebra (Suiza) se revisará en el Consejo de Derechos Humanos la situación de Colombia de lo cual dijo que será una buena oportunidad para hacer una evaluación.
Adicionalmente, la comisionada de la ONU le pidió al Gobierno que en el caso de la ley de víctimas que cursa en el Congreso, se piense en la reparación para las víctimas de agentes del Estado y que se repare en general con tierras a las personas que han sufrido violencia.
Por su parte el presidente Álvaro Uribe defendió su política de recompensas para la captura de irregulares, en respuesta a las críticas del fiscal general colombiano, Mario Iguarán, a ese modelo, por considerarlo una causa posible de aliento a asesinatos para cobrar dinero.
Uribe advirtió que "el país perdió el respeto por José Manuel Vivanco", Director de Human Rigths Wacht (HRW) y por tanto no lo recibe como profesor de derechos humanos. HRW llamó al mandatario a no obstaculizar las investigaciones por nexos de políticos, empresarios y militares con paramilitares.
