Las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia quedaron restablecidas este lunes, luego de una entrevista que sostuvieran por más de seis horas el presidente Álvaro Uribe y magistrados del alto tribunal.
Tras la cita, el ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, informó que fueron analizados todos los temas que han causado el roce entre las instituciones, como el del magistrado César Julio Valencia y el de la ex representante conservadora presa por soborno, Yidis Medina.
Valencia Cossio agregó que hubo reconocimiento de coincidencias, pero que aún subsisten diferencias, por lo que seguirán las jornadas de diálogo.
Por su parte, el presidente de la CSJ, Francisco Javier Ricaurte, calificó el encuentro como cordial y respetuoso y aseguró que se realizó sobre la independencia de cada uno de los poderes.
"Éste diálogo se desarrolló dentro del respeto mutuo a la independencia de los poderes en busca del mejoramiento de las relaciones interinstitucionales", agregó el jurista.
En la sede de la Corte Suprema, Uribe, acompañado de su secretario jurídico, su secretaria privada, además del ministro Valencia Cossio, habló con Ricaurte y el vicepresidente, Javier Zapata, así como con los dignatarios de las salas penal, civil y laboral.
Desencuentros
Este es el primer acercamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que han atravesado por una grave crisis de poder, caracterizada por los ataques de Uribe y su gabinete a los altos cargos de la CSJ, desde que en 2006 este tribunal iniciara las investigaciones y los primeros arrestos de políticos oficialistas por sus vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha.
Las hostilidades frontales entre la administración de Uribe y la Corte Suprema comenzaron el año pasado, cuando el gobernante se enfrentó al anterior presidente de ese tribunal, César Julio Valencia.
En aquella oportunidad, Valencia denunció que el jefe de Estado lo llamó para preguntar sobre el estatus del proceso que se le sigue a su primo hermano, el ex senador Mario Uribe Escobar, por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar de Colombia, supuestamente desarmado, según Bogotá.
El llamado escándalo de la parapolítica tiene tras las rejas a más de 60 políticos y legisladores, la mayoría de ellos uribistas, acusados de haber obtenido beneficios políticos o económicos gracias a sus negocios con las AUC.
Recientemente, Uribe y la CSJ protagonizaron otro desencuentro, esta vez por el caso de la ex diputada del Partido Conservador, Yidis Medina, quien confesó haber aceptado prebendas a cambio de su voto favorable por la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial en 2006.
El voto de Medina y el de su colega Teodolindo Avendaño, en la comisión primera de la Cámara de Representantes, permitieron que fuera aprobada la reforma gracias a la cual Uribe permanecerá en el poder hasta 2010.
En la condena de Medina a 47 meses de prisión por el delito de cohecho, la CSJ pidió investigar la legalidad del acto legislativo que dio origen al cambio constitucional.
Por ello, Uribe atacó nuevamente a la corte y llamó a sus miembros con calificativos como "terroristas" y los acusó de aplicar "justicia selectiva".
Para contrarrestar un posible fallo en su contra, el mandatario colombiano urgió al Parlamento a que convocara lo más pronto posible a un referendo consultivo para que el pueblo validara su reelección.
Ante esto, la CSJ exigió a Uribe que respetara sus decisiones.
