En México crece la oposición hacia la llamada "Iniciativa Mérida", un plan para que Estados Unidos transfiera millones de dólares en tecnología, bajo el argumento de disminuir el crimen organizado y el narcotráfico en ambos países.
La corresponsal de TeleSUR en Ciudad de México, Laura Simón, explicó en su reporte que Estados Unidos sólo entregará los primeros 350 millones de dólares si México acepta, por ejemplo, la supervisión del Departamento de Estado de la nación norteamericana sobre las actuaciones de las fuerzas militares y policíacas mexicanas, en su lucha contra el tráfico de drogas.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier González Garza, cuestionó el plan y se preguntó: "¿Qué hace Estados Unidos para ver su consumo?, para ver cuáles son sus problemas, nos tratan de vigilar a nosotros, y a todos los demás países y nos tratan de certificar, ojalá y no lo aceptemos", sostuvo.
Además, Estados Unidos demanda que tribunales civiles juzguen abusos policíacos y militares en la lucha contra el narcotráfico, pero su actitud provoca desconfianza hasta en las mismas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Por su parte, el miembro del Centro de Derechos Humanos de México, Miguel Agustión Pro, aseguró que la Iniciativa Mérida no resolverá los problemas de seguridad de su país, al igual que el Plan Colombia (aplicado por el Gobierno de Álvaro Uribe) tampoco ha resuelto nada la situación en la nación suramericana.
"Eso no resuelve las cosas porque quien tiene que consolidar las instancias civiles, las instancias ciudadanas, es el país, que lo haga Estados Unidos no resuelve nada, es simplemente lo mismo que ha pasado en Colombia, no es de largo plazo", manifestó.
El general Francisco Gallardo, quien conoce en carne propia los abusos cometidos en los tribunales militares - el mismo estuvo encarcelado 8 años-, advierte que es sólo una actitud de injerencia más impulsada por el Gobierno de Estados Unidos.
"Es una maniobra encubierta de Estados Unidos para entrometerse en los asuntos de orden interno", indicó Gallardo.
El general explicó que si Estados Unidos quisiera evitar los abusos militares y policíacos, simplemente no otorgaría los recursos del plan al gobierno mexicano, porque no se ha castigado ni una sola de las violaciones documentadas y probadas, cometidas por militares.
"Esto sería suficiente para que el congreso estadounidense no aprobara la ayuda de asistencia militar que se da hoy a través del plan México o plan Mérida", puntualizó Gallardo.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) criticó la posible firma de la Iniciativa Mérida, al señalar que afecta la soberanía del país, pues sostuvo que México queda supeditado al Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El titular de la CNDH, José Luis Soberanes, propuso que el tema sea objeto de negociaciones bilaterales entre los gobiernos de México y Estados Unidos, antes de que el plan sea autorizado por el Congreso y el gobierno norteamericano.
"Dicho órgano no tiene competencia para decidir en nuestro país", sentenció Soberanes.
Dijo que una negociación bilateral entre ambos países sobre el contenido de la Iniciativa Mérida o acerca de las propuestas en materia de derechos humanos, debe tomar en cuenta la legislación mexicana y no sólo lo que una de las partes considera oportuna y justa.
