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Economista ecuatoriano: Bancos privados trasladaron sus deudas al Estado

 
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 Pablo Dábalos denunció el contubernio que existió en el pasado en el sistema político ecuatoriano con los intereses en las grandes empresas. (Foto: TeleSUR)
   Pablo Dábalos denunció el contubernio que existió en el pasado en el sistema político ecuatoriano con los intereses en las grandes empresas. (Foto: TeleSUR)

"Podemos observar un contubernio que existió en el sistema político ecuatoriano con los intereses en las grandes empresas, de los grandes grupos financieros que controlan la economía", analizó Pablo Dábalos.

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TeleSUR _ Fecha: 09/07/2008

El economista ecuatoriano Pablo Dábalos, al referirse al caso de incautación de las 195 empresas del Grupo Isaías en su país, explicó que durante la crisis de 1999 los bancos privados transcribieron su deuda al Estado y socializaron sus pérdidas al conjunto de la sociedad ecuatoriana.

Estimó que la incautación "es una decisión que ha tardado diez años en tomarse. Hay que recordar que el Ecuador entró en crisis en el año 1999, en ese año quebraron los bancos más importantes. Y esos bancos privados transcribieron su deuda privada al Estado ecuatoriano y socializaron sus pérdidas al conjunto de la sociedad ecuatoriana".

Producto de esta crisis, el Ecuador perdió su moneda y pasó a la dolarización. "Todo comenzó con la crisis en diciembre de 1998, con la quiebra del Filanbanco, que era el banco más importante del Ecuador y estaba controlado por la familia Isaías, esta familia controla un vasto monopolio en el sector agrícola, en el sector de telecomunicaciones, sector industrial", explicó.

El economista recordó que luego de la quiebra de Filanbanco, se produjo un hecho político muy importante en el Ecuador, que es la probación de la llamada ley de "Agencia de garantía de depósito", con el apoyo de los principales partidos de la vida política ecuatoriana.

"La aprobación de esta ley tenía como objetivo trasladar hacia el sector público, porque no existía ningún marco jurídico, aquellos pasivos bancarios que se produzcan por las crisis financieras", expresó.

Se aprobó esta ley en los primeros días del mes de diciembre de 1998 y a escasas horas de aprobada esta ley, Filanbanco entró en un proceso de liquidación.

"Es decir nosotros aquí podemos observar un contubernio que existió en el sistema político ecuatoriano con los intereses en las grandes empresas, de los grandes grupos financieros que controlan la economía", analizó Pablo Dábalos.

Cumpliendo con la ley

Según el economista ecuatoriano, lo que se está haciendo en este momento con la incautación de las empresas del Gurpo Isaías es conforme a la ley.

"La ley establece que en el caso de que un banco privado pierda su patrimonio y tenga deudas con todas las personas que allí han depositado sus recursos, el Estado a través de una mesa de garantía incautará todas las posesiones de los accionistas de dicho banco, para poder subastarlas y devolver el dinero a las personas que habían depositado en dicho banco", explicó en entrevista exclusiva con TeleSUR.

Lo que está haciendo la Agencia de Garantía de Depósitos en el caso ecuatoriano "es cumpliendo con la ley, lo que es de extrañar es por qué no se hizo esto antes, por qué tuvo que pasar cerca de 10 años".

Entre las 195 empresas del Grupo Isaías figuran medios de comunicación. Sin embargo para Dábalos "eso no significa que se esté atentando a la libertad de expresión, significa que este grupo empresarial tiene empresas en el sector de la comunicación, turismo, sector manufacturero, agrícola etcétera, y el Estado ha procedido a incautar estas empresas para hacer cumplir la ley".

Agregó que la ley ecuatoriana establece que se debe vender al sector privado las empresas incautadas "y con esos recursos devolver el dinero a los depositantes que perdieron sus recursos en la crisis financiera y bancaria".

"Es probable entonces que luego de los debidos procesos de clarificación se empiece el proceso de venta y que quien accederá a la subasta será el sector privado", estimó el académico.

De acuerdo con sus estimaciones, se prevé que el proceso tarde cerca un año. "Está prevista la valorización, la transparencia; en el caso de los activos la ley establece que de acuerdo al periodo de quiebra, en este caso sería diciembre de 1998, la ley tiene que contar desde esta época hasta la época actual, por lo tanto el proceso tardaría aproximadamente un año", dijo.

Precisó que "no se trata bajo ningún concepto de una nacionalización ni de una estatización", más bien "se trata de una incautación de una persona que desfalcó al Estado".

 

TeleSUR / sb - MC
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