La Ley de Estatuto de Víctimas de la violencia en Colombia quedó a punto de hundirse este martes en el Congreso, al romperse los acuerdos entre el partido liberal, promotor de la iniciativa y el Gobierno Nacional.
El trámite de la iniciativa se encuentra demorado ante el levantamiento de la sesión donde se pensaba discutir el segundo de cuatro debates en la comisión primera de la Cámara de Representantes.
A la salida de la comisión, el representante liberal, Guillermo Rivera, dijo que el gobierno se echó para atrás con varios puntos de la iniciativa que ya estaban acordados.
Advirtió que este proyecto de ley mediante el cual se crea un estatuto para que las víctimas de la violencia pidan su reparación está agonizando debido a que el gobierno pretende discriminar la calidad de quienes han sufrido la violencia por parte de los grupos armados ilegales y por parte de los agentes del Estado.
El representante cree que esta demora obedece a la intención del gobierno de negarse a reconocer los crímenes de Estado.
Rivera añadió que el gobierno no aceptó estándares internacionales para la atención de las víctimas, en especial el principio del 'deber de garantías', que hace parte del sistema de Naciones Unidas y que simplemente pone al Estado en el nivel de 'generoso, caritativo o dadivoso' en vez de responsable de garantizar la vida y honra de las personas.
Otro de los puntos de alejamiento entre el Congreso y el Gobierno es el referente al principio de buena fe, mediante el cual las víctimas pueden acudir en demanda de atención.
El congresista del Putumayo y ponente del proyecto considera que se siente asaltado en su buena fe porque tras varias reuniones con el gobierno donde se habían analizado casi todos los aspectos económicos, se enteró de que hubo una reunión en la Casa de Nariño con Congresistas de la coalición uribista.
En ese encuentro, supuestamente se habría acordado reabrir temas que ya se habían cerrado como el principio de buena fe para el reconocimiento de las víctimas y el deber de garantía por parte del Estado para la reparación.
"El gobierno se ha echado para atrás en unos temas que ya habíamos acordado. Con principios que tienen que ver con la buena fe, para el reconocimiento de las víctimas y el deber de garantías del Estado", dijo Rivera.
La iniciativa que ha sido construida por analistas, víctimas, representantes de la sociedad civil y varios congresistas, incluye la presunción de buena fe de la víctima, consistente en que una víctima no tendrá que acreditarse para ser sujeto de derechos.
"El Estado tiene el deber de reparar a las víctimas y no el derecho de condolerse de ellas", dijo Rivera.
El gobierno se ha mostrado renuente a aceptar este punto y ha propuesto que las víctimas se acrediten para poder acceder a los derechos, lo que podría demorar no sólo su proceso de reparación sino su derecho a recibir asistencia humanitaria.
