El Gobierno de Nicaragua, a través de su representación permanente ante la OEA, manifestó su desacuerdo con la declaración aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización, celebrada el pasado 8 de julio, y que felicita al Gobierno de Álvaro Uribe por la "exitosa operación de rescate" que permitió la liberación de 15 retenidos la semana pasada.
La declaración aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) insta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a los otros grupos armados a que liberen de "inmediato y sin condiciones, sanos y salvos, a todas las personas que mantienen secuestradas".
Además, el pronunciamiento de tres punto exhorta al Gobierno colombiano a actuar con pleno respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional en sus acciones.
Sin embargo, a través de un documento que obtuvo TeleSUR, la delegación centroamericana argumenta que esta declaración "no aporta elementos necesarios para el establecimiento de un proceso de diálogo y negociación política como mecanismo para lograr la libertad de los prisioneros en poder de las FARC y los prisioneros en poder del Ejército de Colombia".
Agrega que tampoco "propone procedimientos para lograr una paz firme y duradera que garantice la vida y la seguridad de todas las personas que vayan incorporándose a la vida política, económica y social del país y evitar que sean eliminados físicamente durante este proceso como ocurrió con el M-19".
Nicaragua recuerda su experiencia en un conflicto armado nacional y el logro de la paz, gracias a la ayuda del Grupo de Contadora.
Fruto esta realidad histórica, estima que "no se puede pedir el cese de actividades ni un cese el fuego y mucho menos el desarme unilateral, sin que se haya mediado previamente un proceso de diálogo y negociación que dé garantías plenas a la vida y a la seguridad de todas las personas liberadas y desmovilizadas".
La posición nicaragüense hace énfasis en su concordancia con la del Grupo de Río, la cual apunta hacia la negociación como mecanismo para establecer los cimientos en el orden económico, social y político.
Finalmente, el Gobierno de Nicaragua manifiesta su disposición a contribuir en un proceso de diálogo y negociación política entre el Gobierno colombiano y las FARC, "con la anuencia del Gobierno de Colombia que posibilite sentar las bases sólidas para poner fin al conflicto interno de este país y se alcance la tan anhelada paz".
