Los dirigentes de la cúpula agraria de Argentina amenazaron con reanudar las protestas contra las políticas agropecuarias implementadas por el gobierno de Cristina Fernández, un mes después de que el Senado eliminara la resolución 125, que produjo enfrentamientos durante aproximadamente cuatro meses.
Los empresarios, organizados por la Federación Agraria Argentina (FAA), la más combativa de las cuatro principales patronales rurales del país, advierten que si antes de fin de mes no se trata la segmentación en las retenciones ni se avanza en una política que atienda los problemas de la ganadería y de la lechería, volverán con nuevos cortes de rutas y paros.
"El acto es una advertencia, el tiempo se agota", aseguró el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi durante una concentración en donde anunció un acto para el próximo 30 de agosto y una marcha al Congreso nacional.
Las manifestaciones tendrán su principal foco en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, provincias al este del país.
Los ruralistas también exigen la creación de un Plan Agropeacuario Nacional.
"Si el Ejecutivo no entiende a su pueblo, ustedes los legisladores nacionales tienen la responsabilidad de representarlo. Por ello, estamos pidiendo un Plan Agropecuario Nacional, y necesitamos ser asesorados", explicó Alfredo de Angelis, de la Federación Agraria de Entre Ríos.
Sin razón
Entre tanto, este miércoles el ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, remarcó que los ruralistas no tiene razón alguna para reiniciar las huelgas.
"No amerita" que el sector realice medidas de fuerza. El nuevo secretario de Hacienda, Carlos Cheppi, se ha sentado a dialogar con buena voluntad con el sector lácteo y de la carne", destacó el funcionario en diálogo con la prensa.
Por su parte, el economista Horacio Rovelli, en entrevista con TeleSUR, consideró que los grandes productores no van a apoyar este conflicto, "por la simple razón que a ellos ya no les interesa, ellos lo único que querían era que las retenciones fueran fijas, una vez que se salvaron de las móviles".
Añadió que una vez que independizaron el precio de los granos y cereales, "se creen que es de ellos y se dedican a exportar".
Mientras que para el periodista Luis Brustein, jefe de redacción del diario Página 12, esta decisión de los empresarios agrarios ya no es un reclamo del sector sino una medida política, respaldada por dirigentes opositores que buscan desgastar la imagen del actual gobierno.
"Si están planteando representación parlamentaria, están planteando representación en la política y no lo van a hacer del lado del gobierno, sino de la oposición. A partir de ahí cualquier actitud es política de desgaste de su adversario político que es el gobierno", opinó.
Conflicto previo
La resolución 125, derogada el mes pasado, establecía la creación de un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos, con el cual el Ejecutivo buscaba que el aumento de los precios de los alimentos en el mercado internacional no impactara de manera negativa en el mercado interno.
La normativa desató un conflicto entre el gobierno y los miembros del agro, que protagonizaron paros durante poco más de cuatro meses.
Durante este lapso, los empresarios del campo aceptaron y suspendieron diálogos con el Ejecutivo y, en cuatro oportunidades, convocaron huelgas, caracterizadas por el corte de importantes vías de comunicación del país, lo cual causó desabastecimiento de varios rubros y descomposición de productos perecederos valorados en millones de dólares.
Argentina es el primer exportador mundial de girasol, el segundo de maíz, el tercero de soja, el cuarto de trigo y el sexto de carne vacuna, además de ocupar puestos relevantes en el comercio global de aceites vegetales y harinas.
