Según los resultados a boca de urna difundidos por la red ATB, la consulta ilegal sobre el estatuto autonómico en el departamento de Tarija (sur), celebrada este domingo, fue rechazada por el 47 por ciento de los ciudadanos convocados a votar.
Para esta consulta fueron habilitados 173 mil 231 ciudadanos, de los cuales sólo 106 mil 827 personas participaron y 60 mil 342 se abstuvieron de votar, según las encuestadoras Ipsos, Apoyo, Opinión y Mercado.
De las 106 mil 827 personas habilitadas, la opción del "Sí" logró el 80,1 por ciento equivalente a 85 mil 732 votos; mientras que el "No" recibió el 19,7 por ciento equivalente 21 mil 044 votos. Los votos en blanco sumaron 1 mil 947, lo que representa un 17 por ciento y los nulos 4 mil 116 para un 3, 7 por ciento.
Tomando en cuenta que el "No" de 21 mil 044 votos y la abstención de 60 mil 342 como parámetros se tiene como resultado que un total de 81 mil 386 personas, equivalente al 47 por ciento, que le dieron la espalda al estatuto tarijeño, cuya consulta estuvo marcada por el repudio de las movimientos sociales bolivianos.
Más de una treintena de sectores sociales trabajaron para la abstención y en su defecto una votación por la opción del "No", cuyo resultado se vió reflejado.
De esta forma, los tarijeños se suman a los rechazos emitidos por los habitantes de los departamentos de Santa Cruz, el pasado 4 de mayo; y Beni y Pando, el 1 de junio, donde los estatutos también fueron rechazados, pese a que las autoridades departamentales aseguran que fueron aprobados.
Las organizaciones sociales consideran que el estatuto es ilegal, inconstitucional, divisionista, fraudulento y discriminador.
Por esta razón, desde tempranas horas de este domingo, los manifestantes levantaron barricadas y quemaron objetos en varias carreteras que comunican con Argentina, incluso figuras alusivas al prefecto del departamento, Mario Cossio, principal promotor del separatismo de Tarija.
Estas organizaciones bloquearon seis puntos dentro del departamento y otras dos a las afueras de la región para impedir el paso de las ánforas.
Carecen de respaldo
Según explicó el portavoz del Gobierno, Iván Canelas, al igual como sucedió con los estatutos de Santa Cruz, Beni y Pando, el documento de Tarija no cuenta con mecanismos legales que lo sustenten, porque se trata de una consulta que no fue aprobada por el Congreso Nacional, como lo establece la Ley de Referendo.
Canelas resaltó que tampoco la Constitución Política del Estado avala la autonomía, puesto la nueva Carta Magna, donde se establece ese régimen de administración del Estado, aún no ha sido aprobada por el pueblo boliviano.
"No puede haber un estatuto autonómico sin que antes se modifique la Constitución. Por lo tanto el Gobierno ha declarado claramente que este referéndum no tiene ningún efecto legal y tampoco va a tener repercusión en el futuro", precisó.
De acuerdo con el Gobierno, la ley no da posibilidad alguna para que los cuatro departamentos que realizaron sus "encuesta por sus estatutos" puedan aplicar su autonomía.
