El uso ilegal del logo de TeleSUR por el Ejército colombiano en la "Operación Jaque" puede poner en peligro a los trabajadores de la prensa dado que se puede tomar como beligerante a toda persona que tenga una cámara o micrófono.
Así lo analizó el abogado experto en Derecho Internacional y en temas de Latinoamérica, Daniel Barrios, quien dijo que según la Convención Internacional de Ginebra con relación a la ayuda humanitaria, el uso ilegal de estos logos se considera una violación bastante grave del gobierno colombiano.
Expresó que le parece terrible que se haya violado uno de los bienes tutelados que el estado debe garantizar, como es la libertad de prensa, "en este caso particular de telesur se está vulnerando un bien que considero principal para cada una de las empresas de información, y este bien es la credibilidad, la verdad que debe esperar la sociedad".
El pasado miércoles, el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, admitió el uso ilegal de los emblemas de TeleSUR y de la Cruz Roja el 2 de julio durante en el operativo militar que posibilitó la liberación de 15 ex retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Acciones del canal de noticias
El internacionalista afirmó que este hecho se puede tomar como un caso jurídico, pues el estado colombiano debe dar garantía de que todas las leyes se cumplan, y en este acto no fue así.
Según Barrios, lo que señala la Convención de Ginebra para el caso de guerra entre países o dentro del mismo territorio es que para las operaciones "deben utilizarse fuerzas militares y no gente disfrazada, como se hizo en esa oportunidad".
El experto legal sugirió que TeleSUR debe solicitar ante el Tribunal Supremo de Colombia y luego ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que el estado colombiano ofrezca disculpas y busque resarcir el daño que produjo al impactar la credibilidad en una empresa periodística, lo que considera como un acto gravísimo.
Al respecto, editor del portal Rebelión y colaborador de TeleSUR, Pascual Serrano, estimó: "Estas dos suplantaciones son una degeneración absoluta por parte del gobierno colombiano, pudo no haber acabado bien y, además, crea un precedente gravísimo".
