El Gobierno y el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los prefectos de la ultraderecha boliviana, representados por la autoridad de Tarija (sureste), Mario Cossío, esperan concretar este martes un acuerdo nacional que permita superar la crisis política que atraviesa la nación del altiplano.
Cossío, que participó en la segunda ronda de conversaciones que culminó en la madrugada de este martes, declaró que el trabajo está por buen camino y aseguró que, de seguir así, en la segunda reunión de este mismo día se concluirá el acuerdo.
"Estamos muy cerca de terminar la tarea, quiero que mantengamos la cosa con serenidad; a las 09.00 (hora local) tenemos una reunión definitiva con el presidente Evo Morales y esperamos concretar los puntos", dijo.
"Faltan cerrar algunas definiciones políticas, pero la tarea está casi ya terminada", aseveró tras la reunión en Palacio Quemado, en la que participó, por parte del Ejecutivo, el vicepresidente Álvaro García Linera.
Las dos partes están discutiendo un documento base o agenda de negociaciones para encarrilar un diálogo, tras tres semanas de crisis avivada por el radicalismo opositor que ha dejado al menos 30 personas muertas.
Entre tanto, el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, señaló que el trabajo marcha positivamente y este martes todo el avance será informado al jefe de Estado.
"Vamos por buen camino, hay avances importantes y esperamos seguir así", expresó luego del encuentro.
Se espera que el presidente Evo Morales se reúna este martes con los prefectos del Conalde, puesto que el lunes no fue posible su presencia por encontrarse en la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Chile, donde su gobierno recibió respaldo absoluto.
Los líderes de la Unasur acordaron conformar una comisión que investigue la masacre ocurrida en el departamento de Pando (noroeste), ejecutada por sicarios supuestamente contratados por el propio prefecto de la región, Leopoldo Fernández.
Investigaciones en Pando
En ese marco, Alfredo Rada, ministro de Gobierno, anunció este lunes el envío de una comisión para investigar la masacre registrada en la ciudad pandina de Cobija, orden girada por la fiscalía general.
En rueda de prensa, Rada ofreció testimonios de personas envueltas en esta tragedia, que además dejó 50 heridos y más de 100 desaparecidos. Incluso niños habrían sido víctimas de la violencia opositora.
El ministro no dudó de la participación del narcotráfico y paramilitares en esta masacre, ordenada -segun manifestó- por el prefecto Fernández.
Sospechosos de la masacre
Después del anuncio de Rada, el ministro de la Defensa boliviano, Walker San Miguel, informó que once ciudadanos procedentes de Cobija fueron trasladados a la ciudad de La Paz, sospechosos de haber participado en la masacre de campesinos.
Los ciudadanos fueron confinados, además, por vulnerar el estado de sitio vigente en Pando.
"Han arribado a la ciudad de La Paz personas que van a ser confinadas producto del estado de sitio, a las cuales también se les han incautado armas", explicó San Miguel.
"Nos estamos ateniendo estrictamente a la Constitución Política del Estado, que en su artículo 112 señala que si la conservación del orden público en este caso en Cobija, (Pando) exigiese el alejamiento de los indicados podrá ordenarse su confinamiento a una capital departamento de provincia que no sea malsana, y esto es lo que se ha de hacer con estas personas", indicó.
San Miguel aclaró que independientemente de la confinación, estos detenidos tendrán que declarar en el lugar de su confinamiento ante el Ministerio Público.
El Gobierno de Bolivia declaró, el pasado viernes, estado de sitio en todo el departamento de Pando tras la ola de violencia criminal desatada por bandas de paramilitares al servicio de la Prefectura de ese departamento.
