El Parlamento Europeo, órgano legislador de la Unión Europea (UE), aprobó este miércoles la controvertida Directiva de Retorno, una ley que ordena el encarcelamiento en centros especiales de los inmigrantes no regularizados por un período que va desde 6 a 18 meses, sin derecho a un proceso jurídico.
El texto fue aprobado sin las modificaciones que habían planteado los movimientos progresistas con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones y salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista, que no aceptaron ninguna de las enmiendas.
La Directiva de Retorno, que el pasado 5 de junio fue aprobada por los ministros de Interior de los 27 países de la UE, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.
La votación de este miércoles dejó en claro las posiciones divididas en el seno de la Eurocámara en torno a la normativa, que para los grupos conservadores representa un progreso y una manera de salvaguardar los derechos de los inmigrantes, mientras que para los más progresistas supone una desprotección, pues no hay garantías suficientes para los acusados.
En ese sentido, se expresó el eurodiputado comunista italiano Giusto Catania, que calificó el decreto de "vergüenza e insulto a la cultura jurídica de Europa".
Asimismo, la socialista francesa Martine Roure denunció un compromiso muy insatisfactorio con el cual Europa se encierra, mientras el presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró la semana pasada a la medida como una ofensa para los pueblos.
En un artículo publicado por el diario francés Libération, Morales hizo un llamamiento a la conciencia de los dirigentes y diputados europeos, "ciudadanos y militantes de Europa" para que sea rechazada esa iniciativa.
La criticada norma, que afectará principalmente a aquellos inmigrantes que no cumplan con las cada vez más restrictivas y excluyentes leyes, establece, entre otras cosas, que los deportados pueden permanecer privados de su libertad en especie de campos de concentración entre 6 y 18 meses y que después de ser expulsados no podrán pisar el territorio de ninguno de los países de la UE por los cinco años subsiguientes.
Además, la ley ignorará todos los derechos internacionales de los niños y adolescentes, que podrán ser igualmente encerrados sin son capturados y están solos. Todos los afectados serán tratados como criminales y tendrán entre 7 y 30 días para abandonar voluntariamente el país europeo donde se encuentren.
El retorno forzado "puede obligar a los inmigrantes a volver a los países por los que pasaron antes de entrar en territorio europeo incluso si no tienen ningún vínculo con el mismo", destaca la ley.
España en huelga
Contra la directiva de retorno se tienen pautadas varias jornadas de protesta, como la que ocurrirá el 21 de junio en varias ciudades de España, organizada por la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) junto a decenas de movimientos sociales, Organizaciones no Gubernamentales, asociaciones de inmigrantes y organizaciones sindicales.
Y es que en este país europeo, donde anualmente llegan miles de inmigrantes de todas partes del mundo en búsqueda de una vida mejor, ya existen centros de reclusión o
Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
Los CIE, dispersos por toda España, son calificados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Conáfrica, como "verdaderas cárceles donde miles de inmigrantes que no han cometido ningún delito son encerrados únicamente por haber cometido una irregularidad administrativa: no tener la documentación que se les exige para residir y trabajar en nuestro país".
"Actualmente existen en España 10 Centros de Internamiento que han recibido numerosas denuncias por parte de organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo e incluso el Parlamento Europeo, debido a los abusos y la falta de garantías que sufren los inmigrantes que se encuentran detenidos, lo que ha hecho que sean calificados como los `Guantánamos Europeos", reseña el sitio electrónico de esta organización.
