Un inédito debate en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington, protagonizarán este jueves los países latinoamericanos sobre la política discriminatoria de "Directiva de Retorno", que criminaliza a los inmigrantes, aprobada la semana pasada por el Parlamento europeo.
Los representantes de gobiernos sostendrán su primera reunión conjunta para coordinar posiciones ante la normativa europea que ordena el encarcelamiento en "centros especiales" de los inmigrantes no regularizados por un período que va desde 6 a 18 meses, sin derecho a un proceso jurídico.
En el encuentro participarán los cancilleres de Perú, José Belaúnde; Colombia, Fernando Araújo; Paraguay, Rubén Ramírez, y los embajadores ante la OEA de los demás países miembros, incluidos Estados Unidos y Canadá.
Los países buscarán una postura, producto de la concertación, ante la decisión de la Unión Europea de endurecer sus leyes migratorias.
Pero de antemano, la denominada "Directiva de Retorno" ha recibido un contundente rechazo de parte de los países latinoamericanos, lugar de origen de millones de inmigrantes que permanecen en el continente europeo.
El primero en rechazarla fue Bolivia, cuyo presidente, Evo Morales, envió una misiva a la Comisión Europea (CE), en la que exhortó al parlamento a no aprobar una ley que viola artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El mandatario boliviano aseveró que esta ley endurece, de manera drástica, las condiciones de detención y expulsión de inmigrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares y sus logros de integración.
Posteriormente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó su rechazo a la decisión de Europa y advirtió que suspendería el suministro de petróleo a aquellos países que aplicaran la norma.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, como titular pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), deploró, el pasado sábado, la ley europea y expresó que buscarán respuestas claras de parte de Europa, pues opinó que la medida es contradictoria, toda vez que la CAN y la UE están evaluando un acuerdo político comercial.
Al respecto, se preguntó "De qué cooperación están hablando cuando se trata de criminales a los migrantes", "¿acaso vamos a hablar sólo de negocios y hacernos de la vista gorda con los derechos humanos?".
El presidente peruano, Alan García, impulsor del encuentro en la OEA, expresó que su gobierno espera que naciones latinoamericanas alcancen "un acuerdo de consenso" que permita "lograr que el Parlamento europeo reconsidere esa ley".
La semana pasada, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, hizo lo suyo al resaltar la necesidad de que la UE exponga a los países latinoamericanos las razones de aprobar una ley, que calificó de "represiva".
"Espero que los europeos entiendan que no están en condiciones de imponer en esa forma. Tienen que conversar, que explicar y discutir", agregó.
