La Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México ratificó este jueves la despenalización del aborto voluntario en la capital mexicana, tras avalar como constitucional una ley que lo permite desde 2007, informó el máximo tribunal.
Tras cuatro jornadas de debate, el pleno de la SCJN rechazó, con el voto de ocho de los 11 magistrados, un recurso de inconstitucionalidad de la norma presentado por la Procuraduría (fiscalía) General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el apoyo de la Iglesia Católica.
"Tras la ratificación de las votaciones indicadas declaro que este asunto (la constitucionalidad de la ley) ha quedado resuelto", declaró el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
El dictamen de la Corte Suprema "representa un punto final en este importante asunto (...) en todas las naciones que se ha discutido el aborto en tribunales constitucionales hay un antes y un después. En México empieza el después: los efectos jurídicos y sociales de esta determinación son innegables", consideró Ortiz Mayagoitia.
La Ley de Salud del Distrito Federal, que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, obliga a las autoridades capitalinas a garantizar que la interrupción legal del embarazo se realice de forma gratuita y en condiciones médicas y sanitarias adecuadas.
En los 16 meses desde la entrada en vigor de la norma ejercieron su derecho a la interrupción del embarazo un total de 12 mil 262 mujeres de entre 18 y 29 años, todas ellas de clase media y baja, en alguna de las 12 clínicas que ofrecen el servicio.
Ratificación anticipada
El miércoles, diez jueces fijaron su postura con relación al recurso elaborado por el magistrado Sergio Salvador Aguirre, de los cuales ocho señalaron que no existe en la Constitución, ni en los tratados internacionales suscritos por México, el llamado "derecho a la vida desde el momento de la concepción".
La Carta Magna tampoco establece la obligación de sancionar penalmente el aborto. Además de que es atribución de los congresos locales despenalizar o no los tipos de delitos, como es el caso.
Sólo el presidente de la corte y el magistrado Mariano Azuela hablaron a favor del proyecto, que proponía no sólo invalidar la reforma capitalina, sino también castigar con prisión de tres a seis meses a la mujer que aborte de manera voluntaria.
Otra magistrada, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la ley que permite el aborto "es una manera eficaz de ayudar a las mujeres" pues con ello se saca de la clandestinidad el problema "para poder enfrentarlo y remediarlo".
Sin embargo, Ortiz Mayagoitia siguió cuestionando y sostuvo que por encima de los derechos reproductivos, sexuales y de proyecto de vida de la mujer "está la protección a la vida y la salud del concebido".
Tras rechazar que su argumento fuera "sexista", dijo que la libertad sexual de la mujer radica en que puede tener relaciones voluntarias con quien desee, "en donde pueden resultar embarazadas", y que no hay "imposición del embarazo (al criminalizar el aborto)".
Incapacidad del Estado
Por su parte, el juez Juan Silva Meza consideró que la principal causa del aborto ha sido la incapacidad del Estado para mitigar "las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad, reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres".
El Estado "tampoco ha cumplido con su obligación constitucional de educar en materia sexual y reproductiva, como lo marca el artículo cuarto constitucional, además de que no ha garantizado el acceso pleno a los métodos anticonceptivos", consideró.
"No puede reprocharse a la sociedad un ejercicio irresponsable de la libertad reproductiva, mediante la penalización absoluta" de la interrupción del embarazo, indicó.
