Un grupo de Organizaciones No Gubernamentales reveló el martes un informe en el que detalla que entre junio de 2004 y julio de 2007 un total de 346 personas fueron torturadas en Colombia, 234 de ellas fueron posteriormente asesinadas, y atribuyó el 90 por ciento de los casos al Estado colombiano.
El estudio fue realizado por la Coalición colombiana contra la tortura, que presentó el martes en Bogotá el "Informe sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en Colombia".
El documento señala que sólo en 2007 "se reportaron 93 casos de tortura, de ellas 27 víctimas fueron torturadas y dejadas con vida y 43 fueron asesinadas después de ser sometidas a tortura".
En cuanto a los autores, los investigadores atribuyen el 90,1 por ciento a instituciones y funcionarios del Estado.
De este total, 70,4 por ciento (50 víctimas) se debe a la "perpetración directa de agentes estatales"; el 19,7 por ciento (14 personas) a la "tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares", y a las guerrillas, el restante 9,8 por ciento (siete víctimas).
Sólo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) se les acusa de ser responsables de unos 10 asesinatos.
En el documento también se destaca que entre julio de 2002 y junio de 2007, 955 personas fueron ejecutados extrajudicialmente "atribuibles directamente a la Fuerza Pública".
Este mismo tipo de crímenes también se cometió entre junio de 1998 y julio de 2002, lapso en el que se produjeron 577 asesinatos.
El representante en Colombia de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y directivo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Alirio Uribe, así como el portavoz de la Coalición, Franklin Castañeda, destacaron que esos períodos precisamente corresponden a los de la "política de seguridad democrática".
La llamada Política de Seguridad Democrática es una de las banderas del gobierno del presidente conservador Álvaro Uribe, a través de la cual pretende la disminución de la violencia interna en el país, mediante el desarme y combate de los grupos guerrilleros, paramilitares de extrema derecha y mafias de la droga.
Con "la excusa" de la lucha contra el terrorismo, "se ha permitido el incremento de las violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, y la integridad en contra de la población civil", coincidieron en señalar Uribe y Castañeda.
Alirio Uribe denunció que estos hechos se dan precisamente en las zonas más militarizadas del país, donde supuestamente la fuerza pública actúa en el marco de la "Seguridad Democrática".
"Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las detenciones arbitrarias, las amenazas a la población, los ataques a defensores se dan muchas veces en las zonas mas militarizadas del país. En las zonas donde hay operaciones militares, en las zonas donde el Estado tiene mayor presencia y mayor fuerza, que deberían ser las zonas más seguras", explicó.
El reporte también da cuenta de torturas en las cárceles, poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, poblaciones de lesbianas, bisexuales, gays y transexuales.
También llaman la atención sobre las amenazas contra centenares de activistas de ONG, la situación psicológica y la de sus familias y la persecución de los defensores de los derechos humanos, así como la criminalización de su actividad.
Jael Quiroga, de la Corporación de Protección a los Derechos Humanos "Reinciar", denunció cómo el asesor presidencial y uno de los hombres de confianza de Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, "puso en la mira" a los participantes de la marcha del 6 de marzo pasado, convocada en rechazo a la violencia de Estado.
"José Obdulio Gaviria nos puso en la mira de la gente que nos quiere hacer daño porque dijo que la marcha que nosotros habíamos convocado para el 6 de marzo era una marcha de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y obviamente después de marchar, el 11 de marzo, vinieron las amenazas de muerte", recordó.
