La Comisión de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso aprobó un proyecto de ley que propone derogar los decretos legislativos que han motivado las protestas y movilización, desde hace 12 días, de miles de indígenas.
La votación del tema contó con seis a favor, dos abstenciones y uno en contra, después de una reunión de más de cinco horas.
El parlamentario Luis Galarreta, de la alianza Unidad Nacional, afirmó que la decisión se adoptó porque el Ejecutivo "se excedió en las facultades legislativas otorgadas" por el Congreso.
Rechazó, además, que se haya tomado "con una pistola en la cabeza", como señaló el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.
"Se debe hacer todo mediante el diálogo, no imponiendo; Del Castillo se equivoca, porque el Congreso no ha tomado la decisión por una presión, sino que es una decisión meditada", aseguró el legislador.
Rechazo anticipado
La decisión, que aún debe ser ratificada por el pleno legislativo, fue rechazada por el gabinete Ejecutivo, que negó de entrada la posibilidad de echar atrás las normas que permiten la explotación de la Amazonía.
Tras reunirse con los integrantes de la comisión, el primer ministro, Jorge Del Castillo, dijo que sería un mal precedente que el Parlamento derogue las normas bajo la presión de las protestas.
Del Castillo afirmó que el Gobierno es "respetuoso" de las comunidades nativas y volvió a defender los decretos asegurando que éstos no afectan las posesiones ni las propiedades de los aborígenes.
El ministro reiteró su opinión de que las manifestaciones han formado parte de "un complot en contra de la seguridad nacional".
Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, que participó en el encuentro, agradeció a la comisión por dar el voto aprobatorio para que se deroguen las leyes.
"Este es el inicio del diálogo, mañana continuaremos, pero quiero agradecer a la comisión (legislativa) por dar el voto aprobatorio para que se deroguen las leyes", declaró.
Crece apoyo
Tras el dictamen favorable a la derogación de las directivas gubernamentales, los originarios destacaron el reiterado apoyo de la defensora del pueblo, Beatriz Merino.
La magistrada, quien presentó meses atrás una demanda de nulidad de uno de esos decretos ante el Tribunal Constitucional, demandó que dicte su fallo con celeridad.
Esa norma facilita la venta o parcelación de las tierras comunales ancestrales de las comunidades andinas y selváticas y es la principal de las leyes rechazadas por el movimiento iniciado el 9 de agosto con la toma de instalaciones petroleras y carreteras.
El otro decreto cuya anulación aprobó la comisión legislativa posibilita la venta de áreas amazónicas a inversionistas extranjeros, lo cual, según sus críticos, permitirá la ocupación de la floresta por grandes transnacionales, proceso que, afirman, ya ha avanzado.
La legalidad de ambas directivas fue cuestionada también por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el cual recuerda que esas y otras normas impugnadas por los indígenas responden a exigencias del tratado de libre comercio con Estados Unidos.
El Centro difundió un análisis en el que advierte que "la política económica del gobierno genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas" por no proteger sus derechos colectivos.
Los nativos consiguieron la noche del martes otro avance, al iniciar un diálogo con el oficialista presidente del Congreso, Javier Velásquez, quien ofreció gestionar un rápido tratamiento del tema en el pleno que deberá decidir sobre el dictamen favorable a la anulación.
Además, en la extensa sesión de Pueblos Andinos, un grupo de legisladores pidió que una comisión mediadora acudiera a la zona de conflicto, para resolver con efectividad las peticiones de los nativos.
