Un 27 de junio de 1973 el para entonces presidente de Uruguay Juan María Bordaberry con el apoyo de las Fuerzas Armadas disolvió las cámaras del Congreso y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas y de contralor administrativo, restringió la libertad de pensamiento y facultó a los militares y policías a hacer todo para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos. Con esto se dio inicio a un cruento gobierno cívico – militar que se prolongaría por 12 años.
Para justificar su acción Boardaberry culpó de la crisis política a "la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal".
El golpe de Estado fue rechazado inmediatamente por la ciudadanía. De hecho, esa misma madrugada el secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y el Movimiento Estudiantil, principalmente representado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) inició la huelga más larga de la historia del país, que duró 15 días.
La represión y detenciones arbitrarias no se hicieron esperar. Los militares arrestaron a dirigentes tupamaros y a otros ciudadanos sin posición política, a quienes acusaron de sedición y encarcelaron durante todo el tiempo que duró la dictadura militar.
También durante breves lapsos fueron privados de su libertad connotados dirigentes de los partidos políticos tradicionales como Jorge Batlle Ibáñez y Luis Alberto Lacalle de Herrera, quienes posteriormente ocuparían la primera magistratura del Estado con la vuelta a la democracia.
Pero las condiciones de reclusión variaron de acuerdo a la tendencia política. Los militantes de los partidos que la dictadura consideraba "de izquierda" sufrieron presidio en casi total incomunicación y fueron torturados física y psicológicamente, procedimiento que fueron confirmados años después por organismo humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Paradójicamente, los militantes de las agrupaciones políticas tradicionales fueron liberados, sin dejar por ello de ser constantemente sospechosos y sometidos a continua vigilancia
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En las cárceles uruguayas la dictadura mató a cerca de 100 de prisioneros políticos, mientras que 140 continúan desaparecidas.
En 1976, al terminar Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por "corrientes de opinión" en un sistema de corte corporativista, idea que no es compartida por los militares.
Las desavenencias entre Bordaberry y los militares generaron la crisis política de junio de 1976, que culminó con la remoción del presidente y la designación interina de Alberto Demicheli para ocupar la primera magistratura.
Demicheli, quien hasta entonces había sido el presidente del Consejo de Estado, asume la presidencia de la República el 12 de julio. Como primeras medidas, procedió a firmar las Actas Institucionales 1 y 2, por las que suspendía "hasta nuevo pronunciamiento" la convocatoria a elecciones generales (previstas para noviembre de ese mismo año) y se creaba el "Consejo de la Nación".
En cuanto a lo que se refiere a la política económica, Demicheli ratificó el Plan Nacional de Desarrollo creado en 1972 durante el gobierno de Bordaberry que procuraba una reformulación radical de las bases del funcionamiento económico del país, una nueva alianza entre los militares y la tecnoburocracia, encaminadas a la transformación de las estructuras productivas del comercio exterior, de la distribución del ingreso, de la demanda y de los precios relativos, en un marco del neoliberalismo y la apertura de la economía.
Finalmente, el 1 de septiembre del mismo año, Demichelli delega la presidencia al ex ministro de Salud Pública Aparicio Méndez , quien asume por un período de cinco años.
