El nuevo proyecto de Carta Magna ecuatoriano, que será votado en septiembre próximo, contempla avances en las políticas de inclusión de las personas con discapacidad, garantizando el acceso al trabajo de todos los ciudadanos sin importar su condición física.
Dentro de la totalidad de la población ecuatoriana, un millón 608 mil personas presentan algún tipo de discapacidad, dentro de los cuales 887 mil se encuentran en edad productiva; sin embargo, el 56 por ciento está desocupado.
El proyecto de la nueva Constitución, así como las leyes internacionales, garantizan entre otros derechos, el acceso al trabajo a las personas con alguna discapacidad.
Rosana Alvarado, una ex asambleísta del gobernante Acuerdo País, indicó que también se establece "que al empresario, al empleador que contrate personas se le va a hacer una deducción especial en el tema tributario y en los impuestos como una manera también de promover el pleno empleo de las personas que tienen discapacidad, el acceso a fuentes de trabajo y a medios de producción".
Tanto el empleador público como el privado están obligados a contratar el dos por ciento de personas de la lista total de empleados, con estos problemas.
Un caso particular, es el del ecuatoriano Javier Torres, quien forma parte del 18 por ciento de discapacitados que sí tiene empleo.
Torres, quien es a su vez el viepresidente del Consejo Nacional de Discapacitados, indicó, en entrevista exclusiva a TeleSUR, que las personas con discapacidad, "pueden tener un rendimiento de hasta el 35 por ciento más que una persona que no tenga limitaciones".
"Principalmente por los niveles de concetración, niveles de retentiva mucho más altos en los casos de los no videntes, no la facilidad de movilidad, están constantemente en su trabajo, no se distraen los sordos", agregó Torres.
Para el experto en discapacidades, Ramiro Cazar, los programas de atención al discapacitado no deben concentrarse solamente en su rehabilitación, sino que ahora lo fundamental "es que el entorno tiene que cambiar, la sociedad tiene que ser inclusiva, la escuela tiene que ser inclusiva", opinó Cazar.
En ese sentido, además de promover un modelo de desarrollo inclusivo, el proyecto constitucional garantiza el acceso a la educación, vivienda, seguridad social y elimina todas las formas de discriminación.
El proyecto de carta política establece también que el Estado garantizará a los discapacitados la atención en hospitales públicos y privados, que incluirá la provisión de medicamentos.
El próximo 28 de septiembre los ecuatorianos acudirán a las urnas para aprobar o rechazar el proyecto redactado por la Asamblea Constituyente, que tiene como propósito la refundación del país.
Para que el proyecto de Carta Magna sea aprobado se necesita el 50 por ciento más uno del total de los votos.
